Una aproximación desde el marxismo a la cuestión de la “narcoguerra” en México

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Nota aclaratoria

El presente artículo fue escrito en febrero del 2011 y publicado, en una versión más sintética, en tres entregas en el periódico Estrategia Obrera durante el primer semestre de ese año. Desde entonces, el fenómeno del narcotráfico y la militarización lejos de haber menguado, se ha mantenido y recrudecido. Estados como Veracruz, Monterrey y Jalisco han visto tanto el accionar demencial de los carteles en competencia por las “plazas”, como un incremento del accionar del ejército y la marina mexicana, con el resultado de miles de muertos provenientes en su mayoría de las clases populares y el recorte de las libertades democráticas más elementales. Al mismo tiempo, la asociación entre los distintos carteles y las instituciones y partidos del régimen político, se ha hecho evidente, por ejemplo, en las acusaciones cruzadas por estos en torno a las elecciones del 2011, como vimos en el caso de Michoacán. En vísperas del fin de sexenio y ante las elecciones presidenciales de este año, los distintos candidatos están muy lejos de representar una alternativa y salida de fondo a esta situación que se ha cobrado alrededor de 60,000 muertos. La candidata oficialista declaró que mantendrá lo esencial de la política calderonista. Es de suponer que Peña Nieto, quien ya mostró como gobernador del Estado de México su carácter represor (recordemos San Salvador Atenco) buscará mantener lo esencial de la política de militarización ya que la misma, como planteamos más abajo, es una herramienta fundamental para garantizar el impulso de los planes privatizadores como en Pemex, con el que le dará continuidad a lo hecho por Calderón por ejemplo en Luz y Fuerza, que dicho sea de paso, fue aplaudido por el mexiquense. López Obrador, en tanto ha planteado una “desmilitarización paulatina”, diferenciándose de aquellos y generando ilusiones en miles que están hartos con la presencia de los militares en las calles. Sin embargo para dar una salida de fondo al problema planteado por la “narcoguerra” –consecuencia de la subordinación del país a los EE.UU. en todos los órdenes (incluyendo la seguridad y la política antidrogas) y de las tendencias a la descomposición social que engendra el capitalismo– es necesaria una perspectiva radical; sólo enfrentando a las instituciones del régimen político y al conjunto del sistema capitalista podrán resolverse las demandas del movimiento democrático, acabarse con la brutal opresión que aqueja a millones de trabajadores, campesinos, mujeres y jóvenes en México.

Introducción

Realizar un análisis marxista del fenómeno de los carteles del narcotráfico en México no puede ser efectuado desde una visión meramente periodística; tampoco en términos de criminalidad y seguridad pública, que es el punto de vista liberal o burgués. Partimos de considerar que hay una alarmante carencia de análisis desde la izquierda marxista, y lo nuestro será fundamentalmente una aproximación conceptual y una aportación para ir cerrando la brecha entre el análisis marxista y el fenómeno del narcotráfico.

La expansión del mismo se enmarca en los movimientos más retrógrados de la sociedad actual, tanto en lo que refiere a las tendencias declinantes del capitalismo a nivel internacional, como en cuanto a la descomposición y degradación de las formas de dominación y del mismo estado burgués mexicano.

Esto se expresa en el desarrollo de formas de producción y comercialización de mercancías consideradas “ilegales”, en circuitos en muchos sentidos paralelos a la economía capitalista “legal”, a la vez que se articulan con ésta mediante los multimillonarios flujos financieros del lavado de dinero, asociándose con la burguesía tradicional. Surgen así, bajo la forma de carteles del narcotráfico, concentraciones financieras y sectores dominantes en esta área, ubicada “en los límites” de la economía capitalista, que disputan –para mantenerse y reproducirse–, el monopolio de la violencia estatal.

El ascenso de esta actividad económica “ilegal” orientada hacia el mercado estadounidense así como su imbricación y asociación con distintas instancias del poder político, judicial y las Fuerzas Armadas, asumió una dinámica que evidenció la descomposición del estado. Esto se mostró en la emergencia de zonas controladas por los carteles del narcotráfico, en las que ejercen un poder paralelo al estado, mediante el cobro de impuestos de “protección” y fuerzas paramilitares que superan a las fuerzas locales del estado y rivalizan con las federales. Es importante destacar que las actividades que realizan los carteles no se circunscriben solamente al tráfico de drogas, sino que incluye secuestros, robos, violaciones y trata de mujeres, entre otras.

A la emergencia de un poder económico “ilegal” y de su control territorial (que algunos llaman “narco estado”) debe incorporarse la dimensión social de la descomposición capitalista y su impacto sobre los sectores populares. El reclutamiento de jóvenes provenientes de los mismos no puede escindirse –salvo en el criminalizador discurso oficial– de las condiciones de desempleo, falta de acceso a un oficio, educación y cultura que sufre la juventud y que ha recrudecido en los últimos sexenios priistas y panistas. Las secuelas de la descomposición capitalista se expresan en la incorporación de muchos jóvenes a los carteles, en tanto la degradación de las formas “democráticas” se evidencia en la militarización y en la impunidad de las fuerzas represivas. La discusión sobre el narcotráfico y el conjunto de sus dimensiones (en las que a continuación incursionamos) tiene gran importancia para la clase obrera; ya que es desde la acción de ésta –en lucha contra el sistema capitalista y sus secuelas de degradación, opresión y explotación–, que se podrá dar una salida en función de los intereses de las grandes mayorías explotadas y oprimidas.

I. La subordinación política, militar y diplomática a los EE.UU.

En la cuestión del narcotráfico y en la política de los últimos gobiernos frente al mismo, se muestra la subordinación creciente al imperialismo norteamericano no sólo en la esfera económica, sino también en la política, militar y diplomática.

Como desarrollan distintos analistas e investigadores, la militarización de la lucha contra el narco iniciada por los gobiernos priistas desde fines de los años `70 (1) y recrudecida por las recientes administraciones panistas, respondió directamente a los dictados de Washington, que puso al tráfico de drogas como uno de sus grandes “enemigos públicos”, profundizando la política prohibicionista que en México se implementó desde la tercera década del siglo XX, en concordancia con las líneas directrices entonces emanadas de Estados Unidos (2). De hecho, si entre las primeras medidas propuestas demagógicamente por Vicente Fox y su equipo de transición en julio del 2000 estuvieron “no considerar al tráfico de drogas como un asunto de seguridad nacional, sino de salud pública, y retirar al ejército de la lucha antidrogas” (3) esto fue rápidamente cambiado a partir del viaje del zar antidrogas Barry McCaffrey a México en ese mismo año, tras lo cual el nuevo gobierno panista mantuvo y profundizó el curso de sus predecesores.

La subordinación a los EE. UU. se evidencia en la injerencia que la agencia antidroga (DEA) y la CIA tienen, dictando la política del gobierno federal contra el narcotráfico, utilizando las formas de extradición para encarcelar o realizar pactos con los narcos (mediante los mecanismos de “testigos protegidos”), y estableciendo relaciones con los capos de acuerdo a sus intereses. Asimismo, se manifiesta en la Iniciativa Mérida, en la participación en maniobras militares conjuntas con EE. UU. y en el accionar cotidiano de las Fuerzas Armadas, que responden a los dictados de Washington y son monitoreados constantemente por la embajada yanqui y las agencias de inteligencia –como muestran los cables “secretos” puestos al descubierto por Wikileaks–.

La dominación ejercida por EE.UU. respecto a México se expresó también en la relación entre el gobierno estadounidense y el “crimen organizado”. Por ejemplo, durante los `80, los narcos colombianos y mexicanos fueron utilizados por Washington para hacer llegar recursos a la contra nicaragüense, después de los escándalos de la llamada conexión Irán-contras. Millonarios “donativos” eran entregados por los narcos a la reaccionaria fuerza paramilitar nicaragüense que luchaba contra el gobierno sandinista, a cambio de tener “luz verde” para ingresar sus cargamentos de cocaína, heroína y marihuana al territorio norteamericano, una transacción organizada directamente por la CIA (4). Así ascendió la estrella de capos colombianos como Pablo Escobar Gaviria, o el llamado “Cartel de Guadalajara” (hoy de Sinaloa) liderado por Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, quienes en ese entonces actuaban como intermediarios de los sudamericanos. Esto era un ejemplo de que, más allá del discurso de EE. UU. que presentaba al narcotráfico como su “enemigo público”, existía una peculiar asociación económica entre el gobierno estadounidense y los señores del narco.

Es indudable que la política estadounidense prohibicionista fue lo que más favoreció –como lo hizo en su momento la Ley Seca respecto a la mafia– el desarrollo de los “carteles” y su penetración en territorio norteamericano. En ese sentido, la “lucha contra el narcotráfico” proclamada por EE. UU., lejos de tener una finalidad “sanitaria”, responde a objetivos en el terreno de la política interior y exterior. En lo externo, es parte de un plan estratégico para fortalecerlo como hegemón en América Latina (en el cual dos de sus ejes principales son Colombia y México), disciplinando a los países semicoloniales y justificando bajo el manto de la “salud pública”, acciones injerencistas militares, diplomáticas y políticas al sur del Rio Bravo. Las pretendidas asociaciones entre “narco” y “terrorismo”, los llamados a enfrentar los “peligros a la seguridad nacional” de los EE. UU., la utilización de mecanismos de chantaje como la certificación, así como el ímpetu puesto en dictar los términos de la lucha contra el narcotráfico en México, su patio trasero, son parte de esta política.

En el terreno interno, EE. UU. busca fortalecer a las distintas administraciones ante un tema sensible a su propia opinión pública: el aumento del uso de narcóticos en su territorio y la extensión de las redes de distribución de los carteles mexicanos y colombianos. Pretende controlar la incidencia de éstos en su territorio, fomentando además la xenofobia y la criminalización de los inmigrantes latinoamericanos.

Más específicamente y frente a los barones del narco mexicano, Washington apunta a establecer “reglas de juego” y acotar el poder creciente de aquellos a ambos lados de la frontera. En ese sentido, el fuerte impulso a la militarización en nuestro país es el mecanismo impulsado para disciplinar a las distintas facciones del narco y mantener –de este lado de la frontera–, la inestabilidad generada por el crecimiento de los carteles y sus disputas internas, evitando que las consecuencias de la “narcoguerra” lleguen a territorio norteamericano. No son pocos los especialistas que sostienen que lo que se preferiría en Estados Unidos es tener un solo “interlocutor” (es decir un solo emporio narco) para frenar la inestabilidad creciente provocada en la situación política y social mexicana, unida por múltiples lazos (migratorios, sociales, políticos y económicos) a Estados Unidos.

La política de EE. UU. –que algunos resumen como “establecer reglas de juego” – obedece también al carácter específico de los carteles. No se trata de facciones “tradicionales” de las burguesías nativas, con las cuales se pueda utilizar las reglas de la política convencional para subordinarlas. Son grupos que –aunque se mueven por la “sed de la ganancia”–, tienen una gran inestabilidad derivada de su actividad, considerada “delictiva” por la legislación burguesa. Estos carteles expresan la descomposición de la sociedad capitalista, y dependen para su mantenimiento y expansión, de la negociación/confrontación armada con sus rivales y las fuerzas estatales.

II. Las transformaciones en el narco mexicano

La existencia del trafico de drogas ilegales en México, como es sabido ampliamente, es anterior a la presente “narco guerra” que ha provocado alrededor de 50,000 muertos en los últimos 10 años, y se remonta a las primeras décadas del siglo XX. Después de la segunda posguerra, México fue plataforma privilegiada para el tránsito hacia EE. UU. de la droga proveniente de Sudamérica, gracias a la amplia frontera norte y a sus extensas costas y puntos propicios para las pistas aéreas. A la vez, la producción autóctona de amapola y marihuana en estados como Sinaloa propiciaba el desarrollo de redes de narcotraficantes que la comercializaban en el vecino del norte, siendo la “exportación” el principal destino de estas cosechas. Con un perfil bastante bajo (6), las redes de narcotraficantes existentes tanto en la franja noroccidental como nororiental del país (el Pacífico y el Golfo), estaban ampliamente coludidas con las fuerzas policiales y militares, las cuales recibían una participación claramente establecida por cada kilo de droga ilegal que era transportada; gracias al favor de los gobiernos y las instituciones mexicanas, así como al pacto establecido de hecho con la CIA en los `80, florecieron ampliamente durante esa década.

En los años siguientes distintas transformaciones se dieron en el narco mexicano. Por una parte, asumió un poder ascendente respecto a los carteles colombianos. Esto se expresó tanto en los arreglos económicos establecidos –donde su anterior rol de meros intermediarios dejó paso a una especie de “sociedad” con los sudamericanos– como en el peso creciente de sus redes de distribución y narcomenudeo al interior de los Estados Unidos, desplazando paulatinamente a las redes colombianas y de otros países. En particular el cartel de Sinaloa fue considerado en los años previos, por las agencias especializadas estadounidenses, como el grupo narcotraficante más poderoso del mundo, con amplias ramificaciones en numerosos países.

La vinculación con el aparato policiaco-militar, las distintas dependencias del estado mexicano y los partidos políticos y gobiernos de distinto nivel también se modificó. Los acuerdos del pasado, que implicaban el pago de una cuota establecida y a niveles muy definidos en la estructura estatal, fue alterado por una compra descontrolada de favores y complicidades, la cual fue penetrando de forma más amplia y profunda las redes policiales, militares y políticas del estado mexicano. Distintos investigadores periodísticos consideran un elemento importante el que, en el pasado, los narcos aparecían como relativamente dependientes y subordinados a los oficiales y funcionarios que “permitían” –a cambio de un porcentaje determinado– su accionar. Desde los años ´90 y en particular en primera década del siglo XXI, los señores del narco “avanzaron” sobre las instituciones estatales, teniendo a su servicio no sólo a agentes policiales y militares (como “informantes”, sicarios y guardias personales), sino también a funcionarios de alto nivel del sistema penitenciario o de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), así como a gobernadores, jefes municipales y –según distintos investigadores y analistas– coludidos con el más alto nivel de la residencia de Los Pinos. Un ejemplo sonado de ello fue la fuga de Joaquín Chapo Guzmán Loera del penal de máxima seguridad de Puente Grande, quien salió vestido de policía por la puerta principal y con la complicidad de la plana mayor del sistema penitenciario; pero también los casos denunciados donde personal de la máxima confianza de Genaro García Luna (jefe de la SSP) está sindicado como parte de las bandas de secuestradores asociadas con las células del Cartel de Sinaloa. No estamos hablando entonces de una “infiltración”, sino de una verdadera asociación para garantizar el tráfico de estupefacientes a los EE.UU. Si bien las características de esta “relación” tanto en los ´80 como en la actualidad muestran distintos grados de la penetración del narcotráfico en el estado, el salto es evidente y enseña la crisis y descomposición creciente en el estado mexicano, cuestión en la que más adelante nos detendremos.

Esta asociación es lo que ha permitido la expansión de los carteles del narcotráfico y a partir de ello se ha desatado la actual “narco guerra”. Independientemente del favoritismo que podrían tener las distintas administraciones federales por tal o cual cartel, no puede concebirse la expansión de las redes de abastecimiento y de transportación (como las que operarían en los principales aeropuertos de México), el mantenimiento de flotas aéreas que son propiedad de testaferros de los señores del narcotráfico, o la existencia de múltiples mecanismos para la “legalización” y el “blanqueo” de capitales, sin la actuación de los poderes institucionales del estado mexicano. Sin embargo, se trata no de la relación tersa y armónica de unos simples “socios” de negocios, sino de una verdadera asociación delictuosa con todo el rastro de sangre y plomo que ello implica.

El crecimiento y avance del narco mexicano implicó una creciente disputa entre los distintos grupos. La relativa “coexistencia pacífica” del pasado dejó paso a una confrontación por las distintas plazas y rutas entre los carteles emergentes; los “concilios” y acuerdos celebrados entre los capos fueron quebrados una y otra vez, arrastrando en la espiral de violencia no sólo a los sicarios de los distintos grupos, sino a sus “socios” en las distintas instancias policiales, militares y políticas, vinculados a unos u otros de los bandos beligerantes, y considerados como “blancos” por los grupos adversarios. Esto se profundizó ante el hecho de que, en determinados momentos, el accionar de las fuerzas estatales han favorecido a carteles determinados respecto a otros, como es el caso del Chapo Guzmán, lo cual ha desencadenado una espiral de violencia por parte de los otros grupos, como los Zetas.

III. Descomposición del estado y cambio de régimen político

El proceso de “transición a la democracia” implicó un cambio del viejo priato al “régimen de la alternancia”, con un mayor peso de formas democráticas-burguesas expresado por ejemplo en el rol del Congreso de la Unión, y su articulación con el viejo bonapartismo encarnado en el peso de la figura presidencial. La “alternancia” y la pérdida de la presidencia por parte del PRI en el año 2000, acarreó no sólo un mayor peso de la oposición burguesa en las instituciones, sino también una relativa fragmentación del poder político así como la ruptura del monolitismo que caracterizó al antiguo régimen de partido-estado (el priato), evidenciado en la mayor importancia de los gobernadores, predominantemente adscritos al priismo.

En las décadas previas la asociación entre los carteles e instituciones asumía una forma más claramente “reglamentada”, que respondía a la existencia de un régimen bonapartista con fuerte dominio político y militar. Las transformaciones en el sistema político –que implicaron la ya citada fragmentación respecto al viejo bonapartismo– son el contexto en el que se da el ascenso del poder de los carteles; enmarcan la asociación como las estructuras del estado mexicano y las formas que asume (7).

La llamada “infiltración” del estado –que tiene el carácter de una verdadera “asociación”–, la corrupción y la adopción de prácticas que la misma legislación burguesa ubica en el terreno de la “ilegalidad”, así como el proceso de militarización en curso, echan por tierra cualquier consideración de que México accedió a una “mayor democracia” en el año 2000. Lejos de ello, expresa el carácter profundamente degradado de la democracia burguesa mexicana, de la continuidad de las viejas prácticas del bonapartismo, y de su agravamiento y profundización, arrastrando así una creciente pérdida de legitimidad a los ojos de las más amplias masas.

Pero no sólo enseña las miserias del régimen político, sino que evidencia la profunda descomposición que corroe al estado burgués semicolonial. Esta descomposición es resultado también del aumento de la subordinación a los dictados del imperialismo estadounidense en el terreno político y militar, expresado tanto en la militarización como en la continuidad de la política prohibicionista. Y es que esa subordinación –que como escribimos antes, condujo en los años ‘80 al crecimiento del poder de los señores del narco– es la base de la coexistencia y asociación del estado mexicano con el narcotráfico. La corrupción que corroe a las instituciones militares y políticas –donde militares y políticos se evidencian como verdaderos socios del narcotráfico– expresa la descomposición de las mismas, que ya no pueden ni siquiera mantener la apariencia de ser los pilares del estado burgués y los defensores de la legalidad. La consecuencia de este proceso que presentamos, es que las instituciones del estado son parte de la guerra entre carteles, no como “salvaguarda del estado de derecho”–como lo proclaman los discursos presidenciales–, sino como parte interesada en el negocio, perdiendo capacidad de control territorial y minando así el principio del estado burgués que es el “monopolio de la violencia”. A la pregunta que se formularon muchos periodistas estos últimos años “¿El estado donde está?”, la respuesta es que el estado, a distintos niveles y a través de miles de sus funcionarios está asociado a los diversos carteles adversarios y ésa es la base de su implicación y participación en la “narcoguerra”.

IV. Militarización y “guerra contra el narcotráfico”

La “guerra contra el narcotráfico” no es entonces un intento por “restablecer el estado de derecho” ni busca el “interés de los ciudadanos”. La militarización creciente es una estrategia gubernamental que tiene varios objetivos políticos, militares y sociales.

Por una parte, es la forma de participar en la sangrienta guerra entre carteles, como respuesta “de contragolpe” al hecho de que los militares y políticos coludidos con determinadas facciones de narcotraficantes sufren los embates (ejecuciones, narcomantas, secuestros, etcétera) de las facciones contrarias. Las muertes por el narcotráfico entre los funcionarios públicos son el resultado de esta salvaje guerra entre carteles y de la incorporación de sectores del propio estado al negocio del tráfico ilegal de estupefacientes.

Es también una respuesta para disciplinar y limitar el descontrol de sangre y fuego desatado por los narcotraficantes, que como resultado de su carácter lumpen y delincuencial, responden a cada agresión de sus adversarios con un espiral de violencia, utilizando para ello los servicios de sicarios –en muchos casos provenientes de los grupos especiales del ejército mexicano, de los kaibiles guatemaltecos o de bandas centroamericanas como las maras salvatruchas– que hacen uso de acciones de terror propagandístico, como el desmembramiento de cuerpos, las decapitaciones, etcétera. Los casos más sonados son los Zetas (8) y la banda de Edgar “la Barbie” Villarreal, que rivalizaban en cuanto al salvajismo demencial puesto en práctica, los que después terminaron asociándose coyunturalmente y finalmente volvieron a enfrentarse. El Ejército Mexicano ha utilizado métodos similares de carácter “propagandístico” como el escarnio público al cadáver del conocido narco “Barbas” Beltrán Leyva, cuyo cuerpo destrozado por las balas expansivas fue exhibido cubierto de billetes. Distintos periodistas e investigadores sostienen que la acción militar del estado persigue no sólo el objetivo de disciplinar, sino también de favorecer a un sector –concretamente la Federación o Cartel de Sinaloa, liderada por Chapo Guzmán– y aniquilar a sus enemigos.

En ese sentido, la mencionada “asociación” no es una sociedad “pacífica”, armónica ni permanente. Es profundamente compleja, y puede cambiar en función de las alineaciones y las confrontaciones existentes entre los cárteles, y también puede ser violentada por la acción de distintos sectores del propio estado. A lo largo de las últimas décadas, numerosos cárteles y “capos” gozaron de los privilegios del favor del estado, para luego ser perseguidos por el mismo. El hundimiento de los Beltrán Leyva es una muestra de ello: cuando comenzaron a ser competencia para el cartel de Sinaloa, se convirtieron rápidamente en “prioridad estratégica 1” para los servicios de inteligencia. De igual forma, los rumores que circulan en torno a la muerte de Juan Camilo Mouriño muestran en sí mismos –más allá de cuanto tengan de verdad– el carácter de la escalada de confrontación armada y lo que no podía ser ni siquiera pensado bajo el viejo priato: la posibilidad de que el Secretario de Gobernación y “delfín” presidencial haya sufrido un atentado (9). Sin hacernos eco de los rumores en torno a este hecho, la sola suposición –que realizan periodistas supuestamente documentados–, de que en el mismo puedan estar involucrados sectores del narco, es una muestra de hasta adonde podría llegar las consecuencias de la vinculación entre los barones del narcotráfico y las instancias gubernamentales y de la ruptura de los acuerdos previos.

La militarización tiene también un objetivo claro y evidente en relación al movimiento de masas, con el fin de atemorizar a los trabajadores y el pueblo, cercenar las libertades democráticas más elementales –generando en entidades enteras un verdadero estado de sitio–, y preparar las condiciones para la persecución, el aislamiento y el asesinato de luchadores sociales y de derechos humanos, así como de verdaderos juvenicidios y feminicidios, sembrando además sobre las víctimas de los mismos la calumnia de supuestas vinculaciones con el “crimen organizado”. La militarización golpea duramente sobre los trabajadores y el pueblo, y siembra un manto de terror que actúa contra cualquier intento de defender sus derechos más elementales, generando una situación abiertamente reaccionaria, cuando menos en las entidades más marcadas por este proceso (como el noroeste, el noreste y estados del centro del país), e intenta preparar las condiciones para establecer condiciones similares en los estados del centro y del sur del país. Aquellos se ven envueltos en el fuego cruzado entre los distintos carteles del narcotráfico y las fuerzas estatales, con la consecuencia de muertos y desaparecidos. Son víctimas de secuestros, violaciones y levantones, sea con el fin de obtener rescates, o de obligarlos compulsivamente a realizar distintas actividades vinculadas al narcotráfico. El ejemplo más sonado de esto ha sido el secuestro de migrantes centro y sudamericanos, realizados por bandas de narcotraficantes asociados con los agentes migratorios mexicanos. La dimensión de la muerte ha llegado al punto que se ha acuñado un nuevo término (juvenicidios) para describir los asesinatos de jóvenes que se han dado en determinados momentos de la “narco guerra”, y que activistas democráticos y derechos humanos han sido perseguidos y asesinados tanto por los narcotraficantes como por los militares, como es el caso de Maricela Escobedo o los jóvenes y universitarios activistas de Ciudad Juárez. La militarización significó un recorte sistemático de las libertades democráticas, con cientos de asesinados a manos del ejército, restricción al tránsito y la movilidad (como los retenes), generalización de las extorsiones a cualquier ciudadano, etcétera. Al cobijo de la misma crecen los feminicidios y los juvenicidios. Como denunciaron valerosamente organizaciones de Ciudad Juárez y otros puntos del país, la militarización también sirve para evitar la movilización y acción de las organizaciones democráticas, obreras y populares, y es claramente funcional a garantizar la explotación, opresión y miseria de las masas mexicanas, y ponerlas indefensas ante las extorsiones y la violencia de narcos y militares.

V. Sobre los carteles del narcotráfico

En la introducción hemos planteado algunas cuestiones generales; sin embargo, hay que precisar e intentar aproximarnos a las siguientes preguntas: ¿se inscribe la actividad del tráfico ilegal de drogas en una lógica capitalista? ¿Cuál es el carácter de clase de los “dueños” y del “personal jerárquico” de los mismos? ¿Cuál es su relación con el conjunto de la economía capitalista?

Distintos analistas del fenómeno del narcotráfico destacan que la actividad de los carteles se mueve por una búsqueda de la ganancia, inscrita en las tendencias generales de la sociedad capitalista; que los mismos cuentan con una organización vertical similar a la de una empresa capitalista; y que las drogas ilegales, en el circuito de producción y comercialización de los cárteles, pueden considerarse una mercancía (es decir que tiene un valor de cambio). Según el especialista Edgardo Buscaglia, en el negocio del narcotráfico mexicano participan 500,000 personas: 300,000 en la producción, 150,000 en puestos operativos, y 50,000 bajo la definición de “mandos” (10). El tráfico de drogas sería parte de una economía “ilegal” o “criminal” cuyas enormes masas dinerarias acumuladas se volcarían a la economía “legal” a través de la bolsa e inversiones en distintas empresas.

Profundizando en la especificidad del narcotráfico, una primera consideración es que los carteles descansan sobre varias actividades económicas consideradas “ilegales”. Esas actividades son, en primer lugar, la intermediación de la droga recibida desde Sudamérica y su introducción y comercialización, fundamentalmente en los Estados Unidos. Junto a ello, la producción (o en su defecto la compra a los campesinos) de estupefacientes, su procesamiento y su distribución y comercialización en México y hacia EE.UU., el principal mercado. Éstas son las actividades centrales de los carteles. Como hemos planteado, estas actividades se complementan, por ejemplo, con el desfalco, los secuestros y extorsiones.

Aunado a ello, en la medida que se expanden sus ingresos, han incursionado en la “economía legal”, fundamentalmente con el objetivo de “lavar” el dinero, a través de mecanismos financieros, suministrando capitales para empresarios “legalmente constituidos”, y –en algunos casos– adquiriendo empresas mediante prestanombres. Efectivamente, mecanismos de apropiación de la plusvalía pueden encontrarse en la explotación de la fuerza de trabajo agraria, en tanto que se obtienen ganancias extraordinarias en el circuito mercantil, que va desde la compra del producto a los campesinos hasta su intermediación y comercialización; todo lo cual va acompañado de mecanismos de coerción extraeconómica sobre los productores agrarios.

Aunque las drogas ilegales pueden ser consideradas como mercancías, hay que tener en cuenta que su elevado valor de cambio depende de las políticas prohibicionistas así como de la capacidad de los carteles para establecer un monopolio en la producción y el intercambio.

Entonces, podemos definir que la búsqueda de ganancia es el motor de su actividad, existe explotación de la fuerza de trabajo y apropiación de plusvalía (en determinado punto de la actividad económica) así como la obtención de ganancias extraordinarias, que deriva en enormes concentraciones económicas y en un vuelco de grandes sumas monetarias a los circuitos financieros de la economía capitalista.

Estamos entonces ante mecanismos que pueden ser considerados como característicos de una fracción burguesa; pero junto a ello es fundamental considerar su funcionamiento atípico respecto a la burguesía “tradicional”, y en particular el hecho de que sus ganancias extraordinarias emanan de una actividad ilegal, parasitaria y marginal, que le marca profundos límites a su estabilidad estructural como sector económicamente propietario.

Lo “ilegal” de la actividad económica pone a las enormes ganancias producidas por el narcotráfico ante el eventual riesgo de ser decomisadas por parte del estado y pone en peligro la misma existencia de los integrantes de los carteles, que pueden terminar muertos o en la cárcel si se rompe su alianza con los funcionarios estatales. Esto limita la posibilidad de continuidad de la “empresa” y el ejercicio del derecho de herencia, lo cual está sujeto a que logren evitar la aplicación de la legislación burguesa y cuenten con la participación y complicidad de los jueces y magistrados. La permanencia del poder económico de los narcotraficantes depende directamente de mantener el favor de las instituciones del estado. Por ende, no goza de la “legalidad” con la que cuentan los capitalistas clásicos y de su “derecho de propiedad”.

VI. ¿Un “narcoestado”?

La emergencia del narco ha implicado una competencia, respecto a las estructuras estatales, especialmente en el norte del país, con un poder paramilitar que cuestiona el monopolio de la violencia estatal, mecanismos compulsivos de “recaudación” y compra de políticos, policías y magistrados. ¿Estamos ante una suerte de dualidad de poderes, que dará lugar a un “narco-estado”? Como límite a esta definición, hay que considerar que, más que una voluntad para disputar la hegemonía del estado, lo que hay es un aprovechamiento de la ya mencionada descomposición del estado burgués, para montar una estructura paralela en términos militares y de redes mafiosas con múltiples ramificaciones en la estructura social. Esta suerte de poder “paralelo” que crece en la descomposición del viejo estado, es profundamente reaccionario y opresivo, basado en la coerción sobre la población.

VII. Sobre el carácter social de los carteles

Considerando otro aspecto social del narcotráfico, los carteles son un fenómeno claramente reaccionario. El cobro compulsivo de “impuestos”, las narcofosas, los miles de secuestros, las violaciones y asesinatos, la coerción que ejercen sobre los campesinos cultivadores, testimonian la brutal opresión que ejercen sobre la población. Los narcotraficantes son verdaderas bandas paramilitares, que en ocasiones han sido fuerza de choque contra organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Ante nuevas luchas obreras y sociales, los sicarios pueden ser utilizados por el estado y el ejército en una escala mayor. Allí está el asesinato de Maricela Escobedo y su hija, donde se presume que el asesinato de la luchadora democrática fue obra de las bandas vinculadas al narcotráfico.

Junto a ello, el reclutamiento de jóvenes significa la lumpenizacion y desclasamiento de los mismos, incorporados a bandas delincuenciales cuyo único objetivo es garantizar el territorio y las ganancias a su respectivo cartel, sembrando el terror sobre la población; al mismo tiempo, esos jóvenes atraídos por los carteles, se convierten en la “carne de cañón” de la narcoguerra.

La barbarie ha tenido sus puntos más altos en los juvenicidios y feminicidios, en la masacre de jóvenes como en Villa de Salvacar y en el caso de Juan Francisco Sicilia y sus amigos, en la adopción de salvajes métodos de tortura, y en las narcofosas descubiertas los últimos meses en varios estados del norte. El secuestro y salvaje asesinato de centenares de trabajadores y jóvenes arrancados de sus casas y autobuses en los que se transportaban (muchos de ellos migrantes centro y sudamericanos), evidencia la utilización de métodos de terror dirigidos ya no solamente a los carteles adversarios, sino fundamentalmente al conjunto de los sectores populares, para amedrentarlos y sumirlos en el terror de la indefensión y la inacción. Tiene así un resultado similar al que busca la militarización ordenada por el gobierno y las instituciones del estado.

La expansión del narcotráfico expresa la creciente descomposición del capitalismo mexicano y la crisis social que éste provoca. Su legado de pobreza, miseria y cierre de oportunidades para la juventud, deriva en la expansión de las redes sociales de los carteles. Desde los campesinos que se ven obligados a enviar a sus hijos a la producción de amapola y marihuana (con la muerte de muchos niños a causa de los químicos utilizados), hasta los jóvenes que se incorporan al narcomenudeo. También en la intensificación de la violencia y la utilización de métodos cada vez más bestiales, se ve el resultado de este sistema capitalista y que el mismo no sólo tiene para dar explotación, opresión y miseria, sino también una espiral de violencia degradante.

VIII. Frente a la militarización y el narcotráfico

Ante esta situación y sus terribles consecuencias sobre los trabajadores, campesinos y la juventud, es necesaria una perspectiva alternativa a la que llevan adelante el gobierno y los partidos patronales. En primer lugar, hay que impulsar la legalización de las drogas, contra la penalización, la intervención policial o judicial y la criminalización al consumo de las mismas, y por la libertad a los detenidos por tenencia (muchos bajo el cargo de “tráfico”), la mayoría jóvenes provenientes de los sectores populares.

Esta medida, opuesta al prohibicionismo imperante, pondría en cuestión las ganancias extraordinarias obtenidas por los cárteles a través de la distribución ilegal en el territorio nacional –y de lo que se benefician miles de “funcionarios públicos”–, y el dominio que los mismos ejercen sobre amplios sectores de la juventud. Es incorrecto considerar que esto incentivaría el consumo de drogas, las cuales puede conseguirlas quien quiera consumirlas; por el contrario, el prohibicionismo permite adulterarlas (para aumentar las ganancias de los cárteles). La legalización eliminaría el incentivo que hoy existe para la comercialización de las llamadas drogas prohibidas en México.

En el caso de las drogas cuyos efectos pueden ser consideradas como “daño irreversible a la salud”, una cuestión elemental es exigir que el estado garantice los servicios médicos gratuitos para la atención de los consumidores. Esto debe ir acompañado por atacar los mecanismos financieros que permiten el blanqueo de capitales, y a los capitalistas asociados con los señores del narco, expropiando y nacionalizando todas sus propiedades y sus cuentas bancarias.

Ya que la actividad de los cárteles del narcotráfico en México se orienta en gran medida hacia los Estados Unidos, es fundamental que enlazar esta perspectiva con la acción de las organizaciones obreras y populares de aquel país, que deberían sostener demandas que enfrenten la prohibición y por la legalización de las drogas, lo cual afectaría el negocio regional de los cárteles.

La complicidad de las estructuras gubernamentales, policíacas y judiciales con las distintas facciones de narcos, y la militarización y violación de las libertades democráticas, muestra que la salida no vendrá de las autoridades ni del estado. Es necesario impulsar un gran movimiento nacional contra la militarización, independiente de las instituciones y que confíe sólo en la movilización, basado en las organizaciones democráticas, de derechos humanos, y de familiares de las víctimas, junto a los sindicatos y organizaciones populares y juveniles.

Frente a los carteles y sus fuerzas paramilitares, y frente a la militarización creciente, la única salida para preservar la integridad de los trabajadores, la juventud y el pueblo es la organización de comités de autodefensa, a partir de las organizaciones obreras, estudiantiles y populares, a la vez que impulsar la disolución de las fuerzas represivas responsables de la militarización y la cosecha de muerte en México, el juicio y castigo a los funcionarios públicos asociados con los cárteles del narcotráfico y de todos aquellos involucrados –material e intelectualmente– en la persecución y asesinato de luchadores sociales y democráticos, jóvenes, mujeres, y trabajadores. Hay que ir más allá de las campañas por “no más violencia”; aunque las mismas puedan expresar un sentimiento progresivo contra la militarización, son impotentes para garantizar la defensa de los trabajadores, la juventud y el pueblo, y enfrentan el peligro de ser cooptadas e integradas a políticas reaccionarias de “mayor seguridad” a cargo de las instituciones de esta “democracia para ricos”.

Es necesario que se hagan parte de esta lucha el conjunto de los trabajadores y sus aliados del campo y la ciudad, con un programa que enfrente a las instituciones y partidos responsables ya no sólo de la explotación y la miseria capitalista, sino también de esta narcoguerra con su secuela de más de 50 mil muertos en 6 años. Ante este reaccionario fenómeno engendrado por la dominación capitalista, la única salida de fondo sólo puede ser garantizada por un gobierno obrero y campesino, que liquide la vieja maquinaria estatal, que ataque y liquide el poder de los señores del narco, y que a partir de la expropiación de los expropiadores reorganice el país sobre la base de una planificación democrática de la economía y el conjunto de la vida social.

Notas:

(1) Por ejemplo en la Operación Cóndor se movilizaron 10,000 efectivos militares para la quema de plantíos, en Luis Astorga, Seguridad, traficantes y militares / El poder y la sombra, Tusquets, México, 2007, p. 58.

(2) Ver Luis Astorga, op.cit., p. 15 y ss. Sobre este punto, también Diego Enrique Osorno, El cártel de Sinaloa / Una historia del uso político del narco, Random House Mondadori, México, 2010.

(3) Luis Astorga, op.cit., p.60.

(4) Según documenta Anabel Hernández en Los señores del narco, Random House Mondadori, México, 2010.

(5) Por ejemplo, el presidente Ronald Reagan definió al tráfico de drogas como una amenaza para la seguridad nacional, en la National Security Decision Directive 221 del año 1986 en Luis Astorga, op.cit., p.19.

(6) Por lo menos hasta 1985 cuando se dio el secuestro y asesinato en Guadalajara del agente de la DEA, Enrique Macarena, que derivó en la captura posterior de los capos Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo.

(7) Como testimonio de esta asociación se calcula que un tercio de los integrantes de los distintos carteles que han sido detenidos son ex militares y ex policías. Según los propios datos presentados en un estudio de la Cámara de Senadores, retomando la evaluación realizada por Edgardo Buscaglia “poco más de 63% de las 2 mil 440 alcaldías ´están infiltradas´ por sus células operativas, y de éstas, 8% ´están totalmente bajo el control del narcotráfico´”, en http://www.diarioavanzada.com.mx/noticia.php?id=43402 del 8/9/2010 (consultado el 10/6/2011).

(8) Inicialmente militares desertores de la fuerza contrainsurgente Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, reclutados como sicarios por el Cartel del Golfo que luego se “independizaron” y que se han reproducido como los hongos en la lluvia, reclutando jóvenes a los cuales entrenan.

(9) Según esas versiones periodísticas, habría sufrido un atentado ordenado por el Mayo Zambada (socio de Guzmán Loera) en respuesta a una descoordinación entre las fuerzas militares que terminó con el encarcelamiento del hermano de aquel y la “violación” del supuesto acuerdo entre el cartel de Sinaloa y los altos funcionarios de la SSP. Otras versiones hablan de que Mouriño era el encargado de la negociación y venta de plazas, y su muerte habría sido el resultado de algún cartel disgustado por sus decisiones.

(10) En http://economia.terra.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200903201745_INF_443079 (consultado 1 de febrero de 2011).

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