Los senderos de la revolución

Ensayo publicado en el libro México en llamas. Interpretaciones marxistas de la revolución, 2010, Ed.Armas de la crítica.

mexicoenllamasEl objetivo del presente ensayo es realizar una interpretación del proceso revolucionario iniciado en 1910, basándonos para ello en distintos trabajos historiográficos publicados en las últimas décadas. Presentaremos una periodización de la Revolución Mexicana con la intención de mostrar que la misma estuvo caracterizada por un claro antagonismo de clase, el cual tendió a cuestionar las bases del joven y atrasado capitalismo mexicano, y que no se detuvo en la consecución de reformas en el régimen político. Para establecer esta periodización utilizaremos como criterios la dinámica, los rasgos centrales y las acciones principales de la lucha de clases, así como la correlación de fuerzas que se estableció en sus distintos momentos.

El antagonismo de clase y la dinámica de la Revolución Mexicana

Partimos de considerar que la Revolución Mexicana estuvo determinada por el conflicto entre las clases de la sociedad de aquel entonces y que, si no adoptamos esa perspectiva, difícilmente pueden comprenderse las transformaciones institucionales y el curso de los acontecimientos políticos y militares. Si la noción de revolución en la teoría marxista supone la intensificación del antagonismo de clase y el trastocamiento del orden establecido; y si su expresión aguda bajo el capitalismo incluye las huelgas, los golpes de la reacción y las insurrecciones, hay que decir que en el caso que nos ocupa adoptó una forma distintiva y particular: la emergencia de grandes ejércitos nutridos por amplios sectores de las masas, confrontados en una guerra civil. Esta diferencia notoria respecto a las características de las revoluciones clásicas ocurridas en el siglo XX (1) no puede oscurecer la definición de la Revolución Mexicana. El enfrentamiento militar expresó, de forma concentrada y aguda, las confrontaciones entre las clases actuantes, entre sus programas y sus perspectivas en el México de entonces, y ése es uno de los puntos centrales que recorre nuestra interpretación. Aunque sin duda la destreza en la táctica militar, aunado a ese factor tan complejo que es el azar, tienen un lugar clave en la historia de la Revolución y actuaron en la contienda, las causas profundas del resultado del proceso iniciado en 1910 no hay que buscarlas allí, sino en la dinámica de la relación de fuerzas entre las clases y en la solidez, la potencialidad y los límites de los proyectos políticos que aquéllas fueron capaces de poner en juego; lo cual es, por otra parte, un elemento constituyente de toda guerra civil.

Como se plantea en la Introducción de este libro y en el ensayo “El país de Don Porfirio: estructura social y desarrollo capitalista”, el motor fundamental de la Revolución fue el ansia de tierra de las masas rurales, que se constituyeron en su principal protagonista. Desde el inicio, los sectores populares participantes se nuclearon tras las banderas del antirreeleccionismo impulsado por Francisco I. Madero, pero lo hicieron articulando la lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz con otras reivindicaciones ampliamente sentidas: en primer lugar la recuperación de las tierras y del usufructo de los recursos naturales expropiados por los terratenientes, el rechazo frente al avasallamiento de las autonomías municipales, y las demandas obreras tales como la reducción de la jornada laboral y el mejoramiento de las condiciones de trabajo.

Si la reivindicación de tierra es, en los términos explicados por el marxismo, una demanda de corte democrático-burgués (2), en las condiciones del México de inicios de siglo llevó a la confrontación entre los campesinos pobres y las clases dominantes, y se constituyó como la diferencia antagónica entre los sectores actuantes en la Revolución. En torno a la misma se desplegó una perspectiva en potencia anticapitalista del proceso revolucionario, que abrió una de las confrontaciones clasistas más violentas de la historia mundial durante la pasada centuria.

Hay que remitirse a sus diferencias con las revoluciones democrático-burguesas del pasado para entender la causa profunda de esta característica de la Revolución Mexicana. En éstas “El gigantesco esfuerzo que necesita la sociedad burguesa para arreglar cuentas con el pasado sólo puede ser conseguido, bien mediante la poderosa unidad de la nación entera que se subleva contra el despotismo feudal, bien mediante una evolución acelerada de la lucha de clases dentro de esta nación en vías de emancipación” (3); en esos procesos emblemáticos del ascenso del reinado del capital, la burguesía todavía podía asumir un rol subversivo y dirigente contra el antiguo orden, resolviendo, a su manera, las demandas estructurales que motorizaban la intervención de las masas populares. Sin embargo, en su análisis de las revoluciones de la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX, León Trotsky planteaba que ya entonces, a partir de la maduración de las clases sociales características del capitalismo, se ponía en un primer plano el carácter crecientemente reaccionario de una burguesía económicamente dominante. En las revoluciones de 1848 en Europa, la inmadurez política y social de los explotados y oprimidos llevó a que las demandas de corte democrático no se pudieran realizar, por la inexistencia de una nueva clase revolucionaria que asumiera el rol abandonado por una burguesía demasiado preocupada en evitar la irrupción del proletariado.

Por su parte, el inicio del siglo XX planteó que, en los países de desarrollo atrasado que no habían realizado aún su revolución democrático-burguesa, y que estaban crecientemente bajo la égida de la dominación imperialista, las burguesías nacionales ya no podían jugar ningún rol progresivo por sus compromisos con el capital extranjero y la propiedad terrateniente. La extensión del reinado del capital en todos los confines del globo era acompañado del surgimiento de una clase social –el proletariado– que fue capaz de asumir un rol revolucionario aún en aquellos países que ingresaron tarde a la égida del capitalismo, y de tomar en sus manos la resolución de las tareas largamente postergadas. Este análisis, que es parte del legado del marxismo revolucionario de las primeras décadas del siglo XX, brinda elementos metodológicos fundamentales para comprender la historia de México, y en particular la encrucijada histórica de 1910.

El accionar del sector burgués que en 1910 hegemonizó la dirección del movimiento estuvo signado por su interés en preservar el desarrollo del capitalismo en México. Que para acceder al poder político tuviera que impulsar un alzamiento armado ante la intransigencia porfirista, no cambia el hecho de que la intención del maderismo era limitarse a reformas políticas y a asegurar el predominio del sector social que representaba –en particular de las facciones dominantes del norte del país–, como expresó el Plan de San Luis, sobre el cual luego nos detendremos.

Como afirmaba José Revueltas, la burguesía mexicana “[…] desde Don Lucas Alamán hasta los tiempos de don Porfirio, bajo cuya dictadura pudo medrar tan apaciblemente, sus ligas con los gobiernos conservadores, a lo largo de la historia del país, testimonian que se ha tratado de un núcleo social reaccionario” (4).

Lejos de existir una burguesía urbana antagónica a los latifundistas, predominaba una profunda imbricación entre la propiedad terrateniente, el capital extranjero y los grandes propietarios en los sectores de la producción y de la extracción de materias primas; por otra parte, desde el clan Madero hasta el núcleo dirigente del constitucionalismo, eran grandes propietarios de tierra o provenían de los sectores acomodados del campo. Como consecuencia de esto, las distintas fracciones políticas y militares de la burguesía se opusieron, en todo momento, a la resolución íntegra de las demandas agrarias, en la medida que esto implicaba atacar al latifundio y poner así en tela de juicio un desarrollo capitalista donde la propiedad de la tierra era uno de sus elementos constitutivos.

Esto es fundamental para entender por qué el proceso iniciado en noviembre de 1910 no pudo ser congelado en las reformas políticas; por el contrario, los posicionamientos antagónicos en torno a la cuestión agraria se constituyeron como la clave estructural de los acontecimientos de esos años. Y se tradujeron en la creciente extensión y explosividad de una Revolución que inició bajo el cobijo del llamado de un ala de la clase dominante y se radicalizó más tarde, expresándose esto en la lucha que dio la fracción más avanzada del campesinado, primero contra Díaz, luego contra Madero, más tarde contra Huerta y finalmente contra Carranza y Obregón, poniendo en cuestión los cimientos del capitalismo mexicano.

Ante el conservadurismo de las direcciones políticas burguesas, el campesinado (5) y en particular los sectores organizados en los ejércitos de Villa y Zapata, tendieron a actuar como una fuerza social independiente. La mayor muestra de ello fue el surgimiento del Ejército Libertador del Sur, constituido a partir de los pueblos de Morelos y de las zonas bajo influencia zapatista en estados aledaños, así como la adopción de una perspectiva programática plasmada en el Plan de Ayala y, después, en las distintas leyes agrarias emanadas del poder zapatista, como la que promulgó Manuel Palafox en 1915. Ésta fue la dinámica que asumió la participación de amplias franjas de los explotados del campo, y que tuvo su máxima expresión en la Comuna de Morelos, donde se impuso la expropiación de los latifundistas y la desaparición de los mismos como clase, así como la expropiación de los ingenios y otras industrias vinculadas de forma directa a la agricultura.

Mientras que las direcciones radicales como el zapatismo y el villismo fueron impulsadas por las masas rurales a intentar la resolución de sus demandas por la vía de la ruptura violenta de la legalidad burguesa, tal como se expresó en las ocupaciones de tierras y en las expropiaciones de los hacendados, las fracciones encabezadas por representantes de la burguesía y la pequeñoburguesía pretendieron imponer distintas soluciones que tenían en común la contención del proceso revolucionario, con el objeto de no resolver la cuestión agraria. Esto fue compartido por el maderismo, el carrancismo y el obregonismo; estos últimos, fueron las dos principales fuerzas actuantes desde 1913 dentro del constitucionalismo, que apostaron a recomponer la dominación burguesa, después que el torbellino campesino aniquiló al Ejército Federal a mediados de 1914 y destrozó las instituciones del porfiriato preservadas por el gobierno de Madero.

De acuerdo con lo expuesto aquí, consideraremos la existencia de dos grandes fases de la Revolución, con sus respectivos periodos o subfases.

De la rebelión antiporfirista a la generalización de la Revolución: esta primera fase inicia con el alzamiento del 20 de noviembre de 1911 y se prolonga hasta la toma de Zacatecas, a fines de junio de 1914, por parte de la División del Norte de Francisco Villa.

De la confrontación en el bloque antihuertista a la derrota de los ejércitos campesinos: esta segunda fase de la Revolución comienza con el derrumbe del viejo Ejército Federal y se extiende hasta la institucionalización de la Revolución, con el triunfo de Carranza y Obregón.

Primera fase de la Revolución

De la rebelión antiporfirista a la generalización de la Revolución

La primera fase se caracterizó por:

Una confrontación militar que atravesó distintos momentos, y que estuvo dada fundamentalmente por el choque entre un amplio bloque antiporfirista y los sectores que fueron hegemónicos bajo el viejo régimen; al cobijo de lo cual entraron a la lucha sectores cada vez más amplios de las masas.

La continuidad inestable, durante los sucesivos gobiernos, del Estado burgués proveniente del porfirismo y de sus instituciones fundamentales.

En ese contexto, el surgimiento de un ala radicalizada: el zapatismo, que entró en pugna con el gobierno de Madero y fue la máxima expresión del antagonismo de clase entre el campesinado pobre y las distintas fracciones de la burguesía en el poder. La emergencia del zapatismo se convirtió en un punto de inflexión que marcó la dinámica revolucionaria del proceso histórico, y adelantó la confrontación que en los años siguientes enfrentó a los ejércitos campesinos radicales con el constitucionalismo.

En las páginas siguientes consideraremos los siguientes periodos, como parte de esta primera fase:

Inicia la rebelión: del alzamiento maderista a los acuerdos de Ciudad Juárez.

El periodo maderista. De la transacción con el porfirismo al golpe contrarrevolucionario de Victoriano Huerta.

Se generaliza la guerra civil. La lucha del constitucionalismo y el zapatismo contra el Ejército Federal.

Inicia la rebelión: del alzamiento maderista a los acuerdos de Ciudad Juárez

El primer momento de este periodo empieza entonces con el llamado del Plan de San Luis Potosí por parte de Francisco I. Madero, ex candidato presidencial y líder de la oposición antirreeleccionista, convocando a la insurrección nacional contra Porfirio Díaz.

Para comprender la dinámica que llevó a que amplios sectores de la población–incluyendo franjas de las clases dominantes– se rebelasen contra Díaz, hay que considerar los acontecimientos ocurridos en los años previos y en particular la crisis de 1907, que agudizó las contradicciones económicas, políticas y sociales.

Desde mediados de la primera década del siglo, se desarrolló una inestabilidad económica internacional que golpeó al México porfirista, el cual había registrado, en el periodo previo, importantes índices de crecimiento, particularmente en la industria y las exportaciones, constituyéndose como una economía orientada hacia el mercado externo y fuertemente desequilibrada. Desde 1905 se desplegó una crisis monetaria, que se combinó en 1907 con la que atravesó el sistema bancario y crediticio, lo cual fue prolongación de la crisis internacional con epicentro en Wall Street, que afectó a muchos hacendados y los decidió a volcarse a la oposición al gobierno. Como plantea un autor, “[…] la adopción del patrón oro, seguida por el pánico monetario de 1907 en Estados Unidos y una declinación del precio de las exportaciones, provocaron una reducción del ingreso nacional, que a su vez exigió nuevos préstamos exteriores, echando al mismo tiempo una pesada carga sobre las instituciones financieras del país” (6).

Bajo esta situación volátil el ministro de Hacienda, José Yves Limantour, convocó a una conferencia nacional de banqueros a inicios de 1908, e impulsó la aprobación de una nueva ley bancaria, que entre otras cuestiones buscaba “corregir algunas de las prácticas peligrosas y a impulsar el establecimiento de bancos de inversión e hipotecarios” (7). En 1910, ante la amenaza de que se derrumbase el sistema financiero, Limantour se abocó a la búsqueda de nuevos préstamos en Europa. Sin embargo, estas medidas no podían resolver las importantes contradicciones estructurales de una economía cuyos sectores dinámicos se orientaban a la exportación, y que se acrecentaban por la crisis internacional.

La crisis económica profundizó los padecimientos de las mayorías urbanas y rurales: aumento de las importaciones, incremento de los precios de los productos agrícolas y de consumo básico, y crecimiento del desempleo, lo cual no hizo más que incentivar el descontento con las políticas previamente desarrolladas por el gobierno. Ése fue el trasfondo de las rebeliones y luchas obreras de Cananea, Río Blanco y San Luis Potosí, del apoyo al maderismo por parte de la clase trabajadora, así como del despertar de las huelgas después de la caída de Porfirio Díaz.

Por la importancia que revistió en el proceso revolucionario, nos detendremos en los efectos que todo esto tuvo en el norte del país. Durante el porfiriato, esta región se convirtió en el pilar de la “modernización” capitalista a través de la industria extractiva, la producción algodonera y la explotación del petróleo. Sin embargo, los métodos asumidos por el régimen político para conducir este proceso, acarrearon profundas contradicciones e importantes choques con distintos sectores de la sociedad norteña, que se acrecentaron durante la primera década del siglo. La expropiación de las tierras en beneficio de los grandes latifundistas y de las compañías extranjeras colonizadoras, no sólo se ejerció en contra de los pueblos indígenas (como los yaquis y mayos en Sonora), sino también sobre las tierras anteriormente otorgadas a los antecesores de los pobladores criollos de la región: los colonos militares, que resguardaron la expansión de la frontera en detrimento de los pueblos originarios.

Explicando las características que llevaron a convertirse a Chihuahua y Durango en los focos fundamentales de la rebelión contra Díaz, el historiador Pedro Salmerón planteaba que “[…] La población aumentó, los pueblos perdieron su independencia política, las propiedades de los rancheros fueron gravadas por los tasadores de impuestos y no faltó quien emigrara hacia las minas de la sierra, las factorías de Chihuahua o los campos agrícolas de California” (8).

Al mismo tiempo, el gobierno central atacaba el poder de algunas de las grandes familias de estos estados y favorecía a otras, imponiendo administraciones claramente disciplinadas a sus intereses, como fue por ejemplo el caso de Nuevo León o de Chihuahua. Estas medidas tuvieron también el efecto de limitar los caminos para la promoción y el ascenso social de las clases medias.

Esto es un factor importante para entender el enrolamiento de sectores de estas clases en las rebeliones contra Porfirio Díaz y Victoriano Huerta (9).

En Durango, en el periodo porfiriano se establecieron las que fueron las dos haciendas más grandes del estado, cuya expansión se dio a expensas de las tierras comunales y que conservaron varios pueblos insertos en su extensión. Los conflictos protagonizados por los pueblos están ampliamente documentados por diversos trabajos historiográficos, en los cuales se evidencia tanto la lucha contra la imposición de las autoridades locales, como el conflicto por la tierra y el uso de agua contra los gobiernos estatales y las grandes haciendas. Si bien en los años previos a 1910 estos conflictos no traspasaron la forma de rebeliones locales, el descontento que proliferó frente a las medidas de la administración porfirista y que englobó a amplios sectores de la sociedad norteña, se expresó en la dinámica y las características que adquirió el proceso revolucionario en la región, y muy particularmente en los sectores sociales que tomaron parte de la rebelión en los estados del norte (10). Para aquellos, el antirreeleccionismo se convirtió en el instrumento con el que expresaron su descontento con la apropiación de tierras y la autoritaria designación de las autoridades (11). De igual forma, en Chihuahua y Durango, por ejemplo, las consecuencias económicas y sociales de la crisis de 1907 sobre los trabajadores rurales y urbanos, provocaron un crecimiento del magonismo y de las sociedades mutualistas (12), todo lo cual fue un nutriente del proceso revolucionario.

Si durante las primeras décadas del porfiriato la hegemonía del gobierno sobre las clases dominantes y los sectores medios del país se basó en el éxito del desarrollo capitalista, en el crepúsculo del dictador esto se trocó en descontento e incentivó las tendencias antirreeleccionistas ya existentes desde inicios de siglo.

Concluyendo, podemos decir que la crisis económica y social abierta en el México de inicios de siglo llevó a una verdadera crisis del régimen de dominio porfirista, expresada en una aguda disputa al interior de las clases dominantes y en particular en la confrontación entre el porfirismo y el maderismo. Siguiendo la dinámica clásica de las revoluciones sociales contemporáneas, lo insoportable de la situación económico-social para las masas, junto a las contradicciones desplegadas en el seno de las clases dominantes, fue la condición necesaria para la entrada en escena, a partir del pronunciamiento de Madero y ocupando el proscenio de la historia, del México bronco y profundo, abriendo una dinámica revolucionaria de casi una década.

En este contexto más general, dos acontecimientos fueron claves para empujar a la oposición política a Francisco I. Madero, quien era un rico hacendado nacido en Coahuila, proveniente de uno de los clanes familiares más influyentes de la región lagunera. Por una parte, el ataque de enero de 1902 en San Luis Potosí, contra el Club Ponciano Arriaga, una organización liberal opositora y, un año después, la represión por parte de Bernardo Reyes, gobernador porfirista de Nuevo León, sobre los sectores opositores del estado. A partir de esto, Madero comenzó a apoyar y tomar parte en distintos movimientos de oposición y durante un corto período se vinculó al Partido Liberal Mexicano de Ricardo Flores Magón, del cual terminó distanciándose por la radicalización política de éste. Los primeros reveses electorales sufridos en el terreno local y las persecuciones contra los opositores no cambiaron la perspectiva del coahuilense, que se centró en un cambio reformista y en la condena de cualquier orientación revolucionaria, aduciendo que ésta le daría excusas al gobierno federal para endurecer sus acciones. Tampoco hizo cambiar su moderación la actitud de Porfirio Díaz, quien luego de haber dejado entrever, en la entrevista concedida al periodista estadounidense James Creelman en febrero de 1908, la posibilidad de no presentarse para un nuevo mandato, anunció tres meses después que buscaría la reelección en 1910.

Desde 1906, Madero fue tejiendo una amplia red política y social entre hacendados, intelectuales y periodistas fundamentalmente del norte y centro del país. En los inicios de 1909 hizo pública su postura en su libro La sucesión presidencial en 1910 que daba sustento ideológico y político a su accionar. Como explicaba Charles Cumberland, un autor que simpatizaba ampliamente con Madero, aquél “[…] apenas mencionaba los males sociales y económicos, insistía mucho más en la necesidad de libertad de sufragio, no reelección para los altos cargos públicos y rotación en los cargos.

Madero no pasaba por alto las necesidades sociales, pero creía que había tiempo suficiente para enfrentar esos problemas una vez que mejoraba la situación política” (13), esto al mismo tiempo que condenaba la revolución como medio de cambio.

A partir de ello, comenzó una intensa labor para organizar una fuerza política de oposición. El objetivo de Madero se orientaba a ejercer presión sobre la administración porfirista hacia las elecciones de 1910 –y para ello la organización de un partido político legal era un paso fundamental–, a fin de que ésta permitiese “elecciones relativamente libres para la vicepresidencia, las gubernaturas, las presidencias municipales y el Congreso” (14); además, como muchos en ese momento, consideraba que la avanzada edad del dictador abría la posibilidad de una sucesión natural y una democratización paulatina del sistema político, lo cual volvía fundamental el acceso a la vicepresidencia.

De esta forma, en mayo de 1909 se constituyó primero el Club Central Antirreeleccionista y luego el Centro Antirreeleccionista de México, bajo el credo de no a la reelección, iniciando el proceso de organización política que llevó primero a la edición del periódico El Anti-Reeleccionista; y en abril de 1910 a la creación del Partido Nacional Antirreeleccionista y a la designación de Francisco I. Madero como candidato a la presidencia.

En ese contexto, el gobierno tuvo que lidiar con las aspiraciones de Bernardo Reyes, que organizó un movimiento político que presionó para obtener su candidatura a la vicepresidencia, compitiendo en esto con Ramón Corral, quien ocupaba ese cargo desde 1904. Una vez que Reyes fue obligado a retirarse de la contienda y partir en un viaje de estudios militares a Europa en octubre de 1910, y ante el hecho de que el maderismo cobró fuerza, nutrido además por el apoyo de un sector de los reyistas, el gobierno comenzó a preocuparse por la candidatura del coahuilense.

Todavía el 15 de abril de 1910, y en aras de encontrar una salida reformista y no violenta al conflicto con el gobierno, Madero intentó llegar a un acuerdo con Díaz, anunciando que dicho pacto podría incluir su renuncia a la candidatura. Esto no encontró una respuesta positiva por parte del gobierno, que en mayo intensificó las persecuciones, el encarcelamiento de partidarios de Madero, y la prohibición de varios actos públicos de éste en Coahuila, San Luis Potosí, Nuevo León y Aguascalientes.

Entretanto, Madero radicalizó su discurso, atacando públicamente a Porfirio Díaz, hasta que en junio fue detenido y encarcelado. Puesto bajo libertad condicional después del triunfo de Díaz, escapó a Estados Unidos. La confirmación del triunfo de Díaz-Corral por parte del Congreso el 5 de octubre de 1910 empujó a Madero a proclamar de manera tardía la necesidad de la insurrección y a publicar el Plan de San Luis Potosí, que, aunque fechado en esa ciudad, fue redactado mientras el coahuilense se encontraba exiliado en territorio estadounidense.

El Plan de San Luis denunciaba al régimen político por estar supeditado a los dictados de Porfirio Díaz y planteaba, como sus objetivos fundamentales: “[…] los principios de SUFRAGIO EFECTIVO Y NO REELECCIÓN, como únicos capaces de salvar a la república del inminente peligro con que la amenazaba la prolongación de una dictadura cada día más onerosa, más despótica y más inmoral” (15). Después de afirmar la imposibilidad de acceder al gobierno mediante las vías institucionales, Madero declaraba: “[…] ilegales las pasadas elecciones, y quedando por tal motivo la república sin gobernantes legítimos, asumo provisionalmente la Presidencia de la república, mientras el pueblo designa conforme a la ley sus gobernantes. Para lograr este objeto es preciso arrojar del poder a los audaces usurpadores que por todo título de legalidad ostentan un fraude escandaloso e inmoral” (16) y realizaba un llamamiento al levantamiento nacional para el 20 de noviembre de 1910 a las 18 horas. Entre los puntos específicos que deberían normar el levantamiento y la deposición del dictador, se reconocían como vigentes todas las leyes y normas de la administración porfirista, “a excepción de aquellas que manifiestamente se hallen en pugna con los principios proclamados en este Plan” (17). Madero se comprometía a aceptar “como válidos todos los acuerdos anteriores suscritos con gobiernos y empresas extranjeras” (18) y a aceptar toda la responsabilidad por los perjuicios causados a personas o bienes de los países que le otorgaran su reconocimiento (19).

Mientras se planteaba que luego de la caída de Díaz se pondrían en libertad a todos los presos políticos, el plan sostenía, en el punto 3, su única reivindicación social:

[…] Abusando de la ley de terrenos baldíos, numerosos pequeños propietarios, en su mayoría indígenas, han sido despojados de sus terrenos, por acuerdo de la Secretaría de Fomento, o por fallos de los tribunales de la República. Siendo de toda justicia restituir a sus antiguos poseedores los terrenos de que se les despojó de un modo tan arbitrario, se declaran sujetas a revisión tales disposiciones y fallos, y se les exigirá a los que los adquirieron de un modo tan inmoral, o a sus herederos, que los restituyan a sus primitivos propietarios, a quienes pagarán también una indemnización por los perjuicios sufridos. Sólo en caso de que esos terrenos hayan pasado a tercera persona antes de la promulgación de este Plan, los antiguos propietarios recibirán indemnización de aquellos en cuyo beneficio se verificó el despojo (20).

Este punto, cuya concreción sería luego negada de forma sistemática por Madero desde el gobierno, fue el señuelo que logró congregar en torno al hacendado lagunero el apoyo de amplios sectores populares y en particular de las masas rurales.

El Plan de San Luis estaba orientado, fundamentalmente, a lograr una reforma política, imponer nuevas reglas y garantizar la integración al poder de los sectores de las clases dominantes marginados por Porfirio Díaz y la élite de los científicos.

La vía armada fue, más que una convicción del maderismo, una consecuencia no deseada del hecho de que el dictador cerró toda posibilidad de transacción con la fracción representante de los hacendados del norte del país y de otros sectores acomodados. Centrado en la reforma de las instituciones del régimen de dominio, el Plan expresaba el interés de sus redactores en preservar el orden social imperante, limitándose a ofertar de forma vaga algunas concesiones en torno a la cuestión agraria. Como eventualmente lo mostraron los acuerdos de Ciudad Juárez, el objetivo era imponer una transacción con el “antiguo régimen”, utilizando como base social de maniobra a sectores populares descontentos con el porfiriato, y de ninguna forma apostaba a iniciar un proceso revolucionario como el que se desplegó.

A partir del llamamiento del Plan, los primeros intentos militares de Madero –como el cruce a territorio mexicano por San Antonio– fracasaron. Esto había sido antecedido por varios golpes propinados por el gobierno, como en Puebla, donde el líder de la insurrección, Aquiles Serdán, fue descubierto y asesinado antes del 20 de noviembre de 1910. La poca preparación del levantamiento y los escasos éxitos militares durante fines de noviembre y el mes de diciembre parecía que lo llevarían al fracaso; a pesar de esto, comenzaron a ponerse en movimiento innumerables partidas y grupos de insurrectos en distintos puntos del país.

Es de destacar la incorporación del movimiento obrero, a través de su participación en los comités maderistas. El 1 de mayo de 1910 (varios meses antes de la publicación del Plan de San Luis) se convirtió en una movilización antirreeleccionista de más de 5 mil trabajadores, con numerosas representaciones mutualistas (21). Particularmente en el centro del país, los trabajadores fueron base importante del maderismo y tuvieron un rol destacado en el alzamiento de noviembre, como reseña Ramón Eduardo Ruiz (22). Durante los meses siguientes, la participación en la Revolución de los trabajadores (fabriles, de obrajes y artesanos entre otros sectores) estuvo signada por el apoyo y la simpatía por la dirección burguesa maderista, lo cual constituyó una característica de este inicio de la participación obrera en la Revolución.

En Chihuahua, las primeras partidas militares se organizaron encabezadas por Francisco Villa y Pascual Orozco. Es evidente la relación que se estableció entre los conflictos de los años previos en Chihuahua y Durango y el inicio de los levantamientos:

[…] estos conflictos de viejo cuño y de reciente factura convirtieron a la región en un foco revolucionario de gran potencial en las postrimerías del porfiriato: no es casualidad que los caudillos de la rebelión en Cuencamé (Durango), Calixto Contreras Espinosa y Severino Ceniceros Bocanegra, fueron, con Toribio Ortega y Porfirio Talamantes, los de mayor y más clara vocación agrarista en las filas del villismo (23).

La acción militar de Pascual Orozco fue fundamental, moviéndose por todo el occidente del estado, y generando enfrentamientos constantes con las fuerzas federales durante los meses siguientes. A fines de noviembre Villa y Orozco, respectivamente, capturaron Guerrero y San Andrés. En tanto que los magonistas de Chihuahua también realizaron importantes acciones, como la toma de Galeana.

Iniciando el año de 1911, el levantamiento cobró nuevos bríos. A pesar de que las acciones militares comandadas de manera directa por Madero no lograron cambiar la relación de fuerzas con el gobierno (24): “[…] La Revolución, recuperando el aliento después del primer choque […] (se mantenía) en la continuada resistencia de Orozco, Villa, José de la Luz Blanco y otros líderes en el norte (que así) estimulaban movimientos en otras regiones del país” (25).

En estos meses surgieron y realizaron sus primeras acciones de armas los núcleos que luego, en 1913, fueron parte de los ejércitos constitucionalistas que en toda la región enfrentaron al golpe de Estado de Victoriano Huerta.

Mientras tanto, en Nueva York se desarrollaban los intentos de negociación entre los representantes del gobierno y los maderistas. Díaz, que sólo reaccionó de forma tardía, anunció un cambio de gabinete y un programa de reformas políticas y sociales, lo cual significó un reconocimiento en los hechos de la importancia del movimiento revolucionario y fortaleció a los maderistas; desde marzo, las fuerzas antiporfiristas ocupaban numerosas ciudades en todo el territorio.

Estamos ante un primer momento del proceso abierto en 1910, donde al cobijo del llamado de un sector de las clases dominantes, y tras la forma de las partidas guerrilleras que van cobrando una influencia cada vez mayor, lo que se expresaba era la incorporación de amplios sectores de las masas a la rebelión (26).

Éste fue sin duda el factor activo que evitó que el levantamiento maderista fracasara de manera estrepitosa y pasara, sin mayores preámbulos, a ocupar un lugar secundario en la historia.

El crecimiento del movimiento armado contra el gobierno y la incorporación de sectores populares del campo y la ciudad, marcaba un punto de no retorno para Porfirio Díaz, y mostraba la existencia de un amplio frente de oposición que cruzaba a las clases populares, a las clases medias urbanas y a sectores de las clases dominantes.

En este momento ya emergían los dos centros político-militares que actuaron durante los 7 años siguientes de la Revolución: Chihuahua y Morelos.

Ya planteamos brevemente los antecedentes del estado del norte; en el caso de Morelos, durante los años previos, la lucha frente a los atropellos de los latifundistas se había combinado con el enfrentamiento político y electoral contra los candidatos oficiales a la gubernatura, en lo cual habían participado varios de los que luego destacarían como dirigentes revolucionarios. En el estado sureño, el 11 de marzo de 1911 se levantó Emiliano Zapata en Villa de Ayala, quien había reemplazado a Pablo Torres Burgos, asesinado por el ejército, como jefe de los partidarios de Madero en el estado. El 25 de marzo, “catorce jefes insurgentes de Morelos, Puebla y Guerrero acordaron formar el Ejército Libertador del Sur” (27), eligiendo a Zapata como jefe, y algunas semanas después ya eran alrededor de 5 mil milicianos armados. Y el 20 de mayo, en una importante acción política y militar, fue tomada Cuautla, donde establecieron su cuartel general.

En Chihuahua, entretanto, desde mediados de abril se encontraba sitiada Ciudad Juárez por parte de las fuerzas de Orozco y Villa. A pesar de los intentos de Madero por prolongar una tregua con el Ejército Federal que ocupaba la plaza, Villa y Orozco presionaron y realizaron la acción de armas más importante hasta el momento, tomando la ciudad el 10 de mayo y conquistando para el maderismo un punto fronterizo cuya importancia la daba el acceso al mercado de armas de Estados Unidos. La significación de la toma de Ciudad Juárez excede sin duda a su importancia militar; la misma marcó un punto crucial en el desmoronamiento progresivo de un régimen crecientemente aislado y carcomido, y mostró la incapacidad del Ejército Federal para neutralizar la rebelión. A partir de entonces se aceleraron los acontecimientos “[…] en todos los estados había centenares de pequeños grupos en armas; innumerables jefes, que representaban a millares de hombres, solicitaban información e instrucciones […]” (28), en tanto que numerosas ciudades y pueblos en una gran parte de los estados del país estaban bajo el control de los rebeldes, indicando la extensión nacional del levantamiento.

Esto era visualizado claramente por el gobierno nacional. Según Pedro Salmerón, aunque la dimensión fue menor a la que asumió la posterior rebelión contra Huerta en 1913, la multiplicación de acciones estaba poniendo en jaque al Ejército Federal (29). En ese punto, como dice Adolfo Gilly, “[…] tanto Díaz como Madero comprendieron la doble advertencia del Norte y del Sur: había que llegar a un acuerdo, antes de que la guerra campesina pasara por encima de ellos” (30).

Los acuerdos de Ciudad Juárez, suscritos el 21 de mayo entre el negociador del gobierno y los representantes de Madero, establecieron la renuncia de Porfirio Díaz, y la asunción de un gobierno interino encabezado por Francisco León de la Barra, el anterior Ministro de Relaciones Exteriores, garantizando el desarme de las fuerzas insurrectas. Se trataba de un pacto para encarrilar la transición política y el recambio del personal gubernamental, conteniendo el proceso revolucionario y a los caudillos emergentes con base popular, y manteniendo intacto el aparato estatal.

El punto 3 del Plan de San Luis era sin duda el más sentido por las masas; el grito de “Abajo haciendas arriba pueblos” proclamado por los zapatistas en Villa de Ayala sintetizaba que el campesinado había entrado a la Revolución enarbolando sus propias demandas y que no aceptaría fácilmente que ésta se limitara a cambios formales en las instituciones. Por detrás de la transacción maderista con el antiguo régimen estaba el temor de clase a que su movimiento en pos de una reforma política derivase en una movilización de masas sin precedentes. La frase que se le atribuye a Porfirio Díaz poco antes de emprender el exilio, muestra el olfato de clase del líder burgués ante lo que luego acontecería: “Madero ha soltado un tigre; veremos si puede manejarlo” (31).

La difícil transición

Desde el inicio del interinato de Francisco León de la Barra, Madero dejó establecido que respetaría los acuerdos de Ciudad Juárez. Esto lo llevó incluso a enfrentar a algunos de sus partidarios, que exigían el cumplimiento inmediato del Plan de San Luis, acelerando la asunción del coahuilense como presidente. La intención de Madero era obtener la colaboración de sectores del viejo régimen en la tarea de estabilizar el país, lo cual se expresó en el gabinete, negociado entre Madero y De la Barra. Como describe Cumberland, “[…] de los cargos importantes llenados en los primeros días del gobierno interino, cuatro correspondieron a revolucionarios leales, tres a hombres de tendencias conservadoras aunque sin relación alguna con el régimen de Díaz, y sólo dos a hombres vinculados a la dictadura. El gabinete representaba en gran medida al nuevo orden” (32).

Podríamos decir que lo que en realidad expresaba era la colaboración entre antiguos porfiristas y maderistas para “pacificar” el país. Madero mantenía intactas las instituciones del antiguo régimen y al Ejército Federal, que era el pilar del estado burgués, incorporando al gobierno a sectores provenientes del porfirismo.

El ingreso de Madero a la Ciudad de México, a mediados de junio, motivó una recepción multitudinaria; según algunos cálculos, alrededor de 100 mil personas salieron a las calles. Mientras tanto, esto estuvo precedido por los escándalos de corrupción en los que se vio envuelto su hermano Gustavo y fundamentalmente por el hecho de que:

[…] ya habían empezado a reaparecer las fuerzas de la reacción y el partido revolucionario mostraba síntomas de desintegración. Madero fue criticado amargamente por los antirreyistas por haber autorizado el regreso de Bernardo Reyes inmediatamente después del triunfo de la revolución. Otra parte de la población lo criticaba por permitir que el Ejército Federal permaneciera idéntico a la vez que insistía en que las fuerzas revolucionarias fueran licenciadas lo antes posible (33).

En el seno del maderismo, se oponían al licenciamiento y propugnaban la creación de cuerpos irregulares paralelos al ejército federal varios gobernadores del norte del país –Abraham González en Chihuahua, José María Maytorena en Sonora y Venustiano Carranza en Coahuila– así como el Secretario de Gobernación, Emilio Vázquez Gómez. Éste, que junto a su hermano Francisco había sido el sector moderado del antirreeleccionismo en la lucha contra Díaz, aparecía ahora como el ala radical que presionaba por la realización del Plan de San Luis.

Madero, para disciplinar a sus partidarios, disolvió el Partido Nacional Antirreeleccionista y llamó a formar el Partido Constitucional Progresista.

Pero la principal preocupación de Madero y De la Barra era contener el proceso revolucionario en el Norte y el Sur, y evitar que las masas agrarias protagonizaran tomas de tierras. En Chihuahua, las primeras fricciones ya habían aparecido con la designación de Carranza como Secretario de Guerra y Marina, el cual era visto por las fuerzas de Orozco y Villa como un personaje vinculado al porfirismo y al reyismo. Los reclamos provenientes de las filas insurgentes en torno a la cuestión agraria fueron acallados por Madero, para quien era prioritaria la desmovilización y el desarme de las mismas.

Madero licenció a una fracción de las fuerzas revolucionarias (Orozco fue nombrado jefe de las tropas rurales y Villa incorporado como oficial honorario al ejército federal), y eso generó un descontento que emergió después en la rebelión de los colorados.

En estas circunstancias, ya desde el 24 de mayo el Partido Liberal Mexicano (PLM) llamó a continuar la lucha contra Madero: “[…] no conspiréis contra vosotros mismos. Deshaceos de vuestros jefes de cualquier manera y enarbolad la bandera roja de vuestra clase, inscribiendo en ella el lema de los liberales: Tierra y Libertad” (34).

Tras este manifiesto, en los meses de junio a agosto, distintos destacamentos de militantes del PLM se levantaron en Chihuahua. Entretanto, en distintos puntos de ese estado y de Durango –como en Cuencamé– se desarrollaron tomas de tierra.

Una de las primeras acciones de Madero al llegar a la Ciudad de México, fue una gira por Morelos, donde el objetivo era efectuar un reconocimiento de las fuerzas del Ejército Libertador del Sur y convencer a Zapata de que desarmase a sus tropas a cambio de la promesa de resolver después las demandas agrarias.

Sin embargo, los zapatistas se resistían a ello, y de forma constante sufrían las provocaciones por parte del Ejército Federal. El 30 de agosto estalló la rebelión contra el gobierno interino, y se dio la toma de la hacienda de Chinameca. Cuando al final llegó al gobierno “ […] la única concesión que Madero estaba dispuesto a hacer era absolver a todos los rebeldes del cargo de rebelión y proteger a Zapata si éste se rendía incondicionalmente y abandonaba Morelos” (35).

El gobierno de Madero y la lucha contra la insurgencia campesina

Muero, pero muero como los valientes, gritando ¡Viva Zapata! General zapatista Antonio de la Serna, ante el cuadro de fusilamiento formado por instrucciones del gobierno maderista, el 9 de septiembre de 1912 (36)

En las elecciones de octubre de 1911, Madero resultó electo con cerca de 20 mil votos, lo que representaba un porcentaje ínfimo de la población (0.1%) y era expresión del carácter profundamente antidemocrático del sistema político, basado en la exclusión de las grandes mayorías de los mecanismos formales de la democracia burguesa y donde sólo podía votar una minoría calificada. Su gobierno, que asumió desde el 6 de noviembre, se enfrentó, desde el principio, a una creciente inestabilidad y a cuestionamientos por distintos flancos. Por una parte, desde el seno mismo del antirreeleccionismo, la figura de Emilio Vázquez Gómez —quien fue removido de su cargo como secretario de Gobernación y que denunció al coahuilense por no cumplir el Plan de San Luis, proclamando el llamado Plan de Tacubaya—fue un punto de referencia para distintos sectores disconformes con Madero, lo cual finalmente confluyó con el levantamiento de Pascual Orozco en Chihuahua.

Por otra parte, los sectores provenientes del porfirismo desarrollaron una oposición activa en torno a los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz, hasta llegar a la Decena Trágica en febrero de 1913.

Por detrás de estos conflictos que sacudieron el precario orden surgido de los acuerdos de Ciudad Juárez estuvo la persistencia de la rebelión campesina en Morelos, el descontento en regiones del norte, así como la existencia de agitación en el movimiento obrero. Durante todo su gobierno, Madero estuvo en un difícil equilibrio entre las tendencias revolucionarias, expresadas en las acciones de los campesinos y trabajadores, y la burguesía que presionaba para un ataque frontal y generalizado contra los sectores más activos de las masas.

Con el correr de los meses, la incapacidad de Madero para resolver esta situación, empujó a la mayoría de la clase dominante a optar por un camino abiertamente contrarrevolucionario, a través del golpe de Estado liderado por Victoriano Huerta.

La rebelión de los colorados –cuyo nombre proviene de las acciones previas de los rojos magonistas, algunos de los cuales se sumaron a la rebelión orozquista ya que vieron en la misma una vía para enfrentar a Madero– no puede comprenderse cabalmente sino es como resultado de un creciente descontento popular, marcado por motines y revueltas en Chihuahua y La Laguna, efectuados contra el licenciamiento de las tropas irregulares ya mencionado y frente a la negativa de Madero de resolver el punto 3 del Plan de San Luis. Orozco, enviado por el gobierno a reprimir los levantamientos que antiguos ex compañeros de armas e integrantes de las tropas revolucionarias realizaban en distintos puntos de Chihuahua, al final se plegó a aquéllos el 2 de marzo de 1912, y a partir de entonces la mayoría de las tropas irregulares de Chihuahua se sumaron a la rebelión. Aunque su programa –el Plan de la Empacadora– contenía reivindicaciones sociales, tras las cuales incorporó a sectores insurgentes de 1910 y conquistó gran apoyo popular en el occidente del estado, hay que recordar que la rebelión era financiada por los latifundistas ofuscados con los aumentos de impuestos. El movimiento de Orozco no tuvo una postura independiente frente a los terratenientes, quienes lo utilizaron en su disputa con el gobierno central, como sí la tuvo la insurgencia sureña, y por ello aquél terminaría apoyando en 1913 a la contrarrevolución huertista contra Madero. El mismo Plan de la Empacadora expresaba esto: aunque avanzado en algunas de sus reivindicaciones, propugnaba medidas de reforma agraria que incluían reconocer “la propiedad a los poseedores pacíficos por más de veinte años” (37), lo cual podía incluir a los latifundistas que se habían beneficiado de las leyes deslindadoras del porfiriato.

El gobierno ocupó varios meses en derrotar la rebelión orozquista mediante el envío de tropas federales bajo el mando de Victoriano Huerta, en las cuales participaron Villa y muchos insurgentes de Durango y Chihuahua; esto evidenciaba que la actitud ante el gobierno de Madero había provocado una escisión y confrontación en las filas plebeyas revolucionarias.

Después de su participación en el alzamiento de 1910, el segundo momento de la actuación del movimiento obrero en la Revolución fue el proceso de luchas reivindicativas que se desarrolló a fines de 1911 durante el gobierno de Madero.

La caída de Díaz fue vista por los trabajadores como una oportunidad para mejorar las duras condiciones laborales a las que estaban sujetos tras las derrotas sufridas en los años previos; en última instancia, la participación activa de las organizaciones mutualistas en el levantamiento maderista, estaba también impulsada por la posibilidad de conquistar sus reivindicaciones sectoriales. En noviembre de 1911 se desarrolló una huelga general en Torreón, en tanto que, a fines de ese diciembre, estallaron huelgas en Puebla (incluyendo a dos distritos bajo influencia zapatista) y en la zona de San Antonio Abad, en la Ciudad de México, las que rápidamente se extendieron en un proceso huelguístico nacional que, según Francisco Pineda Gómez, englobó a 45 mil trabajadores (38). En estos conflictos se repetían las demandas de reducción de la jornada a 8 horas y aumento salarial, y su epicentro fueron los estados de México, Veracruz, Puebla, Jalisco y Tlaxcala. Para conjurar esta situación, el gobierno convocó a una reunión con empresarios, en la cual acordó la promesa –nunca cumplida– de reducir la jornada a 10 horas y mejorar los salarios, a cambio de otorgarles a los patrones una reducción impositiva. La ofensiva del gobierno y de sus órganos oficiales contra la huelga fue furibunda, acusando de “radicalismo” al movimiento obrero y llamándolo a aceptar los acuerdos entre el gobierno y los patrones. Las huelgas se extendieron durante el mes de enero, para luego ir decayendo. Luego de esto fueron finalmente despedidos los “agitadores” en muchos centros de trabajo, y el maderismo inició una operación para cooptar a sus filas a una parte de los líderes obreros, mientras se dejaban sin cumplimiento los acuerdos bajo los que se habían levantado las huelgas. Es de destacar que tiempo después de estos sucesos, el 22 de septiembre de 1912, en la Ciudad de México se fundó la Casa del Obrero Mundial, de orientación anarcosindicalista, la cual llegó a ser la principal organización obrera de México en los años posteriores de la Revolución.

En el caso de la rebelión de Morelos y los estados aledaños, el gobierno nacional se embarcó en una verdadera guerra que más abajo desarrollaremos, pero podemos adelantar que tuvo una de sus primeras acciones en el intento de emboscar a Emiliano Zapata y sus milicianos en Villa de Ayala en noviembre de 1911. Esto requirió que, respecto a las tropas enviadas a Morelos, “[…] al primer trimestre de la guerra (febrero-marzo de 1912) la suma total había sido de 13 mil 225 efectivos, es decir, más de un tercio de las fuerzas armadas del gobierno” (39).

Esto se combinaba con la promesa de medidas limitadas y parciales frente a la cuestión agraria. Según plantea Cumberland, “[…] ni Madero ni sus principales asesores habían pensado mucho en el futuro de los ejidos y el famoso artículo 3 del Plan de San Luis fue incluido por una cuestión de justicia elemental y no por un concepto básico económico y social” (40).

Como queda claro al leerlo, y a pesar de las expectativas populares que había generado, el Plan se orientaba fundamentalmente a tratar la problemática de los pequeños propietarios, mas no estaba en su horizonte resolver la situación de los peones, ni la de los pueblos desposeídos y despojados de sus tierras.

Durante el gobierno de Madero, se presentaron numerosos proyectos para “resolver” la cuestión agraria en el Congreso Nacional. La Ley Agraria de noviembre de 1911, por ejemplo, no ponía en cuestión las propiedades de los terratenientes, y no suponía ni siquiera el reparto del conjunto de las tierras nacionales, las cuales serían comercializadas, dejando fuera del acceso a las mismas a los campesinos pobres que no tenían ningún capital para adquirirlas, ya que ni siquiera se les otorgarían créditos para facilitar su compra. De esta manera la “reforma agraria” de Madero no alcanzaba siquiera las vagas promesas del Plan de San Luis. Su real orientación estaba bien expresada en un discurso que el hacendado lagunero dio en Veracruz: “[…] desde el punto de vista económico y social el cambio no puede ser tan veloz; no es posible promoverlo mediante una revolución, mediante leyes y decretos” (41).

Luis Cabrera, parlamentario que criticaba a Madero por no impulsar la restauración de los ejidos, presentó un proyecto de ley que proponía la restitución de tierras mediante su compra a los terratenientes por parte del gobierno, y que éste “conservara la propiedad y permitiera a los campesinos cultivar el terreno sin cargo alguno” (42), una salida al problema agrario que suponía una erogación económica exorbitante por parte del Estado y que no prosperó (43). Emilio Vázquez Gómez, representante del ala “izquierda” del antirreeleccionismo, “se oponía a la expropiación y estaba a favor de la compra y reventa de tierras cultivables, la construcción de represas y el establecimiento de escuelas agrícolas” (44). No había entonces en el seno de la administración maderista y sus aliados políticos e intelectuales ningún sector que cuestionara y atacara –ni siquiera de forma tímida–la propiedad terrateniente haciendo uso de un programa de expropiación de los latifundios, reparto agrario y restitución de las tierras ejidales.

Entretanto, después de la primera agresión militar ordenada por Madero, los zapatistas lanzaron el Plan de Ayala, fechado el 28 de noviembre de 1911. El mismo atacaba a Francisco Madero por haber dejado en pie “la mayoría de los poderes gubernativos y elementos corrompidos de opresión del Gobierno dictatorial de Porfirio Díaz” así como por no cumplir el Plan de San Luis, postergado por la transacción de Ciudad Juárez. Denunciaba la persecución y opresión sobre los pueblos que reclamaban sus derechos, y la imposición de gobiernos estatales en contra de la voluntad de las mayorías, como fue el caso del general Ambrosio Figueroa, calificado como verdugo y tirano de Morelos. Finalizaba planteando que Madero había entrado en “contubernio escandaloso con el partido científico, hacendados-feudales y caciques opresores, enemigos de la Revolución proclamada por él, a fin de forjar nuevas cadenas y seguir el molde de una nueva dictadura más oprobiosa y más terrible que la de Porfirio Díaz”, a partir de lo cual llamaba a continuar la lucha contra el gobierno de Madero, a quien denunciaba como traidor a la Revolución. A partir de invocar como propio al Plan de San Luis, se introducían una serie de “agregados” a éste, que en realidad cambiaban de forma radical el contenido y el carácter social del Plan maderista, expresados en los puntos 6 a 9 del Plan de Ayala, y que a la letra planteaban:

6º. Como parte adicional del plan que invocamos, hacemos constar: que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la justicia venal, entrarán en posesión de esos bienes inmuebles; desde luego, los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos, correspondientes a esas propiedades, de las cuales han sido despojados por mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance, con las armas en las manos, la mencionada posesión, y los usurpadores que se consideren con derechos a ellos, lo deducirán ante los tribunales especiales que se establezcan al triunfo de la Revolución.

7º. En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños que del terreno que pisan sin poder mejorar en nada su condición social ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura, por estar monopolizadas en unas cuantas manos, las tierras, montes y aguas; por esta causa, se expropiarán previa indemnización, de la tercera parte de esos monopolios, a los poderosos propietarios de ellos a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fundos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor y se mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos.

8º. Los hacendados, científicos o caciques que se opongan directa o indirectamente al presente Plan, se nacionalizarán sus bienes y las dos terceras partes que a ellos correspondan, se destinarán para indemnizaciones de guerra, pensiones de viudas y huérfanos de las víctimas que sucumban en las luchas del presente Plan.

9º. Para ejecutar los procedimientos respecto a los bienes antes mencionados, se aplicarán las leyes de desamortización y nacionalización, según convenga; pues de norma y ejemplo pueden servir las puestas en vigor por el inmortal Juárez a los bienes eclesiásticos, que escarmentaron a los déspotas y conservadores que en todo tiempo han querido imponernos el yugo ignominioso de la opresión y el retroceso (45).

Como han sostenido diversos autores (46), el Plan de Ayala descansaba en dos principios fundamentales. En primer lugar, la expropiación y nacionalización de las tierras, en beneficio de los “pueblos de México”; lo cual en el artículo 6º se orientaba a “los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la justicia venal”, en el artículo 7º al conjunto de la gran propiedad, y en el artículo 8º “a los hacendados, científicos o caciques que se opongan directa o indirectamente al presente Plan”. El punto más radical, porque englobaba en los hechos a todas las clases propietarias en el campo y dejaba fuera cualquier indemnización, era el punto 8º. Esto suponía una inversión tajante de lo planteado por Madero y los intelectuales y políticos antes mencionados –quienes aún en sus propuestas más “progresistas” se basaban en la intocabilidad de la gran propiedad– y un cambio de fondo respecto al punto 3 del Plan de San Luis, el cual se limitaba a la situación de la pequeña propiedad y no se orientaba a resolver la situación de las mayorías agrarias desposeídas por los latifundistas.

El otro pilar sobre el que descansaba el Plan de Ayala era la transgresión de la juridicidad burguesa, ya que:

[…] dispone que los campesinos despojados de sus tierras entrarán en posesión de ellas desde luego, es decir, las tomaran inmediatamente ejercitando su propio poder. Esa posesión será mantenida ‘a todo trance, con las armas en la mano’. Y serán los terratenientes usurpadores quienes, al triunfo de la Revolución, tendrán que acudir ante tribunales especiales para probar su derecho a las tierras ya ocupadas y recuperadas en el curso de la lucha por los campesinos (47).

La lucha por la tierra y su preservación en manos de los campesinos estaba entonces asociada, no a la confianza en la acción de los tribunales, sino al poder armado de los pueblos insurrectos.

Aunque el Plan de Ayala se pudo imponer de forma generalizada solamente en 1915, durante el periodo de la Comuna de Morelos, en los años previos se intentó implementar en las zonas bajo control del Ejército Libertador del Sur. Un testimonio de esto lo encontramos en la siguiente resolución de 1912, que fue la primera expropiación acordada por la dirección zapatista, en medio de la ofensiva militar:

[…] los que suscriben, en nombre de la Junta Revolucionaria del estado de Morelos, teniendo en consideración que ha presentado sus títulos correspondientes a tierras el pueblo de Ixcamilpa, y habiendo solicitado entrar en posesión de las mencionadas tierras que les han sido usurpadas por la fuerza bruta de los caciques, hemos tenido a bien ordenar conforme al Plan de Ayala, que entren en posesión de tierras, montes y aguas que les pertenecen y les han pertenecido desde tiempo virreinal y que consta en títulos legítimos del tiempo virreinal de Nueva España, hoy México (48).

El sustento profundo del Plan de Ayala y de los intentos por llevarlo a cabo, fue la irrupción violenta de amplios sectores de las masas agrarias de Morelos y otros estados, quienes nutrieron el ejército campesino liderado por Emiliano Zapata. Eso fue lo que permitió soportar la política de tierra arrasada del mando militar federal y sustentó las varias ofensivas del Ejército Libertador del Sur contra el gobierno central.

En los meses siguientes a la ruptura entre el gobierno y el Ejército Libertador del Sur, las tropas federales mantuvieron su control en las ciudades del estado, donde actuaban lo que John Womack Jr. llamó “los revolucionarios respetuosos de la ley”, que se postulaban ante Madero como capaces de pacificar el estado, para lo cual pugnaban por reformas limitadas en el campo, que pusieran un alto a la influencia de los rebeldes zapatistas. Mientras tanto, los destacamentos zapatistas desarrollaban su acción en los pueblos y zonas rurales, y cobraban influencia en los estados de Tlaxcala, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Estado de México y Michoacán, donde comenzaban a levantarse partidas de insurrectos.

Los días 9 y 19 de febrero de 1912, el ejército maderista –bajo las órdenes del general Juvencio Robles– realizó cruentas acciones contra la población civil, con el ataque y la quema del pueblo de Santa María Ahuacatitlán. Para obtener mayor cantidad de efectivos militares, Madero lanzó el proyecto del Servicio Militar Obligatorio, en tanto que se decretó la supresión de garantías individuales en Morelos, Guerrero, Tlaxcala y varios distritos del Estado de México y Puebla, bajo la justificación de “satisfacer únicamente la necesidad primordial de asegurar la vida, la honra y la propiedad”. La orientación discursiva gubernamental era abiertamente racista:

“la única bandera de las chusmas surianas es el bandidaje”, y el objetivo, en palabras de Madero, era “acabar con el bandidaje que bajo la forma de un comunismo agrario amenaza la vida, la honra y la propiedad”49, lo cual estaba orientado a tranquilizar a las clases dominantes que veían la amenaza que, sobre la propiedad terrateniente, ejercían los campesinos organizados tras la divisa del Ejército Libertador del Sur.

La ofensiva militar adoptó medidas de recolonización, tomadas de las tácticas que los distintos ejércitos coloniales llevaron adelante en Cuba, Filipinas y la guerra Bóer de Sudáfrica, con lo que se buscaba, previa internación de la población en campos de concentración, “[…] destruir esos reductos zapatistas (forma en la que se refería a los pueblos, N. del A.) y evitar que los vecinos dieran armas, parque y alimentos a los bandidos” (50).

Como escribía John Womack Jr., “[…] el incendio a que se había recurrido como medida desesperada unos cuantos días antes en Santa María pasó a convertirse en sistema”.

Según planteaban los diarios de la Ciudad de México, eso era la forma de evitar que Morelos se convirtiese “en la tumba de nuestro heroico ejército” (51).

En abril de 1912, los zapatistas lanzaron una contraofensiva a través de la cual tomaron de forma momentánea Tepoztlán, Jonacatepec y Jojutla, y expandieron su influencia militar en el estado y zonas aledañas, alentados además por el levantamiento de Orozco en Chihuahua. Es importante considerar en este punto el carácter y la dimensión de las acciones militares de los rebeldes. Según reporta Pineda Gómez, los zapatistas realizaron 2 mil 304 acciones –considerando sólo las que se encuentran documentadas– durante los gobiernos de Madero y Huerta. La forma guerrillera que asumió el Ejército Libertador del Sur, no significaba que se tratase siempre de pequeños destacamentos, ya que “[…] entre 200 y 500 oscilaba el número de rebeldes que, según el diario maderista Nueva Era participaron en los hechos de armas que ocurrieron en el rumbo de Chalco, Tepalcingo, Tejalpa, Topilejo y Tlalquiltenango” (52).

Las acciones tuvieron, en determinados momentos, un carácter ofensivo que no se limitó a emboscadas y acciones en el campo, sino que implicó la ocupación de ciudades en Morelos y los estados aledaños, así como numerosas incursiones en los alrededores de la Ciudad de México (53).

Por otra parte, según Womack Jr., la acción de los zapatistas mostraba sus límites en la dificultad para conservar en su poder los centros urbanos conquistados, y en que el relativo control territorial que ejercían sobre los pueblos no era complementado con el dominio de los centros políticos y administrativos del estado, los cuales no podían mantener por la falta de suministros y de armamento. De hecho, los intentos de Zapata por lograr la asistencia militar del que consideraba su aliado en el Norte, Pascual Orozco, no lograron ningún resultado, y los zapatistas dependieron, para conseguir recursos, de distintas vías, incluyendo la red clandestina de obtención de municiones en la Ciudad de México. Pero la mayor parte del armamento se conseguía a través de los asaltos a los cuarteles y bases militares del Ejército Federal, y era común la falta de pertrechos para hacer frente al enemigo.

En los meses siguientes a la ofensiva zapatista de abril, los sectores “partidarios de la legalidad” en el propio estado se fortalecieron; provenientes en muchos casos de los comerciantes y las clases medias urbanas, a partir del restablecimiento coyuntural de las garantías constitucionales y contando con el apoyo de Madero, comenzaron a preparar una serie de reformas. Esto coincidió con una modificación en la táctica del gobierno federal, que sustituyó a Juvencio Robles por Felipe Ángeles –reconocido por su habilidad negociadora–, y le ofreció a Emiliano Zapata una tregua de tres meses. Esta actitud respondía a la debilidad creciente del gobierno de Madero, el cual, perdiendo el apoyo de las clases dominantes, mirado con creciente desconfianza por la administración estadounidense, e impotente para acabar con la rebelión sureña a pesar de la sangrienta campaña de Robles, intentaba restarle base social al zapatismo y encontrar algún sector en su seno que estuviera interesado en una transacción, lo cual podría dividir y debilitar a su adversario.

En cuanto a la labor de los reformadores de Morelos, un autor plantea, “Después de aceptar provisionalmente las enmiendas constitucionales que había propuesto Eugenio Morales y de promulgar leyes fiscales a favor de las pequeñas empresas urbanas y rurales, los diputados abordaron directamente la cuestión agraria” (54), sin embargo, las tibias reformas –que no iban más allá de un impuesto de 10% a las haciendas y la adquisición por parte del gobierno de parte de las tierras– no sólo no fueron instrumentadas, sino que se volvieron a adoptar medidas represivas.

En este contexto, hay que destacar que la fortaleza del Ejército Libertador del Sur y su avance militar creciente no dependían esencialmente de su potencial técnico y de su capacidad de fuego. Sus éxitos militares, que al final le darían el control sobre Morelos y zonas adyacentes, descansaban en que su programa y su política expresaban la voluntad de resolver hasta el final las demandas de las masas rurales.

Junto a la cohesión política alrededor del problema agrario, el zapatismo logró fuerza organizativa porque el eje de su zona de acción se encontraba en los pueblos que –a través de los gobiernos autónomos–, garantizaban la manutención y el sostenimiento del Ejército Libertador. Por eso, a fines de 1912, cuando se mostró la futilidad de los intentos reformistas de sectores de las clases medias y acomodadas de Morelos, y las maniobras de Madero no fructificaron, el zapatismo volvió a acrecentar su influencia política y su reclutamiento militar en las comunidades.

Como plantea John Womack Jr., los milicianos zapatistas aparecían a veces organizados como destacamentos armados y luego desaparecían al amparo de las comunidades.

En este punto, merece considerarse lo que fue una de las acciones más osadas que proyectó Zapata: el plan para tomar Palacio Nacional el 15 de septiembre, mediante una acción guerrillera ofensiva sustentada en una infiltración paciente, durante los meses previos, de centenares de milicianos zapatistas en la Ciudad de México. Esto –que relata de manera detallada Francisco Pineda en la obra citada–se sustentó en la existencia de una amplia red urbana zapatista, la cual fue descubierta pocos días antes de la fecha señalada mediante la acción de la policía secreta, que era continuidad –en la institución y en los hombres que la lideraban– de los servicios de inteligencia de Porfirio Díaz. El desbaratamiento de la red fue seguido del juicio sumario a sus integrantes, y del traslado de los principales responsables –entre ellos el general zapatista Antonio de la Serna– a Chalco, Estado de México, donde regían las leyes de excepción, para ser “legal” y rápidamente fusilados.

En contraste con el aumento ya mencionado de la influencia zapatista, hay que destacar que, a nivel nacional, “[…] a finales de julio de 1912, el maderismo prácticamente había perdido en su totalidad los apoyos –políticos y militares, del campo y la ciudad, en el Norte y en el Sur– que le permitieron encumbrarse” (55).

Esto se articuló con que, durante septiembre, se inició una ofensiva diplomática por parte de Washington, que reclamó al gobierno de Madero por su incapacidad para defender los intereses de sus connacionales. Ésta fue el preludio del levantamiento de octubre en Veracruz, liderado por el general Félix Díaz, y que contó con la cobertura de buques de guerra de EE. UU., Alemania e Inglaterra.

Aunque esta acción militar fue conjurada por el gobierno, resultó ser el antecedente inmediato del golpe de Huerta en febrero de 1913. Estados Unidos modificaba así su política inicial frente al coahuilense, al cual había apoyado frente a Díaz, quien en los últimos años había virado su política exterior hacia Inglaterra y otras potencias. Este accionar por parte de EE. UU. y sectores del ejército se explicaba, en gran medida, por la incapacidad manifiesta de Madero para dominar la insurgencia campesina y preservar los intereses de las clases dominantes.

En octubre, los zapatistas instituyeron un impuesto revolucionario sobre los hacendados, y elaboraron su propia ley de suspensión de garantías. Dicha normativa, entre otros puntos, “[…] declara fuera de la ley al presidente de la república y su gabinete 2) Amenaza con fusilar en lo sucesivo a quienes se presenten en el sur como delegados de paz… 9) las autoridades políticas serán sustituidas por Comités de Salud Pública” (56).

Con estas medidas, el zapatismo se arrogaba facultades propias de un gobierno revolucionario a escala local. Mientras tanto, realizaba una constante actividad clandestina en la Ciudad de México, para cobrar los “tributos revolucionarios” y eventualmente ajusticiar a quienes se negaban a pagarlos (57). Al mismo tiempo, iniciaba ataques contra 37 grandes propiedades de Morelos, Tlaxcala, Puebla, Estado de México y Michoacán. En Morelos en particular, las haciendas ocupaban 46% del territorio y 79% de los hombres eran peones (58), con lo que el golpe económico y político fue de grandes proporciones. Ante ello, Felipe Ángeles respondió duramente la ofensiva zapatista, lo que le restó legitimidad a su anterior postura negociadora, principal virtud bajo la cual Madero lo había hecho jefe de las operaciones en la zona.

Durante los meses siguientes Morelos, que había sido el principal foco de oposición a la transacción de Ciudad Juárez, irradió su influencia hacia los estados cercanos. Las últimas semanas del gobierno fueron de una lucha ascendente en el sur del país, en las cuales se inscribieron los ataques a las haciendas y las leyes de excepción zapatistas: “[…] la ciudad de Oaxaca fue aislada militarmente por la acción de las fuerzas de Oseguera; Toluca estuvo en una situación similar, aunque por menos tiempo; mil insurgentes de Guerrero al mando de Jesús Salgado permanecieron amenazando con pasar a Morelos; Izúcar de Matamoros, Cuautla y Yautepec fueron atacadas también por el Ejército Libertador” (59), en tanto que en el Estado de México, alrededor de 5 mil rebeldes controlaban varios distritos; la acción más importante en Morelos, la toma de Ayotzingo el 9 de enero de 1913, marcaba –por su ubicación geográfica– la posibilidad del acceso a la Ciudad de México, lo cual fue conjurado por la recuperación de este punto, lograda con mucha dificultad por las tropas federales. Aunque el zapatismo, en esta fase de la Revolución, no pudo mantener en su poder ninguna plaza importante ni lograr la fuerza militar para derrotar al Ejército Federal, desarrolló una acción ofensiva y, al momento del golpe huertista contra Madero, era una fuerza política y militar fortalecida, que podía empalmar con el descontento que comenzaba a desarrollarse en otras zonas del país.

El zapatismo debe considerarse teniendo en cuenta la dinámica de su trayectoria. Al inicio entró en alianza con un sector de la misma clase dominante organizado tras la figura de Francisco I. Madero y apoyó un programa —el Plan de San Luis— que se limitaba a la reforma del régimen político. A partir de los acuerdos de Ciudad Juárez avanzó hacia la independencia política y programática, expresada en el Plan de Ayala y en el enfrentamiento con el Ejército Federal bajo las órdenes del nuevo gobierno maderista. Es ilustrativo en ese sentido lo que señala Adolfo Gilly, cuando plantea que “[…] Lo que le permitió después convertir el apoyo en alianza y la alianza en ruptura y en movimiento con programa revolucionario propio, fue que desde un comienzo la Revolución del sur se organizó con su propia dirección, elegida por los pueblos y los combatientes, y con su organismo independiente de la dirección burguesa: el Ejército Libertador del Sur” (60).

O, como afirma Francisco Pineda, para quien durante el periodo maderista “[…] ya era una fuerza popular autoorganizada, con una capacidad militar considerable, unidad y fuerza moral, independencia política, un liderazgo radical y su propia bandera de lucha, el Plan de Ayala” (61).

El zapatismo mostró una tendencia a superar una característica de las rebeliones rurales del México del siglo XIX y de otros levantamientos campesinos a lo largo de la historia: la subordinación a distintas facciones de las clases dominantes.

Como plantea Katz en relación con el siglo XIX mexicano, “[…] tanto los liberales como los conservadores intentaban movilizar a los campesinos en su provecho cuando luchaban contra un gobierno central dominado por un grupo rival” (62).

Esta tendencia que expresó el zapatismo no se visualizó en la mayoría de los movimientos rurales que emergieron durante esos años en varios estados, cuestión que tratan Katz y otros historiadores (63). Como hemos dicho, los pueblos de Morelos como pilar de una organización militar independiente, aunado al impulso profundo de las demandas agrarias, fueron el secreto de la fuerza social del zapatismo y de su dinámica política.

A la luz del proceso abierto con el levantamiento maderista del 20 de noviembre, podemos decir que el elemento definitorio en la apertura de la Revolución fue la emergencia del zapatismo, considerado como una fracción radical del campesinado y como una dirección política-militar que avanzó en su independencia de la burguesía maderista.

Visto desde el punto de vista de la concepción clásica del marxismo, y considerando la experiencia contemporánea bajo el capitalismo, el despliegue de un proceso revolucionario descansa, en términos generales, en la irrupción de las masas en la historia, buscando tomar en sus manos la resolución de su propio destino. Considerando la definición clásica de Lenin:

La ley fundamental de la revolución, confirmada por todas ellas, y en particular por las tres revoluciones rusas del siglo XX, consiste en lo siguiente: para la revolución no basta con que las masas explotadas y oprimidas tengan conciencia de la imposibilidad de vivir como antes y reclamen cambios, para la revolución es necesario que los explotadores no puedan vivir ni gobernar como antes. Sólo cuando las “capas bajas” no quieren lo viejo y las “capas altas” no pueden sostenerlo al modo antiguo, sólo entonces puede triunfar la revolución (64).

Eso adquiere su concreción cuando las masas y en particular el proletariado, como clase fundamental de la sociedad capitalista, realizan acciones históricas independientes respecto a los distintos sectores de las clases dominantes, tales como huelgas e insurrecciones, que le imprimen al proceso histórico una dinámica de aguda confrontación entre revolución y contrarrevolución. Y donde su resolución se dirime sea mediante el triunfo revolucionario de las masas insurrectas, sea mediante el aplastamiento de las facciones más enérgicas y resueltas de las clases explotadas y oprimidas por parte de la burguesía.

En el México de inicios del siglo XX, ante la ausencia de una clase obrera capaz de protagonizar grandes acciones revolucionarias, otros sectores ocuparon el centro del proceso histórico. La particularidad del mismo fue que una fracción de las masas agrarias, con su rebelión contra el gobierno de Madero, realizó lo que podríamos considerar una acción histórica independiente de las direcciones burguesas, y marcó así la creciente tendencia anticapitalista que fue el signo de los acontecimientos más álgidos de la lucha de clases, hasta el triunfo de la facción constitucionalista. Aunque los sucesos previos –como la lucha contra Porfirio Díaz– representaron los primeros momentos de este proceso revolucionario, fue la ruptura zapatista con la dirección maderista, aunado a la proclamación del Plan de Ayala y la lucha por imponerlo, el punto de inflexión que obligó a la clase dominante a preparar una respuesta abiertamente contrarrevolucionaria, como fue el golpe de Huerta. Esto, a contramano de las propias intenciones de la burguesía, terminó abriendo las compuertas a una irrupción generalizada de masas, que asumió la forma de una cruenta guerra civil. Este proceso ya no pudo ser contenido ni frenado por reformas en el régimen político, para ello sería necesario lograr la derrota física de los ejércitos campesinos radicales de Villa y Zapata.

El golpe de Victoriano Huerta y la generalización de la guerra civil

El 9 de febrero de 1913, una fracción de la guarnición federal de la Ciudad de México liberó a los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz (quien era sobrino del ex dictador), detenidos por encabezar sendas intentonas fallidas contra Francisco I. Madero. En un golpe de Estado largamente anunciado, se movilizaron al Palacio Nacional para intentar deponer al coahuilense, pero fueron repelidos por las tropas comandadas por Lauro Villar, replegándose al edificio conocido como la Ciudadela. Herido Villar en las primeras escaramuzas, Madero lo sustituyó por Victoriano Huerta, quien raudamente comenzó a conspirar con los golpistas, y llegó a un acuerdo con Félix Díaz (Reyes había muerto en la primera descarga de fusilería), suscrito en la embajada de Estados Unidos, con la anuencia y la participación del embajador Henry Lane Wilson. Por medio del mismo se estipulaba el derrocamiento de Madero y su reemplazo por Huerta, hasta una posterior convocatoria a elecciones en las que podría eventualmente participar Félix Díaz, aunque éste fue luego desplazado y enviado a Japón por el nuevo dictador. Los acontecimientos son conocidos: Madero y Pino Suárez fueron apresados el 19 de febrero, la mayoría abrumadora del Congreso le dio un manto de legalidad al golpe y Huerta fue investido, en tanto que el presidente y vicepresidente fueron asesinados el día 22.

Estos hechos mostraron la infamia de las instituciones del régimen democrático-burgués, que se pusieron al servicio de sancionar el golpe huertista, y el fracaso de la vía democrática con la que el hacendado lagunero intentó contener el aceleramiento inevitable de la confrontación entre revolución y contrarrevolución que se anunciaba en Morelos. En ese sentido, la política de Madero sólo sirvió para preservar la propiedad privada frente al embate de los sectores de masas que se habían levantado contra la dictadura de Porfirio Díaz, y para que la fracción más encumbrada de la clase dominante y el imperialismo estadounidense retomaran la ofensiva, intentando aplastar a sangre y fuego la Revolución. Esto se expresó concretamente, una vez que Huerta accedió al gobierno, en un verdadero acrecentamiento del aparato de guerra del estado mexicano, con una duplicación de la tropa, que pasó de 48 mil a más 90 mil efectivos entre febrero y diciembre de 1913.

El nuevo gobierno intentó, por una parte, atraerse al movimiento obrero; tanto Huerta como Félix Díaz se disputaron el apoyo de algunos sectores del proletariado.

De igual forma, mediante promesas de resolver las demandas agrarias, aquél incorporó a sus filas a Pascual Orozco, que transitó de un antimaderismo con cierto viso agrarista, a convertirse en el líder militar de las fuerzas contrainsurgentes en Chihuahua y Durango y el ariete de la contrarrevolución en el norte del país. Sin embargo, este reclutamiento fue una excepción; el golpe de Estado despertó la rebelión en todo el país, que tuvo varios focos fundamentales en los meses siguientes, con diferentes dinámicas y características, y de donde surgieron las fuerzas político-militares que triunfaron en la lucha armada contra Huerta, y que fueron posteriormente protagonistas de la confrontación al interior del bloque insurgente.

Mientras la mayoría de los gobiernos estatales abandonaban todo viso de maderismo y se alineaban con Huerta, los gobernadores de Sonora y Coahuila, José María Maytorena y Venustiano Carranza, entraron al final en rebeldía, con el apoyo de la mayoría de las milicias estatales que se habían mantenido organizadas durante el anterior gobierno de Madero. Esto permitió que la lucha en el noreste y noroeste del país se organizara contando con los importantes recursos económicos de los estados, entre los que se contaban los impuestos aduanales.

En Coahuila, el pronunciamiento de Carranza reivindicó la continuidad institucional frente a la usurpación huertista, considerándose como el legítimo sucesor de Madero. Su movimiento estuvo orientado hacia una revolución eminentemente política, muy alejada de incorporar demandas económicas y sociales.

Después de que sus primeras acciones militares contra las fuerzas federales no fueron exitosas, el gobernador decidió centralizar las partidas rebeldes que actuaban en el estado, y contrarrestar las tendencias localistas mediante un plan político nacional –el Plan de Guadalupe– que fue suscrito por los jefes militares, retirándose de la dirección táctica de la lucha, la cual más tarde delegó en Pablo González Garza. Como planteaba Jorge Aguilar Mora, “[…] decidió imponerles a todos una guía política general que sirviera al menos de precedente de que era él quien manejaba y quien ofrecía la perspectiva general, sin la cual la guerra se volvía un asunto de intereses particulares y regionales” (65).

El Plan de Guadalupe tenía como objetivo instituir un gobierno legítimo y constitucional encabezado por el mismo Carranza, quien era designado como el Primer Jefe de la Revolución. El gobernador de Coahuila resistió de manera firme a aquellos oficiales que, como Lucio Blanco y Francisco J. Múgica, reclamaron la incorporación de demandas sociales al Plan, respondiéndoles: “¿Quieren ustedes que la guerra dure dos años, o cinco años? La guerra será más breve mientras menos resistencia haya que vencer. Los terratenientes, el clero y los industriales son más poderosos que el gobierno usurpador; hay que acabar primero con éste y atacar después los problemas que con juicio entusiasman a todos ustedes” (66).

En el estado de Sonora, el golpe huertista despertó distintos levantamientos encabezados por los jefes que se habían destacado en la lucha contra Porfirio Díaz y contra la rebelión de Orozco, como Benjamín Hill, Salvador Alvarado o Álvaro Obregón, quienes presionaron al gobernador José María Maytorena para que organizase la rebelión contra el gobierno central. Maytorena, un rico hacendado que se había negado a reconocer a Huerta, era temeroso de las consecuencias sociales de una rebelión armada. Al final dejó el lugar a Ignacio Pesqueira, bajo cuyo gobierno se organizó la lucha en el estado y se reconoció el liderazgo de Carranza. Esto evidenció un desplazamiento en la dirección de la rebelión en Sonora, ya que los hacendados tradicionales dejaron lugar a una nueva camada de origen pequeñoburgués, vinculada a los sectores medios postergados por las oligarquías locales bajo el porfirismo, la cual desde el periodo maderista había iniciado un ascenso político y llegaría a ser la facción dominante en el Estado nacional posrevolucionario.

Durante los siguientes meses, en Coahuila y Sonora se realizaron las primeras acciones militares de cierta importancia, a partir de lo cual emergieron los Ejércitos Constitucionalistas del Noroeste y del Noreste. En Sonora, mientras despuntaba el mando militar de Obregón –que luego fue nombrado por Carranza como jefe del Ejército del Noroeste–, se fue recuperando el dominio sobre el estado, con la batalla de Santa Rosa, en mayo de 1913, quedando el puerto de Guaymas como el único punto importante del estado en manos federales. En Coahuila, el mando de Pablo González mantuvo una acción errática y con escasa fortuna; González se empeñó en atacar sin demasiada planificación ni apoyo de artillería a las tropas federales, y sólo pudo ganar su primera batalla en los últimos días de noviembre de 1913 en Ciudad Victoria, cuando la superioridad numérica fue abrumadora y compensó su escaso talento militar.

En estos estados, el golpe de Estado no interrumpió la continuidad institucional, encabezada por los gobernadores y las legislaturas locales, los cuales pudieron, basándose en el aparato estatal, establecer un férreo control sobre el movimiento de masas. Retomando la definición dada por Héctor Aguilar Camín, adquirió el carácter de una rebelión administrada, la cual se caracterizó por preservar la propiedad de la burguesía y los terratenientes, así como de las empresas extranjeras. Las haciendas propiedad de enemigos de la rebelión que se habían ausentado, representaron una fuente de recursos para la guerra, pero en ningún momento se repartieron ni fue proyectada su posterior distribución entre los campesinos; lejos de ello, se reprodujeron las formas de trabajo del viejo régimen, incluyendo la utilización del sistema de aparcerías, como fue en el caso del sur agrícola sonorense (67). Sabido es que Carranza censuró fuertemente el reparto agrario efectuado por el general Lucio Blanco en Matamoros, aunque hay que recordar que el mismo –realizado en la hacienda La Sautena, cuya extensión era cercana a 800 mil hectáreas– al final sólo implicó la distribución de 151 hectáreas entre 12 familias de campesinos68. La reacción de Carranza respondió, más que al efecto inmediato del reparto, a evitar un precedente que pudiese alentar la ocupación espontánea de tierras.

De igual forma, fueron preservados los intereses de las empresas mineras, otorgándoles múltiples garantías. En el caso de la Cananea Consolidated Cooper Company se le dio vigilancia militar permanente, y tuvo “[…] tantos soldados disponibles para contener al único enemigo intermitente y levantisco que tuvo siempre: el radicalismo de los hombres que se empolvaban en los tiros de sus minas” (69).

Cabe recordar que en 1912 Benjamín Hill, siendo prefecto maderista, fue el responsable de la represión al movimiento huelguístico en Cananea, en tanto que los obreros de la gran textil Los Ángeles sufrieron similar suerte a manos del maderismo local.

Los constitucionalistas de Sonora y de Coahuila se aseguraban así cuantiosos recursos provenientes de la exportación y de los impuestos aduanales, al tiempo que ahuyentaban cualquier tendencia a la irrupción independiente de los campesinos y los trabajadores, y circunscribían el movimiento antihuertista a una revolución de carácter político.

Como dice Aguilar Camín:

[…] la muy decisiva consecuencia de la esta rebelión administrada como una guerra internacional, fincada en las prioridades heredadas de la organización burocrática estatal y no en el propósito de responder a las demandas sociales y políticas de los combatientes mismos, fue un ejército cuya última razón cohesiva, aparte del entusiasmo general y la lealtad y la admiración a un jefe, era el haber, la paga, el riesgoso empleo de soldado (70).

Y esto es fundamental: a diferencia de lo que veremos en la División del Norte o en el Ejército Libertador del Sur, los ejércitos de González y Obregón, si bien se basaban en el voluntariado, no estaban impulsados por ninguna consigna ni bandera en torno a la lucha por las demandas sociales y por la tierra.

Congruente con esto, los oficiales no eran electos por la tropa, sino que respondían a una cadena de mando que emanaba del Primer Jefe y que pretendía reproducir la estructura de un ejército profesional burgués. Hay que recordar que Carranza intentó en vano trasladar esto a la División del Norte, otorgando nombramientos y ascensos que ya eran un hecho consumado y respaldado por el reconocimiento de la propia tropa en la lucha armada, con la sola intención de ser él quien apareciera dándolos y resguardar el principio de autoridad de un ejército tradicional. Para garantizar la cohesión de la fuerza armada, los sonorenses instituyeron tiendas de provisión para las familias de los soldados que se encontraban combatiendo, con lo cual evitaban que éstos abandonasen el ejército, pero donde cada producto entregado a la familia era descontado del salario de los soldados. Se reproducían así las características de las tiendas de raya, en una suerte de proletarización de la tropa.

Por otra parte, los mandos superiores, en su gran mayoría, provenían de la clase dominante o de sectores medios de la sociedad norteña, relacionados entre sí por vínculos familiares y de compadrazgo. Eran el estrato dominante de una sociedad de frontera que durante décadas estuvo militarizada, y que tenía entre sus atributos la disciplina militar, la solidaridad de grupo y la autodefensa en la lucha contra los pueblos indígenas. Esos rasgos permiten entender la decisión de combatir militarmente al huertismo por parte de estos sectores postergados por el porfiriato, en aras de recuperar el control político y jugar un rol preponderante en la reorganización del Estado nacional.

En el caso de la oficialidad media del Ejército del Noreste, está documentado que había un buen número de empresarios agrícolas o hijos de familias acaudaladas, y, en contraste, “[…] no hay un solo peón de campo ni un solo pequeño propietario agrícola y apenas media docena de trabajadores manuales asalariados, en su mayoría, en los talleres del ferrocarril” (71).

La distancia existente con la tropa rasa se fue acrecentando cuando los oficiales, en la medida en que la guerra se inclinaba a su favor, se aprovechaban del saqueo de las propiedades de los representantes del antiguo régimen, o se casaban con las hijas de la alta sociedad porfirista, en clásicos mecanismos de encumbramiento económico efectuados por un sector que empezaba a vislumbrar su futuro dominante en el terreno político.

En Chihuahua, el gobernador Abraham González, connotado referente del maderismo y quien amenazaba rebelarse contra Huerta en los días de febrero de 1913, fue apresado y destituido por las fuerzas federales estacionadas en el estado.

Aunque luego llamó al Congreso y a las milicias auxiliares a que no entrasen en rebeldía, fue trasladado a la Ciudad de México y asesinado en el trayecto. Este acontecimiento marcó la dinámica de la rebelión en Chihuahua, que a diferencia de Sonora y Coahuila, no mantuvo una continuidad institucional y adquirió el carácter de una “rebelión no administrada”, como plantea Pedro Salmerón.

A pesar de la ocupación del gobierno de Chihuahua por parte de los huertistas, y de que el gobernador duranguense Carlos Patoni reconoció a Huerta, tempranamente se sucedieron los primeros pronunciamientos contra el golpe en ambos estados, liderados por revolucionarios que habían protagonizado las acciones militares de 1910-11, como Manuel Chao, Toribio Ortega o Tomás Urbina, entre otros. Según Katz, si en los Ejércitos del Noreste y Noroeste la rebelión constitucionalista se basó en las milicias estatales, en el caso de Chihuahua, el hecho de que las mismas se hubieran pasado al alzamiento orozquista y luego al huertismo, hizo “[…] necesario crear un nuevo ejército popular. Su núcleo no estaba compuesto por milicias profesionales, sino por hombres reclutados en sus comunidades y que todavía conservaban sus vínculos con ellas” (72).

El 8 de marzo Villa regresó de su exilio en Estados Unidos, y se sumó a la preparación de las acciones militares, reclutando el núcleo inicial de su ejército de las sierras de Chihuahua. A principios de abril, los rebeldes se movían por el occidente de este estado en numerosas partidas de varios centenares de combatientes, mientras que “menos de un mes había bastado para que la tercera parte del territorio de Durango cayera en manos de los rebeldes populares” (73). Hay que destacar que las partidas actuantes en estos estados se levantaron sin coordinación entre sí, y durante buena parte de 1913 no tuvieron un mando centralizado.

Las mismas sólo se referenciaban con el liderazgo nacional de Carranza, pero su actuación cotidiana era autónoma de las directrices del Primer Jefe.

Las diferencias con los ejércitos originados en Coahuila y Sonora eran evidentes. En primer lugar hay que considerar la larga historia de conflictos agrarios y sociales en distintas zonas de Chihuahua, Durango y la comarca lagunera, de donde surgieron los contingentes centrales de lo que luego fue la División del Norte (74), una historia distinta a los otros estados de la región. Esto se expresó en el espíritu de lucha de sus combatientes, motivado por el enfrentamiento a la oligarquía y sus gobiernos, lo cual se potenciaba por el hecho de que los destacamentos se agrupaban por la zona o comunidad de origen, compartiendo experiencias y penurias, con una composición social muy heterogénea –en cierta medida expresión de la diversidad de los sectores agrarios populares. Katz, por ejemplo, plantea que:

[…] la División del Norte no era en modo alguno un ejército exclusivamente campesino.

Había también vaqueros, mineros y personas sin ocupación fija. Además, muchos de los campesinos que procedían de otras regiones de México se incorporaban como individuos y no como comunidades, a veces por conciencia revolucionaria, a veces simplemente para sobrevivir. Recibían una paga regular, bonos después de cada victoria y, para algunos de ellos por lo menos, el ejército se convertía en un modo de vida (75).

Paco Ignacio Taibo II, por su parte, sostiene que:

[…] se trata de ferrocarrileros, panaderos, abigeos, vaqueros, carniceros, ex soldados, pequeños comerciantes de pueblo, bandoleros, maestros de escuela, arrieros, rancheros con poca tierra y algo de ganado, peones sin tierra, mineros, albañiles; y casi todos tienen en común la movilidad laboral […] resulta relativamente sencillo definirlos a partir de sus enemigos comunes: la oligarquía agraria industrial chihuahuense y su instrumento militar (los rurales, la acordada), la estructura militar porfiriana, los grandes comerciantes extranjeros (españoles) y los pequeños comerciantes (chinos y libaneses) y el clero católico (76).

Los mandos de lo que a partir de septiembre de 1913 sería la División del Norte tenían una composición social y una relación con su tropa muy distinta a la que construyó la jefatura de los Ejércitos del Noroeste y del Noreste. Rancheros independientes, intelectuales o maestros (como José I. Robles o Eugenio A. Benavides), en algunos casos “rancheros ladrones” (como denomina Pedro Salmerón a Tomás Urbina y Trinidad Rodríguez) o trabajadores reclutados individualmente (como el caso de Rodolfo Fierro), en su mayoría devenían su mando militar de ser caudillos regionales y de haber sostenido antes una lucha contra los agravios del viejo régimen, cuya mayor expresión fueron los caudillos agraristas duranguenses que mencionamos anteriormente (77).

Aunque las fuerzas rebeldes actuantes en Durango y Chihuahua estaban formalmente encuadradas en el constitucionalismo y obedecían las directrices del Primer Jefe, sus mandos debían su liderazgo efectivo a la autoridad ganada ante los combatientes, de igual forma que el nombramiento de Villa residía en la decisión de los distintos jefes que en la hacienda de La Loma, el día 26 de septiembre de 1913, delegaron el mando en el Centauro, en lo que fue el acta de nacimiento de la División del Norte.

El villismo fue la expresión militar más avanzada de la rebelión agraria contra los terratenientes norteños, incubada en los años previos a la Revolución y que hizo eclosión en la lucha primero contra Díaz y luego contra el huertismo, así como en el descontento con la postergación, por parte de Madero, de las demandas sociales de los revolucionarios de 1910-1911. Basado en una masa popular heterogénea que se armó y entró a la bola, hay que establecer que el quiebre institucional en Chihuahua y Durango, que resultaba en que no había gobierno estatal que se arrogara el resguardo de la legalidad maderista, abrió el cauce para la emergencia de una dirección militar plebeya y la impulsó a adoptar medidas políticas y económicas que transgredieron en muchos aspectos el programa del mando constitucionalista. No pretendemos obviar ni sus limitaciones ni aquellas páginas de la historia que muestran a Villa como una figura plagada de contradicciones políticas; tampoco dejar de lado sus diferencias con el agrarismo zapatista ni adjudicarle un programa que no tenía. La confianza de Villa en Madero, su participación en la represión contra la rebelión de los colorados (tan contradictoria y compleja como el mismo villismo) y su confrontación con los magonistas, expresaron lo tortuoso que para las masas agrarias y populares resultó realizar una experiencia con el gobierno maderista y el lastre que representó la confianza en el mismo por parte de sus caudillos. Pero es evidente que, después del levantamiento contra Huerta, el proceso en Chihuahua y Durango asumió una dinámica que, motorizada por la lucha contra la dictadura, pondría en el centro la confrontación con el régimen político, social y económico de la oligarquía norteña.

En el zapatismo, el ascenso de Huerta al gobierno, lejos de generar alguna ilusión, reafirmó que la lucha por el Plan de Ayala continuaba. El mismo fue actualizado, siendo el nombre de Pascual Orozco borrado por su subordinación al nuevo gobierno, y se incorporó explícitamente que la pelea se orientaba contra la nueva dictadura. Es conocido que los numerosos negociadores enviados por Orozco y por Huerta fueron detenidos por los zapatistas y llevados ante un Tribunal Revolucionario, el cual determinó el fusilamiento de varios de ellos, incluido Pascual Orozco padre. El ascenso de Huerta al gobierno y la ofensiva de éste contra el movimiento obrero de la Ciudad de México impulsó a muchos estudiantes, intelectuales y obreros magonistas y anarcosindicalistas, a sumarse de forma individual a las filas zapatistas, llegando a ocupar, en varios casos, puestos importantes en la estructura político-militar del Ejército Libertador del Sur.

Durante los meses siguientes al golpe de Huerta, en las zonas en las que actuaban los revolucionarios del sur, recrudeció una fuerte ofensiva militar, que incluyó la reconcentración de las poblaciones, la destrucción de los pueblos considerados como “nidos zapatistas”, así como la leva forzosa de sus habitantes, instaurando en Morelos un verdadero estado de sitio. Frente a esto, el zapatismo realizó acciones en 12 estados de la república (78), y de mayo a octubre de 1913 los hechos de armas fueron más numerosos en el Estado de México que en Morelos (177 frente a 139, según el recuento de Pineda), mostrando una acción creciente de enfrentamiento y hostigamiento contra las fuerzas federales en zonas más alejadas de sus bases tradicionales. Desde octubre de 1913, la ocupación militar en Morelos impulsó a Zapata a trasladar sus acciones al estado de Guerrero, donde tenía un mayor margen para los movimientos militares.

Los triunfos de Villa en el Norte obligaron al gobierno a enviar allí la mayor parte de sus tropas, lo cual facilitó el accionar de los zapatistas. Por otra parte, la evolución desfavorable de la guerra para el gobierno se expresó también en el Sur: el primer trimestre de 1914 mostró una ofensiva de las partidas rebeldes en los estados de México, Guerrero, Morelos y Puebla. En febrero de 1914 se realizó el primer ataque a Chilpancingo, capital de Guerrero, que fue ocupada a mediados de marzo, ocasión en la cual los zapatistas designaron como gobernador al general Jesús Salgado. Durante abril continuó la ofensiva en distintas ciudades del estado, como Iguala, que fue tomada por los rebeldes. El resquebrajamiento del Estado burgués se expresó en el amotinamiento y el pase a las filas zapatistas de sectores del ejército, lo cual se vio por ejemplo en el caso de la guarnición de San Gabriel, en abril de 1914. El 1 de mayo cayó Jojutla, en Morelos, y Cuernavaca fue sitiada por los rebeldes. Carencias tales como la ausencia de artillería y la escasez crónica de suministros limitaban el desempeño del Ejército Libertador del Sur, lo cual se expresó en el estancamiento del sitio de Cuernavaca. A pesar de ello, durante las últimas semanas del gobierno, realizaron frecuentes incursiones en los alrededores de la Ciudad de México (79), mostrando la determinación de entrar a la capital del país cuando se desmoronase el Ejército Federal. La lucha de las masas de Morelos y los estados del sur contra Huerta fue acompañada de una profundización del programa político enarbolado en el Plan de Ayala, expresado en varios manifiestos y cartas, que serán el fundamento de la experiencia política y social que los zapatistas realizaron en 1915 y sobre lo cual volveremos más adelante.

Habíamos mencionado que, a inicios de marzo de 1913, Villa ingresó al territorio nacional, lo cual fue seguido de una serie de eventos militares en el occidente y el sur de Chihuahua, que incluyeron acciones contra los hacendados, las cuales acrecentaron rápidamente su prestigio entre la población oprimida y explotada del estado y ampliaron su base social.

El día 10, sin detenerse, arribaron a la hacienda del Carmen, propiedad de los Terrazas.

Los campesinos les muestran un árbol donde eran atados y azotados los peones por faltas menores, le cuentan que el administrador de los Terrazas, un tal Salvatierra, ejercía el derecho de pernada con las doncellas. Villa lo condena a muerte y ordena su fusilamiento; destruye los libros de la hacienda, arenga a los peones para que nombren sus autoridades y entrega a la comisión las llaves de la casa grande, la tienda de raya, las bodegas y las trojes, para que tomen lo que necesiten para vivir. De la misma manera actúa poco después en San Lorenzo, otra hacienda de los Terrazas (80).

Los revolucionarios en Chihuahua y Durango enfrentaron desde el inicio a importantes destacamentos federales, así como a las fuerzas irregulares de Pascual Orozco y Benjamín Argumedo. Para la segunda quincena de agosto, Villa había organizado a más de mil combatientes bien equipados. Con esas tropas tomó San Andrés, una de sus primeras acciones de importancia, y convocó a los distintos jefes rebeldes que actuaban en la región a coordinarse para atacar Torreón, ciudad clave de la zona agrícola de La Laguna, y punto estratégico por tratarse de un nudo ferroviario.

La centralización militar era una necesidad imperiosa para conducir una lucha exitosa contra las numerosas fuerzas gubernamentales y evitar el desorden que se suscitó después de algunos triunfos logrados por destacamentos de insurgentes.

Hay que recordar que, a mediados de junio, la ocupación de la ciudad de Durango por parte de fuerzas rebeldes terminó en saqueos, lo que restaba apoyo social a la rebelión. Por otra parte, el intento reciente por tomar Torreón, efectuado por las fuerzas de Tomás Urbina, Calixto Contreras, Domingo Arrieta y Orestes Pereyra, fracasó en medio de fuertes disputas con Venustiano Carranza, quien había acudido a dirigir las acciones e imponer su autoridad sobre jefes acostumbrados a actuar de manera autónoma.

La reunión ya mencionada en la hacienda de La Loma sirvió para preparar una acción coordinada y sincronizada. En los días siguientes tuvo lugar la batalla de Torreón, en la cual la División del Norte (81) avanzó sobre las ciudades vecinas de Lerdo, Gómez Palacio y al final Torreón, la cual cayó en poder de los rebeldes entre el 1 y el 2 de octubre de 1913, constituyéndose en la primera prueba de fuego exitosa de la División del Norte y de su creciente potencia militar.

En los meses siguientes, el peso principal de la lucha contra el ejército federal y las partidas irregulares de los colorados en el país, recaería sobre la flamante División del Norte. En Sonora, aislada en términos relativos por su geografía y el menor desarrollo de las vías de comunicación, las tropas rebeldes del gobierno estatal de Hermosillo, lideradas por Obregón, comenzaban a moverse por el Occidente hacia el Sur: el 20 de noviembre de 1913 cayó Culiacán en Sinaloa, y varios meses después, el 18 de mayo de 1914, fue tomada Tepic en Nayarit, siendo recién en julio el turno de la plaza de Guadalajara, en Jalisco, cuando ya Huerta estaba derrotado. Entretanto, la acción del Ejército del Noreste de Pablo González se mantuvo en su zona inmediata de influencia, y recién en abril y mayo de 1914 fueron tomadas la importante plaza portuaria de Tampico, en Tamaulipas, y Monterrey, en Nuevo León. Su acción principal sería hasta después de la caída de Huerta, cuando recibió el encargo, por parte de Carranza, de ocupar amplias zonas del territorio nacional. La División del Norte, en cambio, actuó siguiendo el camino de la vía férrea más importante del país, que bajaba hacia la Ciudad de México; atacó las plazas en su camino y consiguió, mediante la utilización de los trenes, celeridad en sus movimientos fulminantes.

En las semanas siguientes al triunfo de Torreón, Villa continuó con el proceso de unificación de las guerrillas que actuaban en la región. Alistó y reorganizó las redes de adquisición de material de guerra en Estados Unidos, que durante toda la campaña fue su principal fuente de provisión. La preservación de estas vías de suministro fue una preocupación constante para Villa y su debilitamiento terminó siendo un factor de peso en la suerte adversa de sus campañas posteriores.

La jefatura de la División decidió atacar Chihuahua, la capital del estado que contaba con alrededor de 40 mil habitantes y era otro nudo ferroviario clave en el camino hacia la frontera, con una guarnición de más de 6 mil soldados. La División del Norte, con menos fuerza numérica, fue repelida; mientras tanto, Torreón era retomado por el Ejército Federal, dejando al Centauro sin retaguardia.

En esas circunstancias tan desfavorables, Villa urdió una jugada arriesgada: lanzarse a marchas forzadas al Norte, para caer sobre Ciudad Juárez con una parte de sus tropas, mientras dejaba al resto de contención, amagando atacar Chihuahua. En el camino, los revolucionarios realizaron una de las acciones más audaces y célebres de la guerra civil. Capturaron un tren carbonero, el cual fue utilizado como un verdadero caballo de Troya: apresando a los telegrafistas de cada estación y dando la contraseña de los federales, lograron entrar a Ciudad Juárez el 15 de noviembre. El resultado fue la rápida toma de la plaza, lo cual le dio a Villa el control de una ciudad fronteriza fundamental para incrementar el tráfico de armas y municiones que le otorgó un nuevo impulso a la campaña y a la leyenda de su genio militar.

El 24 y 25 de noviembre de 1913 se dio una nueva batalla, esta vez en las cercanías de la estación de Tierra Blanca, al sur de Ciudad Juárez. En la misma la División del Norte se enfrentó con el grueso de las fuerzas federales estacionadas en Chihuahua, comandadas por el general Salvador Mercado, las cuales fueron derrotadas y se replegaron sobre la capital del estado. La importancia de esta batalla puede verse en el hecho de que, a los pocos días, Mercado abandonaría la ciudad de Chihuahua –que cayó en poder de Villa el 8 de diciembre– y se retiró a Ojinaga, población fronteriza ubicada junto al río Bravo. Allí de nuevo fue derrotado, junto a Pascual Orozco y los colorados que le quedaban, entre el 10 y el 12 de enero de 1914, en una acción donde el avance de las columnas villistas provocó la huida descontrolada y la completa liquidación de estas fuerzas. Según el mismo Mercado “es la primera vez en nuestra historia militar, que muy cerca de dos mil hombres de nuestras fuerzas huyen a los primeros disparos” (82): más de 3 500 federales y 1 600 soldaderas fueron detenidas por las tropas estadounidenses del otro lado de la frontera.

***

La entrada de Pancho Villa a la ciudad de Chihuahua el 8 de diciembre, marcó el inicio de su experiencia como gobernador del estado que, aunque breve –ya que el 7 de enero renunció para dejarle el puesto a Manuel Chao– permite ver los alcances y limitaciones de la concepción política dominante en el villismo.

Su acción fundamental fue el Decreto de confiscación de los bienes de los enemigos de la revolución, del 12 de diciembre de 1913. Mediante el mismo se acusaba a gran parte de los terratenientes de complicidad con los golpistas y de fraude al erario público y se anunciaba, como forma de “cortar el mal de raíz […] la confiscación de los bienes pertenecientes a los malos mexicanos que han comerciado con la vida humana y que son los inmediatos responsables del derramamiento de nuestra sangre” (83), lo cual afectaba todos los bienes de las principales familias de la oligarquía, empezando por los Terrazas y los Creel. Francisco Villa realizaba una acción radical de inmediatas consecuencias sociales: aunado a la acción de la División del Norte que había descalabrado al Ejército Federal y a las tropas irregulares en Chihuahua, el decreto apuntaba en los hechos a quebrar el viejo aparato estatal local, preservado durante el periodo maderista, ya que con la expropiación se liquidaba el poder económico y político de la mayoría de la clase terrateniente. Basta comparar esto con el accionar de los constitucionalistas en Coahuila o en Sonora, que mantuvieron incólume la institucionalidad y la propiedad de la gran burguesía agraria.

La actuación de las distintas facciones de los revolucionarios norteños en su paso por los gobiernos estatales, fue una muestra sustantiva de los distintos proyectos existentes y de las tendencias políticas y sociales que aparecían en el horizonte: mientras la “intervención” de parte de las haciendas por los Ejércitos del Noroeste y Noreste eran presentadas como algo temporal, las expropiaciones en Chihuahua se postulaban como definitivas. Sus consecuencias también eran distintas, en particular en el hecho de que el villismo incentivaba un mayor protagonismo de las masas populares en el proceso revolucionario.

Como plantea Taibo II:

[…] la verdadera radicalidad de lo que estaba sucediendo en Chihuahua no sería claramente visible y se encontraba en que la desaparición del poder de los hacendados y su brazo armado, el estado, la Acordada y los rurales, permitieron a las comunidades recuperar los derechos de agua, las zonas de pasturas, el libre tránsito, ajustar los deslindes de tierra con los que las habían defraudado, abolir las deudas, aumentar los salarios y cobrar justamente sus derechos de medieros (84).

Esto se reflejó en la acción de sectores campesinos que, por su cuenta, ocupaban tierras y atacaban las propiedades de los terratenientes extranjeros, yendo más allá de los propios dictados de la legislación villista (85). El avance de los villistas hacia el centro del país estaba marcado tanto por la huida de la burguesía como por distintas iniciativas de las masas agrarias, que fueron apoyadas o cuando menos toleradas por los revolucionarios de la División del Norte.

Considerando el decreto de Villa, hay que precisar que éste no buscaba un reparto agrario inmediato, sino que pretendía colocar el conjunto de las tierras bajo el control gubernamental y su producto en las arcas del banco estatal. Esto le permitió contar con cuantiosos recursos económicos y dar así un paso adelante en la profesionalización y el equipamiento de su ejército (86).

El decreto anunciaba que, posterior al triunfo sobre Huerta, las tierras serían divididas en tres partes: una porción sería repartida entre los soldados, otra parte distribuida entre quienes hubieran sido expropiados por los hacendados y el resto quedaría a cargo del Estado, a fin de suministrar pensiones para las viudas y huérfanos de los caídos durante la Revolución.

Varios autores plantean que las diferencias respecto a la política agraria del zapatismo se deben en parte a que Villa quería evitar una desmovilización de su ejército si se realizaba un reparto inmediato, y estaba preocupado en garantizar, tras la guerra, el acceso a la tierra para sus soldados, la mayoría de los cuales no eran campesinos (87). Otra razón es la diferencia entre la estructura social de Chihuahua –heterogénea, y donde los perjudicados y expropiados por los latifundistas eran fundamentalmente las antiguas colonias militares, con gran peso de rancheros independientes y de trabajadores eventuales–, y la que existía en la base territorial de Zapata, con predominio de los pueblos ultrajados y los campesinos desposeídos, lo cual se reflejó en los programas sociales enarbolados en Morelos y en Chihuahua.

El decreto, por otra parte, no incluía las tierras de algunos hacendados vinculados de alguna forma al movimiento maderista como los Zuloaga y los Gamero, ni la de los propietarios extranjeros. Sin duda resulta complejo encasillar la política villista en ese crucial periodo de 1913-1915, el momento de su ascenso político y militar, teniendo en cuenta estos y otros claroscuros. Hay quienes destacan que se trataba de una concesión al círculo maderista de Chihuahua y que buscaba no enemistarse con el gobierno estadounidense atacando a sus connacionales, lo cual podría acarrearle el cierre de la frontera y por ende del tráfico de armas necesario para mantener en pie de guerra a la División del Norte.

Las medidas de Villa eran resultado de la experiencia realizada en la confrontación con una oligarquía comprometida con el porfirismo y el golpe de Estado de Huerta; no surgían de una concepción política previa y no lo llevaron a formular programáticamente una oposición al conjunto de los latifundistas nacionales y extranjeros. De hecho, el Centauro mantuvo siempre gran simpatía por el maderismo, lo cual contrastaba con las delimitaciones de clase claramente formuladas en los documentos y la práctica de los revolucionarios sureños. Por otra parte, no había en el villismo un programa que atacara de manera frontal la explotación sobre los asalariados urbanos, y en ese sentido nunca fue más allá de proponer el mejoramiento de sus condiciones laborales y salariales; en este aspecto y en contraste con su práctica cotidiana respecto a la propiedad terrateniente, su programa se encontraba en los marcos de la legalidad propia del capitalismo.

Si la reivindicación villista de Madero y Abraham González era la expresión de su anterior subordinación política al liberalismo antiporfirista, esto convivía con medidas agrarias y sociales que iban más allá de lo que aquéllos hubieran osado realizar, asumiendo una dinámica de enfrentamiento con aquellos constitucionalistas que, como Carranza, retomarían el legado de Madero en cuanto a la preservación de la propiedad privada.

En ese sentido —y tomando en cuenta sus contradicciones y limitaciones—el proyecto villista tendió a cortar de cuajo el poder de amplios sectores de la clase dominante norteña. La expropiación no fue sólo una respuesta empírica a las necesidades de la guerra: el decreto mencionado resultó la conclusión de un radicalismo plebeyo que maduró y que se opuso, fundamentalmente, a quienes pretendieron preservar el viejo orden político y económico (88). No olvidemos que el ala carrancista-obregonista, sujeta a las mismas presiones militares que el villismo, eligió el camino inverso, pactando con la burguesía agraria y con las empresas mineras el pago de impuestos que les permitió sustentar sus ejércitos, y limitándose a una ocupación coyuntural de las haciendas de los partidarios ausentes del viejo régimen. La experiencia villista en Chihuahua es sin duda anómala respecto a otras rebeliones campesinas del pasado: se expropió de forma centralizada a la mayoría de los terratenientes mediante legislaciones radicales, y el despojo de éstos se puso al servicio de las necesidades de la guerra.

Al mismo tiempo, el proyecto político del villismo era muy vago y nebuloso en otros aspectos, como en la propuesta de bregar por un “gobierno democrático constitucional”, donde estaba ausente la definición de qué clase o alianza de clases –distinta a la burguesía liberal–, hegemonizaría ese gobierno, y qué programa se llevaría adelante.

Controvertido y complejo sin duda fue el villismo. Una fuerza plebeya que sustentó su accionar, crecientemente autónomo del carrancismo y obregonismo, en su potencia militar y en ser la encarnación del torbellino rural norteño en este momento ascendente de la Revolución, pero que no buscó constituir un poder nacional y alternativo al intento carrancista de restablecer el régimen burgués.

Se trata de contradicciones profundas que encontramos en la guerra civil en México, donde las masas rurales protagonizaron contra el antiguo régimen el movimiento más violento de la historia de América Latina, el cual aún perdura en la memoria colectiva a pesar de los intentos por suprimirle sus aristas más filosas, pero no pudo transformar la crítica armada y despiadada del viejo orden en una propuesta propia de los explotados y oprimidos.

El creciente encono de Carranza respecto a Francisco Villa se alimentaba no sólo del hecho de que el Centauro se había autonombrado gobernador de Chihuahua, adoptando atribuciones que sólo le correspondían al Primer Jefe, sino también de estas medidas económicas y sociales que se desplegaban en la zona de influencia villista. Esto impulsó a Carranza a viajar a Durango y a Chihuahua, donde intentó recortar su poder y contener las medidas expropiatorias.

En paralelo se desarrollaba el acercamiento de Villa con el principal líder de la revolución sureña. En el otoño de 1913 comenzó un intercambio epistolar con Zapata, en el cual coincidieron en muchas de las conclusiones sobre la lucha contra Huerta y el carácter radical que debía adquirir. Favoreció esta comunicación la estancia del zapatista Gildardo Magaña en la comandancia de la División; Magaña había compartido la cárcel con Villa en 1912, y actuaba como representante de la comandancia del sur ante éste. Zapata le escribía a Gildardo Magaña:

“Nuestra revolución está muy lejos de aceptar personalismos […] no tiene otros fines que cimentar o resolver el problema político fundado en la democracia y el problema económico fundado en la ley agraria […] por medio de las armas debemos hacer que vuelva a sus legítimos dueños víctimas de la usurpación” (89).

La lucha contra Huerta había profundizado la convicción de los zapatistas en las banderas del Plan de Ayala, como muestra por ejemplo el Manifiesto a la Nación de octubre de 1913 o el documento A los habitantes de la Ciudad de México de junio de 1914, previo a la caída de Huerta.

Si el agrarismo zapatista influía sobre el villismo, también mostraban coincidencias en torno al gobierno nacional que se pretendía. Zapata, anticipando la experiencia de Aguascalientes, propuso convocar a una convención revolucionaria, la cual designaría al presidente provisional, que estaría así sustentado en la fuerza de las masas armadas. Sin embargo, tampoco definía qué clase detentaría el poder político y, por ende, qué contenido social asumiría la democracia de la cual se hablaba, cuestión que era una necesidad imperiosa para liquidar la dominación política y económica de las clases enemigas y hacer efectivas las demandas de los explotados y oprimidos del campo y la ciudad. Estas ausencias evidenciarán sus consecuencias en los momentos de la ocupación de la Ciudad de México, cuando la lucha contra la fracción carrancista requirió no sólo de una fuerza militar independiente, sino también de un proyecto político alternativo.

La llegada de Pancho Villa al gobierno de Chihuahua impulsó a muchos intelectuales y periodistas, provenientes en su gran mayoría del maderismo, a acercarse al Centauro, los cuales fueron utilizados como administradores, redactores y, en algunos casos, como asesores del gobierno estatal, aunque sin dirigir las operaciones militares. Aquél aparecía, ante ellos, como una opción aceptable, frente a los antecedentes reyistas de Carranza. Por otras razones desconfiaban de Zapata, quien representaba un agrarismo demasiado radical y un pasado de confrontación con Madero. Villa, por el contrario, nunca había llegado a la ruptura, lo cual constituía un punto en común con estos intelectuales. Sin embargo, las medidas confiscatorias ya mencionadas, muy distintas al proyecto maderista de 1911 y 1912, no causaron mayor agrado entre este sector, algunos de cuyos integrantes abandonaron más tarde a Villa, y se volvieron sus peores enemigos, colaborando en algunos casos en la creación de la leyenda negra. Otra figura que se acercó a él fue Felipe Ángeles. Formado en el porfirismo, fue el oficial de más alto rango del viejo ejército incorporado a la Revolución y estuvo hasta el final con Madero, con lo cual se ganó un respeto importante entre los revolucionarios del norte. Incorporado al círculo cercano de Carranza, fue hecho a un lado por éste, debido a las protestas que Obregón y otros sonorenses formularon ante su nombramiento como Secretario de Guerra. Luego de esto solicitó su traslado a la División del Norte, donde se incorporó el 15 de marzo de 1914, haciéndose cargo de la artillería y convirtiéndose en uno de los más cercanos colaboradores de Villa, a quien acompañó aún en la derrota.

El paso siguiente de la División del Norte fue retomar la comarca lagunera.

Para marzo de 1914, según la revista realizada por Villa antes de atacar nuevamente Torreón, contaba con alrededor de 22 mil combatientes. En Torreón y las poblaciones circundantes estaban estacionados alrededor de 7 mil federales, bien pertrechados y con artillería. Villa intentó mantener oculta su partida de Chihuahua, de donde salieron sus trenes con algo más de 8 mil combatientes y 29 cañones, según Taibo II, a los que luego se agregaron varios cuerpos de combatientes de Durango y la reserva que se mantenía en Chihuahua. En la siempre variable evaluación de los historiadores respecto a las tropas empeñadas, Katz menciona 16 mil revolucionarios, en tanto que Salmerón habla de 20 mil combatientes de la División que participaron en la batalla.

La misma, que inició con combates en Sacramento y luego se trasladó a Gómez Palacio y Torreón, fue de las más sangrientas de la guerra civil, y duró casi dos semanas. El avance de los trenes villistas fue precedido por la huida de la región lagunera de los terratenientes y la burguesía. La táctica militar de Villa incorporó los ataques nocturnos, que resultaban por completo adversos para las tropas federales ubicadas en una posición defensiva; el combate en horas de la noche favorecía la deserción de las tropas rasas basadas en la leva. El rotundo triunfo le permitió acceder a los recursos de la exportación algodonera de la región. La política social ensayada por Villa en la zona fue una continuidad de lo que ya mencionamos antes, e incluyó la expropiación de las tierras de los partidarios del régimen, así como la realización de algunos repartos agrarios.

De inmediato se preparó el ataque a San Pedro de las Colonias, donde se concentraban las fuerzas que habían logrado escapar de Torreón hacia el Sur, con refuerzos provenientes de la Ciudad de México y de Saltillo. Tres divisiones federales distintas que lograron concentrarse en ese lugar, sumaban 12 mil soldados, y mostraba que el gobierno de Huerta consideraba que, para ganar la guerra, era esencial derrotar a la División del Norte (90). La lucha se decidía en torno a la columna vertebral del país; Felipe Ángeles, consciente de esto, escribirá en su reporte de la batalla “Todos los generales de confianza de Huerta estaban en San Pedro […] aquí cifraba Huerta el sostenimiento de su gobierno” (91). En esta batalla, las fuerzas de la División del Norte constaban de alrededor de 14 mil combatientes.

La moral del Ejército Federal estaba muy golpeada después de Torreón y fue derrotado por los villistas; el 14 de abril éstos entraban a San Pedro de las Colonias.

En abril de 1914 un acontecimiento sacudió la guerra civil que se desarrollaba en México. Buques estadounidenses bombardearon el puerto de Veracruz, e infantes de marina desembarcaron y lo ocuparon, en una acción que causó, del lado mexicano, alrededor de 500 bajas entre los cadetes militares y la población civil.

Utilizando como excusa la detención en tierra de dos marinos yanquis, Estados Unidos intervino de forma abierta en la situación nacional.

Desde meses antes, el presidente Woodrow Wilson presionaba al gobierno de Huerta a que convocase elecciones y diera una salida democrática al conflicto en curso. Esta propuesta no tenía muchos partidarios: el constitucionalismo no confiaba en que el régimen otorgase elecciones libres, en tanto que Huerta no cedía a las presiones de Washington. El dictador había disuelto el Congreso después del escándalo causado por el asesinato del legislador maderista Belisario Domínguez y realizó unas fraudulentas elecciones donde fue candidato único.

Para entender la política estadounidense, es importante considerar que Huerta venía inclinándose hacia el imperialismo británico –según plantea Friedrich Katz, Gran Bretaña le había externado su apoyo–, lo cual generaba resquemor en el gobierno de EE. UU. La administración de Wilson estaba buscando, en el campo antihuertista, una opción que garantizase sus intereses y los de las empresas estadounidenses, manteniendo emisarios ante Carranza, Villa e incluso Zapata. Esto mientras sectores del establishment yanqui proponían una intervención e incluso una anexión de parte de México.

Cuando se dio la invasión a Veracruz, la actitud de Villa fue cautelosa, posiblemente bajo la influencia de Ángeles. En cambio, Carranza protestó y exigió la evacuación del puerto, rechazando –lo que también hicieron Villa y Zapata– la maniobra huertista que, para ganar tiempo en una guerra civil que le era ya desfavorable, llamó a los revolucionarios a dejar de lado la confrontación y unirse al gobierno en la lucha contra Estados Unidos.

Más allá de los roces diplomáticos y las declaraciones frente a la invasión, desde septiembre de 1913, según plantea John Mason Hart, ya se notaba una clara inclinación de la administración Wilson hacia Carranza. La actitud de los gobiernos de Coahuila y Sonora y de sus fuerzas militares era favorable al mantenimiento de las propiedades así como de los acuerdos contraídos en la etapa previa con empresas y gobiernos extranjeros. Por su parte, sectores de la burguesía yanqui con propiedades en el país –fundamentalmente en el petróleo, la minería y los latifundios– desconfiaban de los líderes campesinos radicales y su política de expropiación. Aunque en el decreto de 1913 Villa no atacaba las propiedades estadounidenses, en las zonas bajo su control los desposeídos del campo invadieron en varias ocasiones grandes propiedades de dueños extranjeros. Para los empresarios y el gobierno estadounidense, en el desempeño de la División del Norte y del Ejército Libertador del Sur se evidenciaba un carácter de clase antagónico a sus intereses. Más allá de la buena relación que se dice que Villa tenía con el general yanqui Hugh Scott, e incluso tomando en cuenta que en el Centauro todavía no existía, en 1913, una posición definida respecto a Estados Unidos, con el correr de los años maduró en él un sentimiento antiestadounidense que se expresó luego en el ataque a Columbus, en el mismo territorio de Estados Unidos.

La discusión sobre las causas de la intervención yanqui es sin duda muy amplia. La irrupción de las masas campesinas fue sin duda un elemento fundamental en la definición de la política del imperialismo, que buscaba presionar de manera más abierta a las fracciones en disputa, para contener el proceso revolucionario y cerrar un conflicto abierto en su frontera sur. También obedeció a la necesidad de generar mejores condiciones –y qué mejor para ello que una intervención armada a la cual destinó parte importante de su flota– para preservar su dominación sobre lo que luego sería conocido como su patio trasero.

Otra cuestión sujeta a discusión es la relación entre esta política y la intención de favorecer a Carranza frente a los líderes campesinos. Autores como Pineda Gómez, por ejemplo, sostienen que, más allá del discurso nacionalista del Primer Jefe, la intervención yanqui benefició de forma abierta, y por distintas vías, al liderazgo del coahuilense. Por un lado porque Carranza se vio favorecido por las conversaciones que con los representantes del gobierno mexicano sostuvieron Estados Unidos y los países del ABC (Argentina, Brasil y Chile), quienes exigieron la salida de Huerta y apoyaron así al Primer Jefe. Por otra parte, porque la ocupación estadounidense se mantuvo frente a la acción de las masas agrarias, y sólo se retiró a partir de la negociación con Carranza a fines de ese año, dejándole el control del estratégico puerto y una gran cantidad de suministros militares. Esto le brindó al mando constitucionalista una gran base de apoyo logístico para iniciar su posterior contraofensiva sobre los ejércitos de Zapata y Villa. Hart, por ejemplo, documenta cómo se fue definiendo Estados Unidos a favor de Carranza, lo cual se expresó más tarde en acciones militares –como en la batalla de Agua Prieta, donde según los villistas las fuerzas estadounidenses auxiliaron a las tropas de Plutarco Elías Calles desde el otro lado de la frontera–, en la obstaculización al tráfico de armas tan necesario para Villa, y finalmente en el reconocimiento diplomático del gobierno de Carranza.

La invasión a Veracruz, mientras marcó la intención intervencionista del imperialismo yanqui y mostró que las potencias buscaban tener un rol activo en el proceso mexicano, no alcanzó a constituirse en un elemento definitorio en el curso del proceso revolucionario, como en su momento plantearon distintos autores de la escuela historiográfica soviética. Hay que considerar que los países imperialistas –incluidos los Estados Unidos– orientaban su atención hacia el gran teatro de la Primera Guerra Mundial, lo que limitaba cada vez más su capacidad de incidir de manera decisiva sobre las fuerzas políticas actuantes en la Revolución.

Sin duda, no se puede dejar de reconocer la importancia que tuvo, en el resultado de las batallas del Bajío, la ya mencionada provisión a las tropas de Carranza del armamento estacionado en Veracruz. Pero fueron esencialmente las características del proceso mexicano, las fuerzas sociales y políticas actuantes, sus programas y estrategias, las que explican su resultado final.

Después de la toma de Torreón, la visita de Carranza a Chihuahua a fines de abril, y su encuentro con Villa y los jefes de la División del Norte, mostró que crecía la distancia y la desconfianza mutua. Un banquete organizado en honor del Primer Jefe (al que no asistió Villa, disgustado con la intromisión de Carranza en los asuntos de gobierno de Chihuahua) fue la ocasión para que los jefes villistas le planteasen que “Los hombres de la División del Norte quieren que se respeten las doctrinas sociales por las que hemos luchado, quieren que impere la justicia social y que se consagre el derecho al voto, quieren que se repartan las tierras a los campesinos” (92).

Se insistía sobre dos cuestiones que volvieron en forma recurrente en los meses siguientes, y que acrecentaron la brecha en el seno del constitucionalismo: no se aceptaba la intención de Carranza de asumir como presidente a la derrota de Huerta, lo cual sería luego vinculado a la propuesta de que una convención de jefes revolucionarios designase al próximo presidente; y no se consideraba como secundaria la cuestión agraria, como pretendían los líderes de los Ejércitos del Noreste y del Noroeste. En esta visita a Chihuahua, Carranza le ordenó al estado mayor de la División del Norte que se desviase hacia el Este para tomar Saltillo, la capital de Coahuila. Esto no tenía lógica alguna en el terreno de la táctica militar: interrumpía el avance arrollador del ejército villista hacia el Sur, y por otra parte era una acción relativamente sencilla que entraba en la jurisdicción del Ejército del Noreste de Pablo González. Pero la lógica se encontraba en el terreno de la estrategia política de la fracción burguesa, ya que Carranza quería frenar el avance de Villa y evitar que un ejército campesino que impulsaba acciones sociales y políticas contra los latifundistas, llegase primero a la Ciudad de México, confluyendo con el Ejército Libertador del Sur y su Plan de Ayala. Villa aceptó de mala gana los dictados de Carranza, y con 15 mil soldados partió desde Torreón hacia Saltillo. Aquí hay otra página magistral de la guerra civil: en el trayecto, la División del Norte debió frenar su marcha por la destrucción de vías, y recibió el informe de que 5 mil federales con artillería se encontraban estacionados en un punto cercano, a 45 kilómetros, en la estación de Paredón. Allí tuvo lugar una de las batallas más emblemáticas protagonizadas por la caballería villista: durante horas, una fuerza de 8 mil jinetes se acercó a Paredón y, tomando posición en una línea de 4 kilómetros, se lanzó sobre las tropas federales, que por la velocidad del ataque no pudieron hacer un uso efectivo de la artillería y fueron arrasados. Como comentaba Jorge Aguilar Mora:

La ventaja de Villa estaba en la combinación del movimiento del caballo con el de sus carabinas. Era un doble movimiento que aumentaba geométricamente la velocidad del ataque […] el movimiento de los caballos villistas tenía una articulación mucho más efectiva que la de los dragones federales: éstos usaban el ritmo tradicional de una aceleración progresiva mientras que los villistas se desplazaban con arranques súbitos y altos inesperados. Este ritmo quebrado era necesario y complementario del arma de media distancia que los federales no sabían usar (93).

El resultado fue la destrucción absoluta de las tropas federales, que a media hora de iniciado el combate huyeron atropelladamente. Si la de Paredón resultó una de las batallas donde el lugar central lo ocupó la caballería, hay que decir que, según explican historiadores como Pedro Salmerón, la guerra civil estuvo protagonizada por la infantería montada; esto es, por el uso del caballo como medio de aproximación, realizándose la confrontación pie a tierra, con el apoyo de la artillería. La utilización de ametralladoras y trincheras fue una característica a la que apelaron los distintos bandos que actuaron, tanto en el periodo de la lucha contra Huerta como en el año de 1915. Contra la imagen de un villismo militarmente arcaico y limitado, identificado sólo con las cargas de caballería, hay que recordar su uso inteligente de la artillería, la combinación de ataques de caballería y de infantería, la distribución del grupo de élite de Villa (los Dorados) entre las distintas brigadas y destacamentos con el fin de levantar la moral, la utilización privilegiada de los trenes para el transporte de las tropas y artillería, así como la organización del abasto de agua, alimentos y un servicio sanitario que, a la vez que mostraba una real preocupación por la situación de la tropa, podría haber sido la envidia de un ejército profesional burgués. Y esto respondía también a que era un ejército que expresaba una tendencia ascendente del proceso revolucionario, basado en el empuje y la disposición a la lucha de los miles de combatientes que lo integraban, donde muchos de los jefes militares participaban en la primera línea de las acciones de guerra, en tanto que la contrarrevolución huertista estaba en derrumbe, su ejército descompuesto y su mando corrompido. La División del Norte, a pesar de los límites programáticos y políticos que el villismo mostró, era un ejército revolucionario; articulaba la disposición a la lucha de las masas populares que lo integraban como parte de una lucha contra el viejo orden, con una organización militar centralizada. Por ello las tácticas de la División del Norte en el campo de batalla (nutridas por la experiencia y el instinto de Villa y por la escuela militar burguesa de Felipe Ángeles), tales como los ataques nocturnos, la organización de movimientos envolventes, y la búsqueda del lugar débil del enemigo para aniquilarlo, sólo encontraban a su frente la lentitud y el conservadurismo de un ejército comandado por una casta declinante y basado en el terror de la leva.

Después de la batalla de Paredón, Saltillo fue abandonado por el Ejército Federal, y la ciudad fue ocupada por el villismo y entregada a Pablo González, regresando luego la División del Norte a Torreón para preparar, ahora sí, el ataque a Zacatecas. Esta ciudad, donde se concentraba uno de los mayores contingentes del gobierno, era considerada la puerta de entrada a la Ciudad de México, y frente a las fuerzas de Huerta (que al principio eran de alrededor de 2 mil, pero en los días siguientes llegarían a 12 mil según Salmerón y a poco menos de 10 mil según Taibo II) había sólo 6 mil rebeldes zacatecanos integrantes de la División del Centro, bajo las órdenes de Pánfilo Natera y Domingo Arrieta, jefes cercanos a Carranza. Villa se encontraba en su punto más alto: “[…] la conquista de La Laguna convirtió a Villa en un dirigente nacional: controlaba más hombres y recursos que cualquier otro jefe revolucionario y el poder de su ejército y su prestigio como caudillo no tenía parangón en el campo rebelde” (94).

En ese momento se dio la mayor confrontación con Carranza. Éste, que había arribado a Saltillo, le ordenó a Villa que no avanzase, y que en cambio enviase una parte de la División del Norte para subordinarse y apoyar las acciones de la División del Centro, que en sus primeros ataques, realizados sin artillería ni ametralladoras, había sido rechazada. La intención de Carranza era, de nueva cuenta, contener al villismo en su camino hacia el Sur y de paso obtener en Zacatecas una victoria militar emanada de sus directrices. La historia es conocida: una conferencia telegráfica entre Torreón y Saltillo que duró varios días, en la que Villa se negó a fraccionar la División del Norte y propuso movilizarla íntegramente hacia el Sur, para tomar Zacatecas. El rechazo de la propuesta llevó a que el duranguense presentase su renuncia, la cual fue aceptada de inmediato por el Primer Jefe, quien les ordenó a los generales villistas que designasen un sucesor.

Éstos, encabezados por Ángeles, se negaron y restituyeron a Villa, comunicándole a Carranza “la resolución irrevocable de continuar bajo el mando del general Villa (la tomamos en ausencia de éste) […] Nuestras gestiones cerca de este jefe han tenido éxito y marchamos prontamente al Sur” (95), después de lo cual iniciaron la marcha a Zacatecas. Esto constituyó un acto de abierta insubordinación a la jefatura de Carranza y marcó un punto sin retorno en la confrontación en el campo constitucionalista:

[…] la confrontación afectaba la estructura disciplinaria que Carranza había intentado imponerle al constitucionalismo, basada en la supuesta herencia de la legalidad maderista, pasada a sus manos y refrendada en el Plan de Guadalupe, pero, lo que era más grave, violaba la democrática realidad de que la Revolución en el Norte había surgido de ciudadanos en armas que guiaban voluntarios, y que a su vez habían elegido a su jefe en una asamblea” (96).

Después Ángeles escribió un folleto donde daba el punto de vista villista de la confrontación, en tanto que, desde el estado mayor de Carranza, en las posteriores adiciones al Plan de Guadalupe, también se explicaría la mencionada división.

Una fuerza cercana a los 20 mil combatientes (97) se distribuyó en las cercanías de Zacatecas, ciudad emplazada en un punto de difícil acceso, rodeada por cerros que controlaban sus entradas, los cuales además se encontraban fortificados, artillados y rodeados de trincheras. La batalla duró menos de 12 horas, y el saldo fue la destrucción de otro Ejército Federal por parte de la División del Norte.

Aunado a la táctica militar impecable diseñada por el mando villista –que incluyó de nuevo la utilización efectiva de la artillería– la voluntad de lucha y la alta moral de los atacantes fue fundamental para dar el golpe de gracia al Ejército Federal y resolver en pocas horas la batalla.

El triunfo de Zacatecas –que como acto de guerra tuvo menos intensidad y duración que la toma de Torreón entre marzo y abril de 1914– fue el momento cúlmine en la destrucción del Ejército Federal, pilar fundamental del Estado burgués comandado por Victoriano Huerta, y señaló el fin de la primera fase de la Revolución que inició en 1910. Si durante la misma se había mantenido la continuidad de las instituciones provenientes del porfirismo a través de los gobiernos de De La Barra, Madero y Huerta, evitando así su derrumbe frente a la irrupción de las masas, Zacatecas marcó la descomposición y desarticulación del Estado.

Fue un acontecimiento histórico que mostró la potencialidad de las masas insurgentes, cuya acción había ido in crescendo, como mostraba el avance arrollador de la División del Norte y la creciente influencia que se irradiaba desde los pueblos de Morelos. “Zacatecas significa que el ejército de Porfirio Díaz, de Francisco I. Madero y de Huerta, el ejército cuya continuidad viene desde la guerra contra la intervención francesa, es decir, el ejército sobre el cual se sostiene la continuidad del Estado liberal burgués, ha sido destruido por un ejército de campesinos […] La espina dorsal del viejo Estado está partida” (98).

La Revolución campesina había logrado, por la vía de las armas, lo que evitó hacer la dirección burguesa maderista. Y fue un acontecimiento que debe rescatarse con orgullo en una historia de los explotados y oprimidos: el triunfo sobre el Estado burgués por parte de un ejército campesino que, en sus métodos y acciones, destilaba el odio de clase de los desposeídos.

Segunda fase de la Revolución

De la confrontación en el bloque antihuertista a la derrota de los ejércitos campesinos

La desarticulación del pilar del viejo Estado marcó el inicio de una nueva fase de la Revolución, la cual se caracterizó por la guerra civil que confrontó al constitucionalismo con las direcciones campesinas radicales, cuestión que expresó el antagonismo entre los distintos proyectos políticos que, con mayor o menor claridad, estas fracciones expresaban, y que había madurado en los años previos.

Esta segunda fase de la Revolución la consideramos en dos grandes momentos:

Los ejércitos campesinos radicales a la ofensiva: de la caída de Huerta a la ocupación de la Ciudad de México.

La restauración constitucionalista retoma la iniciativa: la lucha entre los ejércitos de Villa y Obregón y el triunfo militar de éste, sentando las bases para la reorganización del Estado burgués y el Constituyente de 1917.

Cruzando de manera transversal los momentos previos, consideramos la Comuna de Morelos de 1915 y su confrontación con el constitucionalismo triunfante, la cual, por su importancia específica como experiencia de poder campesino, la analizamos en un posterior ensayo.

Los ejércitos campesinos radicales a la ofensiva

La revolución de fuera, la revolución campesina está ya en sus umbrales, toca a sus puertas y pronto hará estremecer sus edificios y sus pavimentos con el resonar de los corceles y el grito de guerra de los libertadores.

A los habitantes de la Ciudad de México, Emiliano Zapata y los comandantes del Ejército Libertador de la república mexicana, 24 de junio de 1914 (99)

El choque al interior del bloque antihuertista fue expresión política y militar de la contradicción entre una dirección burguesa socialmente reaccionaria y conservadora y el impulso de las demandas históricas de las masas rurales, que para abrirse paso debían cuestionar el orden capitalista y su pilar, la gran propiedad terrateniente.

La dirección constitucionalista, cohesionada en torno a la figura de Carranza, persiguió el objetivo de contener y desactivar la insurrección generalizada de las masas agrarias. Su programa y su acción política apuntaron a preservar la propiedad privada, reconstituir el Estado y abonar el surgimiento de una nueva burguesía posrevolucionaria, de la cual los triunfadores fueron parte. Después de la derrota de Huerta, se mostrarán con mayor claridad las distintas vías que para lograr ese objetivo surgieron al interior del campo constitucionalista.

Por una parte hubo quienes, como Carranza, pretendieron hacerlo privilegiando los mecanismos coercitivos, oponiéndose a toda idea de otorgar concesiones a las masas, mostrando de paso su incomprensión del proceso profundo que afloraba en la rebelión de los desposeídos.

Y quienes, de forma más inteligente, enarbolaron una política que combinaba golpear a las dirigencias radicales con la apropiación de parte de su programa, atrayendo así a su base social campesina y buscando a la vez subordinar al joven movimiento obrero. Fue el caso de Obregón y los constitucionalistas sonorenses, quienes lograron que Carranza adoptase, durante el año de 1915, esta perspectiva.

En tanto que un tercer sector (que Adolfo Gilly definió como el ala jacobina), encarnado en figuras como Lucio Blanco, Salvador Alvarado y Francisco J. Múgica, expresaba una tendencia más de izquierda, aunque también subordinada a la dirección carrancista y que presionaba para que ésta retomase demandas sociales y no se limitara a las puramente democrático-formales. Este sector tuvo mayor incidencia en 1917, aunque su orientación la llevó al choque con Carranza en los años previos, como en la confección del Plan de Guadalupe en 1913, o en las expropiaciones ya mencionadas, realizadas por Lucio Blanco en Matamoros.

Después de la toma de Zacatecas, la División del Norte detuvo su avance, ante el hecho de que Carranza y el Ejército del Noreste amenazaban cortar sus vías de suministros, las cuales ya se habían extendido demasiado. Como planteaba de manera correcta Adolfo Gilly, lo que se vio desde las tomas de Saltillo y de Zacatecas, es que “pasó a primer plano el conflicto contenido en la guerra civil mexicana: el conflicto entre la dirección burguesa de Carranza y los ejércitos campesinos en los cuales se apoyaba contra la facción de Huerta” (100). Cuando éste ya estaba prácticamente derrotado, el mando constitucionalista comenzó a tomar medidas contra la División del Norte, como el corte de combustible para los trenes. La crisis entre Carranza y Villa entró en un punto muerto, y se realizaron las conferencias de Torreón entre los representantes del Ejército del Noroeste, que actuaban en nombre de Carranza, y de la División del Norte. El resultado fue la aceptación de la autoridad de Carranza y de que, al triunfo de la Revolución, éste asumiría como presidente interino, con el compromiso de convocar de inmediato a elecciones; al mismo tiempo se reconocía a Pancho Villa como jefe de la División del Norte. La que fuera conocida como la cláusula de oro incluida en este acuerdo, representaba la primera mención a un programa social en el constitucionalismo, y prometía “emancipar económicamente a los campesinos haciendo una distribución equitativa de tierras o por otros medios que tiendan a la resolución del problema agrario” (101); sin embargo, Carranza rápidamente desconoció este punto del Pacto de Torreón. Este acuerdo les dio un tiempo precioso a los Ejércitos del Noroeste y del Noreste para avanzar hacia la Ciudad de México, y mostró la debilidad política del villismo. En lugar de aprovechar el impulso dado por su campaña militar y mantenerse independiente del carrancismo, reconoció a Carranza como Primer Jefe de la Revolución y como futuro presidente interino, y le cedió la iniciativa de la ocupación de la ciudad.

En las semanas siguientes, Huerta renunció y se inició la transición, acordándose la rendición del Ejército Federal y la entrega de sus posiciones y su armamento a los constitucionalistas. En particular, las tropas de Pablo González Garza se encargaron de esto, extendiendo su influencia territorial por el país, en tanto que Obregón entró a la Ciudad de México y preparó el ingreso de Carranza, quien como presidente provisional llegó a la capital el 20 de agosto de 1914. Un punto fundamental de esta transición fue el acuerdo por el cual las tropas federales mantuvieron sus posiciones en el sur de la ciudad, en San Ángel, Tlalpan y Xochimilco, hasta que fueron relevadas por los constitucionalistas, evitando que los zapatistas pudieran incursionar en la capital.

Después de la instalación de Carranza en la Ciudad de México, éste convocó una convención de jefes constitucionalistas a realizarse en la capital del país, y las semanas siguientes fueron de negociaciones y discusiones con los villistas y los zapatistas, así como de crecientes tensiones como las que enfrentaban a distintos sectores constitucionalistas en Durango y en Sonora, o los primeros choques entre zapatistas y carrancistas en el Sur. En ese contexto Álvaro Obregón viajó a Chihuahua para entrevistarse con Villa, donde estuvo a punto de ser fusilado como resultado de la creciente desconfianza que el Centauro sentía por él, y también por la molestia que aquél tenía con la situación que se estaba dando en Sonora, donde se habían enfrentado las fuerzas de Maytorena, cercano a Villa, y de los carrancistas Benjamín Hill y Plutarco Elías Calles. El sonorense salvó su vida por la intermediación de algunos generales villistas, incluido Ángeles.

Durante la accidentada estadía de Obregón en Chihuahua, se dio a conocer una carta firmada por éste y por Villa, en la que se consideraba que la convención convocada por Carranza no era representativa y no tomaba en cuenta en su temario la cuestión agraria, pero que asistirían a la misma en el entendido de “que lo primero que hará la junta será un referéndum sobre la figura de Carranza y luego la convocatoria a elecciones generales para al final tratar el problema agrario” (102). Estos términos fueron luego rechazados por Carranza y Villa desconoció la convención a realizarse en la Ciudad de México. La actuación de Obregón en estas semanas, y su rúbrica en la carta que hablaba de la reforma agraria y que pretendía limitar el poder de Carranza, no sólo buscaba influir a los elementos “ilustrados” del villismo (como aquél reconoció en sus memorias) sino que pretendía ubicarse en un lugar intermedio entre Carranza y Villa. Esto es, entre el accionar del coahuilense –que quería repetir el proyecto maderista de 1912 y su programa de limitadas reformas políticas–, y la lucha por la tierra que respiraba por todos los poros de los ejércitos campesinos. Tal vez aspiraba a ocupar, en esa disputa entre el Centauro y Carranza, una presidencia provisional de consenso. Con gran olfato político, Obregón encarnaba desde entonces la solución que la propia burguesía daría al proceso iniciado en 1910, con la Constitución de 1917 y la construcción de un Estado posrevolucionario caracterizado por la emergencia del bonapartismo mexicano (103).

Entretanto, en Morelos, una comisión carrancista integrada por varios personajes que en el pasado habían sido cercanos al magonismo, no llegaba a ningún acuerdo con los zapatistas, quienes estaban empeñados en lograr el reconocimiento del Plan de Ayala como condición previa a cualquier pacto. El zapatismo mostraba así una intransigencia programática que impedía los acuerdos con esta ala burguesa, y con la que no contaba el villismo, que por ello tendía a aceptar las promesas de Obregón y sus partidarios. Como testimonio de esta confrontación irreconciliable están las palabras de Carranza al comandante zapatista Genovevo de la O: “eso de repartir tierras es descabellado. Díganme qué haciendas tienen ustedes, de su propiedad, que puedan repartir, porque uno reparte lo que es suyo, no lo ajeno” (104).

En oposición a la dirección burguesa, el 19 de junio de 1914 la jefatura zapatista emitió un acta de ratificación del Plan de Ayala donde se afirmaba que “la Revolución no puede reconocer otro presidente provisional que el que se nombre por los jefes revolucionarios de las diversas regiones del país”, con lo que se desconocía la pretensión de Venustiano Carranza, y se condicionaba el fin de la guerra a que “se establezca un gobierno compuesto de hombres adictos al Plan de Ayala, que lleve desde luego a la práctica las reformas agrarias” (105).

Y, profundizando esto, en septiembre los zapatistas lanzaron el decreto de nacionalización de bienes, ejerciendo así los planteos programáticos del Plan de Ayala: “Las propiedades rústicas nacionalizadas pasarán a poder de los pueblos que no tengan tierras que cultivar y carezcan de otros elementos de labranza, o se destinarán a la protección de los huérfanos y viudas de aquellos que han sucumbido en la lucha que se sostiene por los ideales invocados en el Plan de Ayala” (106).

Con la quiebra del Ejército Federal y el ascenso de los ejércitos campesinos, estaba roto el monopolio de las armas, ya de por sí cuestionado en los años previos, y las diversas fuerzas rebeldes ocupaban las distintas zonas del país. Mientras los ejércitos de Álvaro Obregón y Pablo González se posicionaban en determinadas porciones del territorio, la División del Norte hacía lo propio, en tanto que gran parte de sus tropas permanecían a las afueras de Aguascalientes, cercana a la Ciudad de México. Los zapatistas, en tanto, controlaban Morelos, Guerrero, el Estado de México y zonas de Puebla.

La Convención que Carranza convocó para realizarse en la Ciudad de México, bajo su influencia directa, no podía satisfacer al villismo y mucho menos a los revolucionarios de Morelos. Después de las ríspidas conversaciones entre Villa y Obregón, cobró fuerza el sector del constitucionalismo que veía la necesidad de realizar concesiones a los líderes campesinos para retrasar lo más posible el enfrentamiento armado, y de su seno surgió una comisión de pacificación que propuso el cambio de sede de la Convención a Aguascalientes, considerada como un lugar neutral, adonde asistieron representantes de todos los ejércitos, con excepción del zapatismo. En sus primeras sesiones, la Convención era claramente el instrumento del obregonismo, que buscaba envolver a las representaciones militares campesinas con promesas vagas y discursos grandilocuentes. Mientras tanto, una delegación de los villistas, encabezada por Felipe Ángeles, se trasladó a Cuernavaca para invitar al Ejército Libertador del Sur, lo cual fue aceptado por los zapatistas, aunque éstos se negaron a que sus delegados tuvieran plenos poderes hasta que Carranza se sometiera al mandato de la Convención y a los principios del Plan de Ayala.

Como plantean diversos autores, el arribo de los zapatistas volcó el ánimo político de la Convención, que al final asumió como propios los artículos centrales del Plan de Ayala, llamó a Carranza a someterse a sus resoluciones y eligió un presidente provisional, Eulalio Gutiérrez, quien había iniciado su carrera militar en el Ejército del Noreste. Gutiérrez fue propuesto directamente por Álvaro Obregón. Como era de esperarse, Carranza se negó a someterse a la Convención, y a mediados de noviembre sus delegados, encabezados por Obregón, se retiraron.

La intención de la fracción carrancista, que realizó la Convención para contener a los ejércitos campesinos y legitimarse como gobierno nacional, fracasó.

La confluencia tan temida entre los ejércitos radicales campesinos del Norte y del Sur tuvo su primer capítulo en la Convención, y la adopción del Plan de Ayala representó, qué duda cabe, una derrota política del constitucionalismo burgués.

Esto era expresión de que, con la caída de Huerta, las masas estaban a la ofensiva, y eso también empujaba a sectores provenientes del constitucionalismo a aliarse con los ejércitos campesinos, como fue el caso de Lucio Blanco o Eulalio Gutiérrez, emergiendo así en la Convención este tercer sector, en coalición coyuntural con Villa y Zapata; varios de ellos, como el flamante presidente convencionista, volverían luego a alinearse con la dirección constitucionalista. Carranza y Obregón al final se retiraron de la capital del país el 24 de noviembre de 1914 y se replegaron a Veracruz, manteniendo el control de algunas plazas importantes en las costas y el centro del territorio.

Los ejércitos campesinos ocuparon la Ciudad de México durante diciembre de ese año, y allí se instaló el gobierno de la Convención. En ese momento, Villa y Zapata dominaban la mayor parte del país, y parecía cuestión de tiempo que sus tropas derrotasen por completo a los ejércitos constitucionalistas. La localización geográfica de éstos era claramente desfavorable. Estaban desperdigados en distintos puntos de la república, lo cual no era compensado de forma suficiente por el control que ejercían sobre los principales puertos. Los convencionistas, en cambio, tenían en su poder las vías férreas más importantes y la frontera norte, además de ocupar el centro del país y contar a su favor con el enorme empuje moral que brindaba estar en el clímax de la Revolución, controlando la mayor plaza estratégica de la república.

Pero, como sabemos, la toma de la capital no significó el triunfo de los ejércitos campesinos. La unidad de la Convención se quebró muy rápido, y las tropas de Villa y Zapata se retirarían pocas semanas después de la Ciudad de México.

Tanto la Convención, basada en la ruptura política con el liderazgo burgués de Carranza, como la ocupación de la Ciudad de México mostraban, por una parte, la radicalidad de la lucha por las demandas agrarias y la profundidad del proceso revolucionario. Éste alcanzaba el punto más alto logrado alguna vez en la historia por las masas campesinas mediante su acción autónoma: lo cual se reflejó en la destrucción del viejo Estado burgués y en la ocupación del principal centro político y administrativo de una nación. Adolfo Gilly planteaba que la presencia de los ejércitos campesinos en la Ciudad de México mostraba que “[…] la perspectiva y la reivindicación de la tierra, la conquista revolucionaria de la tierra, aun siendo formalmente una reivindicación democrática, rebasaba ya entonces los marcos de la burguesía y exigía enfrentar a su poder con otro poder ajeno a su base de clase” (107).

Con los sucesos de diciembre de 1914 se mostraba que las direcciones campesinas radicales se orientaban hacia la posesión del principal centro urbano –a través de la alianza concretada en la Convención Militar de Aguascalientes–, cuestión que surgía como una necesidad imperiosa para llevar a buen término la lucha.

Pero, por otra parte, la Convención, que emergió del enfrentamiento con el carrancismo y el obregonismo y que fue la base del efímero gobierno de Eulalio Gutiérrez, en el cual participaban intelectuales como José Vasconcelos y Martín Luis Guzmán, no constituyó la base de un poder revolucionario. Como planteamos en los inicios de este trabajo, la Revolución Mexicana asumió una forma particular, que se relaciona con la propia formación social existente en ese entonces, predominantemente rural. Esta característica estructural se expresó en la forma que adquirió la Revolución: una gran guerra civil, cuya especificidad fue que la lucha de clases urbana jugó un rol secundario y la principal base de los ejércitos fueron los campesinos. Fue partiendo de esto que se desplegó una dinámica en la cual las acciones militares iban por delante de otros métodos de lucha, y donde aquéllas eran el impulso fundamental para la expropiación de haciendas en el campo, e incluso para las huelgas y el surgimiento de organizaciones en las urbes.

Como fruto de esta particularidad histórica y social, lo que surgió a fines de 1914 en Aguascalientes no fue una forma de autoorganización democrática y de masas, vinculada de forma directa a los centros de producción, como los consejos obreros que emergieron en otras revoluciones hegemonizadas por los asalariados urbanos durante el siglo XX y que mostraron el germen de un nueva organización estatal de los explotados y oprimidos. En lugar de ello, la Convención, sostenida por el poder armado de los ejércitos insurgentes, asumió el carácter de una asamblea revolucionaria de jefes militares; éstos fueron sus verdaderos protagonistas.

Y aunque la División del Norte y del Ejército Libertador del Sur, al basarse en una forma de democracia plebeya militar, representaban de una manera particular las aspiraciones de los campesinos armados, éste no fue el caso de las otras fracciones actuantes en la Revolución, como el ala izquierda del carrancismo –Eulalio Gutiérrez, Lucio Blanco y otros– que rompió coyunturalmente con el Primer Jefe y adquirió, en los meses siguientes, un papel preponderante, hegemonizando el gobierno convencionista.

Estas limitaciones de la Convención como instancia de potencial poder de los explotados y oprimidos, aunado a la decisión de Villa y Zapata de cederles el gobierno, es lo que explica el acceso al poder –de forma efímera y coyuntural–,de aquéllos que no representaban a las masas rurales y urbanas ni impulsaban la lucha por sus aspiraciones.

El gobierno encabezado por Eulalio Gutiérrez y otros representantes de los sectores medios e ilustrados, no sólo careció de un programa alternativo al carrancismo, sino que –frente al temor de clase que les inspiraba el mismo torbellino campesino que los había encumbrado–, le dio más temprano que tarde la espalda a la Revolución. En el gobierno convencionista participó el ala del villismo que, por su política e incluso su origen social, era más proclive a conciliar con el obregonismo, como el caso de José Ignacio Robles; y sólo lo integraron dos ministros zapatistas, entre los cuales estaba Manuel Palafox, relegado a las cuestiones agrarias. Aunque la Convención asumió los principios generales del Plan de Ayala, Gutiérrez no se propuso nunca llevarlos a la práctica, tampoco generalizarlos al conjunto del territorio nacional, mucho menos cuestionó –ni siquiera en la propia Ciudad de México– la propiedad capitalista.

En ese diciembre de 1914 existió en la Ciudad de México un poder dual extraño: el gobierno convencionista se mantuvo encerrado en los ministerios, dependiendo del apoyo de Villa y Zapata y preparando la conspiración contra éstos, mientras los líderes campesinos, quienes eran los verdaderos vencedores de Huerta y contaban con la fuerza y el empuje de la Revolución, aunque ya desconfiaban del gobierno, no pretendían detentar el poder político. En esas turbulentas semanas, no sólo se mostró el antagonismo existente entre estas facciones de la Convención, sino también todos los límites de un gobierno surgido de la alianza entre la pequeñoburguesía urbana y el campesinado, y su incapacidad histórica para proponer un curso alternativo a la burguesía.

Las direcciones campesinas no mostraron falta de radicalidad ni de instinto revolucionario, lo cual sobró desde 1910. Lo que se expresó con toda gravedad y de forma trágica en diciembre de 1914 fue que, para resolver de manera efectiva las demandas agrarias y llevar hasta su término las tendencias anticapitalistas puestas en juego en las expropiaciones de tierras, había que reorganizar la nación sobre nuevas bases: en la sociedad capitalista –aún en una formación social relativamente atrasada como la mexicana– no podía ni puede pensarse en resolver estas tareas en términos locales o regionales.

Si es verdad que los zapatistas proponían el Plan de Ayala no sólo para Morelos, sino para todo el país, si es correcto considerar que el villismo expresaba un odio hacia los terratenientes no sólo de Chihuahua sino de toda región en la que se encontrase actuando, el hecho es que eso sólo podía desarrollarse y concretarse asumiendo el poder político y poniendo en práctica un programa de alcances nacionales. En este punto, a lo más que llegaron zapatistas y villistas fue a la propuesta de que una convención revolucionaria eligiese un gobierno democrático y constitucional, como mencionan los textos que ya citamos. Pero eso fue lo que, en cierta medida, sucedió en Aguascalientes, e implicó cederle el poder político a sectores de la pequeñoburguesía, quienes actuaron como la quinta columna de Carranza y Obregón.

Se mostró que una perspectiva distinta no podía surgir solamente del campesinado, una clase heterogénea, dispersa en la amplia geografía, y que no tenía acceso a los resortes fundamentales de la economía capitalista moderna que se comenzaban a desarrollar en México.

La radicalidad campesina requería de un aliado capaz de presentar una perspectiva de poder que no apuntara a la reconstrucción del Estado burgués sino a la resolución de las demandas campesinas, obreras y populares, mediante la liquidación de la propiedad privada y la subversión de las relaciones sociales capitalistas. Y la resolución de las demandas de las masas agrarias requería de la alianza con la clase obrera, tanto por motivos políticos y militares –la necesidad de frenar y derrotar al constitucionalismo–, como económicos –la urgencia de lograr los recursos para perfeccionar la explotación agrícola– y por ello su triunfo revolucionario en las ciudades era imprescindible. Por eso era fundamental la alianza obrera y campesina, que tal vez Zapata haya vislumbrado en su famosa carta sobre la Revolución Rusa, de 1918, ya en el momento de disgregación y declive de la Revolución (108).

Explicar esta gran carencia de la Revolución Mexicana implica considerar las propias limitaciones sociales y políticas de la clase obrera. El todavía temprano desarrollo de la industria y de los centros urbanos se articuló con el rol que la clase obrera jugó después del alzamiento maderista, en gran medida limitada a acciones reivindicativas y donde no sólo no logró vincularse a la rebelión campesina (más que mediante la incorporación individual a los ejércitos villistas y zapatistas) sino que posteriormente se dividió en torno al apoyo a la dirección constitucionalista.

Se trataba de un movimiento obrero joven, donde sus tendencias políticas, como el anarcosindicalismo, poco hicieron para abonar la alianza con la insurrección agraria. Esto introduce un elemento de complejidad en el proceso histórico, ya que solo mediante la alianza obrero-campesina podían resolverse las demandas motoras de la Revolución y evitar la trágica perspectiva que se dio al final.

No pretendemos caer en una visión estática del liderazgo campesino y de su accionar. Es evidente que una dinámica revolucionaria como la que se desplegó desde 1910, empujó a los oprimidos y explotados del campo que tomaron parte de la misma más allá de lo que en tiempos no revolucionarios se podía llegar. En la primera fase de la Revolución y en particular en su momento de máximo ascenso, en el año de 1914, los ejércitos campesinos se movieron lejos de sus regiones de origen (fundamentalmente el villismo) y avanzaron hasta ocupar el centro neurálgico del joven capitalismo mexicano. Una confirmación contundente de que la dinámica de la lucha por la tierra empujaba a buscar su resolución efectiva más allá del ámbito local y apuntaba al centro político nacional. Sin embargo, ante el fracaso de la alianza social expresada en la Convención, la decisión de Villa y de Zapata de dividir sus fuerzas y retirarse de la Ciudad de México sólo puede ser entendida desde la primacía de una óptica local y regionalista, más preocupada en preservar sus respectivas bases territoriales, que en conservar la principal plaza del país y aprovechar la ventaja que ello constituía para perseguir a Carranza y derrotarlo en Veracruz. Sobre estos límites de la perspectiva política de las alas radicales del campesinado, es que resurgió y reencontró su fuerza el constitucionalismo.

La restauración constitucionalista retoma la iniciativa

La escisión concretada en Aguascalientes, con el consiguiente repliegue de las fuerzas de Carranza y la ocupación de la Ciudad de México por la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur, anticipaba la confrontación militar entre las facciones que habían triunfado sobre Huerta, la que se desarrolló con su máxima intensidad durante el año de 1915.

Desde Veracruz, el mando constitucionalista redactó lo que se conoció como las adiciones al Plan de Guadalupe, fechadas el 12 de diciembre de 1914, documento en el cual se ignoraba al Ejército Libertador del Sur, se definía al villismo como una fuerza reaccionaria que debía ser aniquilada y se afirmaba que:

[…] siendo el objeto principal de la nueva lucha, por parte de las tropas reaccionarias del general Villa, impedir la realización de las reformas revolucionarias que requiere el pueblo mexicano, el Primer Jefe de la Revolución constitucionalista tiene la obligación de procurar que, cuanto antes, se pongan en vigor todas las leyes en que deben cristalizar las reformas políticas y económicas que el país necesita expidiendo dichas leyes durante la nueva lucha que va a desarrollarse.

De esta forma, Carranza intentaba apropiarse de las reivindicaciones sociales de los ejércitos campesinos, iniciando una actividad propagandística para convertir a los mismos en fuerzas reaccionarias. El aspecto más trascendente de las adiciones está contenido en el artículo 2:

El Primer Jefe de la Revolución y Encargado del Poder Ejecutivo expedirá y pondrá en vigor, durante la lucha, todas las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfacción a las necesidades económicas, sociales y políticas del país, efectuando las reformas que la opinión exige como indispensables para restablecer el régimen que garantice la igualdad de los mexicanos entre sí; leyes agrarias que favorezcan la formación de la pequeña propiedad, disolviendo los latifundios y restituyendo a los pueblos las tierras de que fueron injustamente privados; leyes fiscales encaminadas a obtener un sistema equitativo de impuestos a la propiedad raíz; legislación para mejorar la condición del peón rural, del obrero, del minero y, en general, de las clases proletarias; establecimiento de la libertad municipal como institución constitucional […].

Esto fue rápidamente seguido por la Ley Agraria emitida por Carranza en enero de 1915, redactada por Luis Cabrera. Como han planteado Gilly y otros autores, la presentación de un primer programa social por parte del carrancismo buscaba disputar a los caudillos plebeyos su propia base. Se aprecia en la redacción que el Primer Jefe asumía el sentido de las propuestas que diversos sectores del propio constitucionalismo, como Lucio Blanco o Francisco J. Múgica, sostuvieron desde la elaboración del Plan de Guadalupe en 1913. Esta operación política preparó lo que fue una característica fundamental de la Constitución promulgada en 1917: incorporar de forma limitada las demandas campesinas y obreras, subordinadas a la nueva estructura estatal que se pretendía reorganizar y a las normas de la legalidad burguesa, sustrayendo la realización de las mismas de la acción directa de las masas armadas, como ocurría en Morelos y en varias de las zonas ocupadas por el villismo. Y es que, ante la persistencia de la Revolución, ésta era la única forma de contenerla y encauzar las demandas del campo y la ciudad. Contrasta con la política de Carranza en los años previos, limitada a una revolución de carácter político y que no tomaba en cuenta las aspiraciones populares, desfasada del hecho de que, desde 1910 habían irrumpido, como actores fundamentales del proceso histórico, millones de desposeídos. Después de Zacatecas, el Estado que emergiera de la Revolución estaría obligado a considerar ese nuevo actor social y sus demandas.

Las ampliaciones del Plan de Guadalupe y la ley agraria carrancista preparaban, en el terreno político, la contraofensiva militar del ahora llamado Ejército de Operaciones. La resolución de Villa y Zapata de dividir sus fuerzas fue una de las decisiones militares más controversiales de la Revolución. Las noticias de que peligraba la región lagunera y que ello podía extenderse a otras zonas del norte villista, motivó al Centauro a enviar a Felipe Ángeles al Noreste, con parte del ejército. Éste trató primero de que Villa desistiera de estas órdenes y de que atacaran a la cabeza al enemigo, es decir al mando constitucionalista refugiado en Veracruz. Pero al final se subordinó y partió con parte importante de las fuerzas de la División del Norte. De enero a marzo, otra fracción de la División del Norte combatió en San Luis Potosí, buscando arrancar el Puerto de Tampico a los constitucionalistas, en tanto que el mismo Villa comandará las operaciones en Jalisco. Mientras tanto, los zapatistas tomaban Puebla el 15 de diciembre de 1914, y actuaban en la zona adyacente de la Ciudad de México, recibiendo el encargo de Villa de estar alertas y frenar a los carrancistas.

Obregón aprovechó el tiempo precioso que la estrategia militar convencionista le brindaba, para reorganizar sus fuerzas y apurar la partida para ir al choque con Villa, temeroso además de que éste pudiera acceder a la importante plaza portuaria de Tampico. Para ello aprovechó la colaboración estadounidense.

Según plantea John Mason Hart, el pacto por el cual las fuerzas de Estados Unidos dejaban Veracruz a los constitucionalistas incluía el traspaso de un gran arsenal que se encontraba en el puerto desde abril de 1914, además de los cargamentos que fueron llegando durante todo el año. Los materiales de guerra acumulados en el puerto incluían: artillería, ametralladoras, rifles, escopetas, carabinas, revólveres, pistolas, granadas […]. Los cargamentos del Monterrey y del México, que habían llegado el 7 de marzo y el 18 de abril respectivamente, contenían varios miles de pistolas, revólveres y cargas de munición […] (109).

A esto hay que añadirle que gran parte de la artillería que los estadounidenses supuestamente embarcaron al abandonar México, nunca llegó a su destino.

Como planteamos antes, Estados Unidos tomaba opción por Carranza y Obregón como los capaces de pacificar el país y garantizar sus inversiones.

Desde mediados de diciembre se desarrolló la crisis en la Convención. Los rumores de que Eulalio Gutiérrez conspiraba con Obregón se vieron confirmados por Villa (110). El 13 de enero, en medio de tensiones entre el Centauro y el gobierno convencionista, abandonaron la Ciudad de México Gutiérrez y sus ministros, con parte de su tropa, llevándose una gran cantidad de dinero del tesoro nacional. Coludidos con aquél, también hicieron lo propio algunos villistas connotados como José Isabel Robles y Eugenio Aguirre Benavides. En algunos casos, las tropas de Gutiérrez llegaron a chocar con los destacamentos de la División del Norte, lo que le agregó una nueva complicación a la campaña de los ejércitos campesinos.

En ese contexto, Obregón inició su avance hacia el centro y retomó Puebla el 5 de enero de 1915. Ingresó a la Ciudad de México el 28 de enero, que fue abandonada por los zapatistas, y la Convención se instaló en Cuernavaca. Estaba consumada la división geográfica de los ejércitos campesinos: los zapatistas y la Convención en el Sur (pronto sería electo de forma transitoria el villista González Garza como nuevo presidente) y la antigua División del Norte actuando en el Bajío y el norte de la república, convirtiéndose Obregón en una cuña entre ambos. Esta división nunca volvió a superarse, y trajo aparejada la descoordinación militar.

La caída de Huerta y la sucesiva ocupación de la Ciudad de México por los distintos ejércitos triunfadores, marcó un tercer momento de la participación del movimiento obrero en la Revolución, sin duda el más controversial y trágico.

Ya desde su primera estancia en la Ciudad de México, en el segundo semestre de 1914, Obregón buscó acercarse a sectores del movimiento obrero organizados en la Casa del Obrero Mundial. En 1915, el fruto de esta relación política fue que una parte importante del movimiento obrero apoyó al constitucionalismo, y que algunos sindicatos organizaron los batallones rojos que se sumaron a la campaña contra la reacción villista, los cuales tuvieron su bautismo de fuego en la segunda batalla de Celaya, en abril de ese año, al mismo tiempo que el avance de los ejércitos obregonistas eran acompañados por la labor de la Casa que organizaba a los trabajadores y propugnaba el apoyo al constitucionalismo en los territorios conquistados. La importancia política de este pacto es meridiana y no puede ser empañada por el hecho de que incluyó sólo a una parcialidad de los trabajadores.

Se sentaron las bases de una característica fundamental del Estado mexicano en las siguientes décadas: la alianza y subordinación del movimiento obrero respecto a la burguesía revolucionaria, y la fractura respecto al movimiento campesino; el ala conciliadora de las direcciones del proletariado será a partir de entonces crecientemente hegemónica. No es un dato menor que en esta nueva relación política surgió la figura del dirigente sindical Luis N. Morones, quien en el periodo posrevolucionario fue dirigente de la Central Regional Obrera Mexicana (CROM) y secretario del Trabajo del gobierno de Obregón, todo un modelo de los nuevos líderes burocratizados que surgirán en el movimiento obrero.

El que sectores que concertaron este apoyo levantaran al mismo tiempo un programa con elementos anarcocomunistas, no minimiza la importancia crucial que esto tuvo: aquéllo era estéril sin una ubicación que buscase la alianza con el radicalismo campesino.

Frente a esta situación en el movimiento de trabajadores, las direcciones campesinas radicales resultaron incapaces de representar una alternativa para las organizaciones obreras. Aunque los zapatistas en particular se dirigieron, en sus manifiestos, a los trabajadores urbanos, no tenían una orientación más concreta para establecer una alianza con las organizaciones obreras y contrapesar así la política de ofrecimientos y concesiones de Obregón. El anticapitalismo campesino surgía como un torrente de la propia realidad cotidiana, se limitaba al sector donde vivían las consecuencias de la opresión y la explotación: las haciendas. Y, por su parte, la perspectiva radical propugnada por sectores del movimiento obrero no pasaba de un discurso que podía ser estratégicamente correcto pero aún abstracto, y donde faltaba la llave para una concreta perspectiva socialista: dejar atrás toda subordinación a la burguesía constitucionalista, y avanzar en la unidad con el campesinado insurrecto tras un programa que articulara la lucha por las reivindicaciones más sentidas con el combate por la toma del poder político y la destrucción del capitalismo.

Los movimientos de Villa por el Bajío se caracterizaron, como sus campañas anteriores, por apelar a medidas radicales de corte social contra los “ricos” y la expropiación de parte de sus tierras. Aunque en muchos casos dejaba subsistir a los capitalistas a cambio de imponerles impuestos compulsivos, estas medidas generaron simpatía entre los oprimidos, en la misma proporción que odio de clase en los distintos sectores de la clase dominante. El punto cúlmine fue la promulgación de la Ley General agraria de mayo de 1915 en León, continuidad del decreto de 1913, que planteaba:

Artículo XIº. Se considera incompatible con la paz y la prosperidad de la república la existencia de las grandes propiedades territoriales. En consecuencia, los gobiernos de los estados, durante los tres primeros meses de expedida esta Ley, procederán a fijar la superficie máxima de tierra que, dentro de sus respectivos territorios, pueda ser poseída por un solo dueño; y nadie podrá en lo sucesivo seguir poseyendo ni adquirir tierras en extensión mayor de la fijada, con la única excepción que consigna el artículo 18º (111).

Aun en un momento de gran tensión por el enfrentamiento militar inminente, el villismo ratificaba una perspectiva radical contra los terratenientes, articulando la guerra contra el constitucionalismo con la adopción de medidas sociales muy avanzadas.

Mientras que en los meses siguientes el constitucionalismo se concentraba en dirimir la guerra contra Villa, el zapatismo se abocaba a edificar un poder local sustentado en la expropiación y el reparto de las tierras, con sus cimientos hundidos en los pueblos y en el monopolio de las armas por las masas agrarias.

Aunque en el ensayo siguiente de este libro desarrollamos esta importante experiencia, hay que considerar que representó la mayor concreción del radicalismo plebeyo zapatista, con la liquidación de las clases dominantes y de toda propiedad capitalista y terrateniente en el estado, como fue el caso de la principal industria morelense, localizada en los ingenios. Lo que Adolfo Gilly denominó con justeza la Comuna de Morelos, fue una de las experiencias más avanzadas, en la historia contemporánea de la lucha de clases, de la acción del campesinado y su tendencia a la independencia respecto a las fracciones de la burguesía, llegando a poner en pie una experiencia de poder revolucionario local.

El 10 de marzo, Obregón, con sus fuerzas recompuestas y abastecidas, abandonó la Ciudad de México, que fue de forma coyuntural retomada por los zapatistas, y salió a la búsqueda del que consideraba, con justeza, como el principal adversario militar del proyecto constitucionalista. Como relatan distintos historiadores, los siguientes cuatro episodios armados definieron el curso de la guerra civil.

La primera batalla de Celaya inició el 4 de abril de 1915, concentrando Villa alrededor de 8 mil combatientes, contra un aproximado de 12 mil soldados bajo el mando del sonorense. Aunque Ángeles le aconsejaba no enfrentar en ese momento a Obregón, Villa salió a su encuentro. Ya en esta primera batalla se vio la que fue una característica de los combates siguientes: la escasez de suministros y la dificultad para conseguirlos en Estados Unidos por parte del villismo, combinación de las propias complicaciones de su logística con los obstáculos que la administración de Washington le imponía al tráfico de armas para la División del Norte (112). La batalla se libró con las fuerzas constitucionalistas en una posición defensiva, cediéndole a la División del Norte la ofensiva, que no logró quebrar de forma sostenida las líneas de Obregón ni evitar el arribo de refuerzos, y debió replegarse con importantes pérdidas hacia Salamanca.

Mientras los constitucionalistas recibían refuerzos –los zapatistas no lograron cortar el abastecimiento desde Veracruz–, Villa, sin dar suficiente descanso a sus hombres, aun cuando había recibido pocas municiones y sólo con cuatro o cinco mil combatientes de refresco, se lanzó de nuevo al combate113, que inició el 13 de abril y que terminó con un segundo resultado desfavorable para la División del Norte. Al acertado atrincheramiento de las fuerzas de Obregón (con loberas, trincheras individuales donde se ubicaban los tiradores yaquis), y la utilización atinada de las ametralladoras, hay que agregar las particularidades de la geografía que complicaban la acción de la caballería de la División del Norte, gran número de municiones defectuosas (los villistas descubrieron que les habían vendido balas de palo recubiertas de bronce) y los estragos que la caballería de reserva obregonista provocaron después de que los villistas no lograron quebrar sus líneas defensivas. Una vez más se repetía el esquema de Obregón, que sacaba ventaja de la impaciencia de Villa: dos movimientos enlazados, el primero resistir al límite a la defensiva, y luego pasar al contraataque.

La División del Norte se concentró en Irapuato y luego en León. Ángeles, quien llegó desde Monterrey para entrevistarse con Villa, le propuso una táctica defensiva y de repliegue sobre el Noreste, para que Obregón retomase la iniciativa y alargase sus vías de suministros. Villa optó por concentrar el máximo de tropas preparando el nuevo choque. Éste se dio en las cercanías de la estación Trinidad, a mitad de camino entre Silao y León, e inició el 29 de abril, con algunas escaramuzas que se extendieron durante los días siguientes. De nuevo, los problemas de suministro complicaron la actuación de la División del Norte. Las tropas de Villa, que había agrupado a refuerzos provenientes de distintos puntos del país, ascendían a 25 mil combatientes, en tanto que las fuerzas de Obregón rondaban los 35 mil114. Los días 21 y 22 de mayo, la División del Norte tomó la ofensiva e inició una serie de ataques que se extendieron hasta inicios de junio, pero que no lograron nunca definir la batalla, aunque en varios momentos estuvieron a punto de quebrar el cuadro defensivo planteado por el sonorense. El 3 de junio, Obregón fue herido y perdió el brazo, debiendo abandonar coyunturalmente el mando. Al día siguiente, el estado mayor obregonista, sorpresiva e intempestivamente pasó a la ofensiva y avanzó hacia León y Silao, lo que obligó al repliegue a la División del Norte, que no logró contenerlos. La tercera batalla del Bajío había terminado con un nuevo triunfo del carrancismo y Villa tuvo que retirarse hacia Aguascalientes.

Allí se libró la última gran batalla, donde la posición defensiva asumida por la División del Norte no logró contener a los carrancistas y luego de que Obregón la forzó a buscar batalla a campo abierto, fue de nuevo derrotada.

Los efectos de las derrotas del Bajío son indudables y marcaron un punto de inflexión en el relativo equilibrio de fuerzas existente desde enero de 1915, después de que los ejércitos convencionistas dejaron pasar la iniciativa de atacar al centro constitucionalista en Veracruz. Obregón recuperaba terreno y avanzaba de manera lenta, mientras la zona controlada por Villa se reducía, se acumulaban las deserciones entre sus mandos y las derrotas de los destacamentos que actuaban en distintos lugares del norte del país. Después de estas derrotas, durante el segundo semestre de 1915 el villismo intentó de forma desesperada lograr algún triunfo militar que le permitiera restablecer sus fuerzas. En la campaña de Sonora, todavía con una fuerza de 6 mil 500 combatientes, buscó dar un golpe de mano atacando primero Agua Prieta, defendida por Plutarco Elías Calles y luego Hermosillo. Al final, los restos de la División del Norte emprendieron el regreso a Chihuahua, donde Villa la disolvió y dejó en libertad de acción a sus integrantes para buscar la amnistía o continuar la lucha.

Durante los años siguientes continuó la acción militar del villismo, bajo una forma de guerrilla, que llegó incluso a tomar de forma transitoria algunas ciudades. El descontento acumulado con Estados Unidos, por el apoyo logísticomilitar a Carranza y la estafa de uno sus proveedores de armas, empujó a Villa al célebre ataque a la población estadounidense de Columbus, que desató las airadas protestas y el envío de una fuerza yanqui de 12 mil soldados con camiones y aviones, al mando del general John Pershing, la cual penetró en territorio mexicano, intentando capturar de manera infructuosa al Centauro y sus combatientes, y que dio nuevos bríos al apoyo popular al villismo en el norte del país.

Paco Ignacio Taibo II, en su Pancho Villa…, plantea que “la macrovisión no empata con la microhistoria” (115), en alusión crítica a las interpretaciones marxistas que explican las derrotas villistas en el Bajío por las limitaciones de su proyecto político y su origen de clase. Es evidente que no puede reducirse mecánicamente el resultado de la confrontación entre la División del Norte y el carrancismo a estas causalidades estructurales, ni comprenderse sólo desde ahí el resultado inmediato del conflicto militar. En las decisivas batallas del primer semestre de 1915 hubo momentos donde los villistas podían haber torcido el curso de las mismas, como han documentado distintos historiadores. Obregón aprovechó al máximo la impaciencia de Villa y su tendencia a lanzarse a la ofensiva, y contó a su favor con la falta de pertrechos del adversario. Pero, sin ánimo de violentar la autonomía de los hechos militares, el resultado final de la guerra civil sí tuvo una relación mediatizada con la primacía, en los momentos políticos y militares cruciales, de una perspectiva regionalista. Para el curso de los acontecimientos en el año 1915, fue fundamental la decisión político-militar de Villa y de Zapata de dividir sus fuerzas y no aprovechar el momento clave de diciembre de 1914 para golpear al constitucionalismo, permitiéndole retomar la ofensiva política y militar. Su práctica radical en el terreno de las relaciones agrarias y la confrontación con la clase dominante, no suprimen la debilidad de que no contó con un proyecto nacional anticapitalista y alternativo al carrancista, y que por ende no tomó las medidas políticas y militares para imponerlo.

En esa época, y cruzando transversalmente el periodo de la guerra civil que recién planteamos, se desarrolló un nuevo episodio de la acción del movimiento obrero en la revolución, signado por su ruptura con el gobierno. Si el carrancismo en 1915 contó a su favor con el apoyo de sectores del movimiento obrero y con la inexistencia de una alianza social entre éste y el campesinado insurrecto, los triunfos militares del Bajío lo impulsaron a confrontar a los trabajadores urbanos, con la intención de dejar claramente establecido su subordinación y disciplinamiento. Este cuarto momento fue marcado por el inicio de una nueva oleada de acciones reivindicativas, que condujeron a una huelga general encabezada por los trabajadores electricistas, la primera convocada como tal en la historia del país. En esos tiempos de efervescencia política, la Casa del Obrero Mundial declaraba tener más de 90 mil afiliados (116). La respuesta gubernamental abandonó toda política contemporizadora –como había tenido en los meses previos– y encarceló a los dirigentes electricistas, amenazando con fusilarlos si no levantaban la huelga. Esto marcó una ruptura con el gobierno de Carranza, y a partir de entonces los sectores más conciliadores del movimiento obrero profundizaron su vinculación con Obregón, a quien apoyaron en su posterior confrontación con el Primer Jefe. Se mostró así el resultado de que no existiese una alianza entre el movimiento obrero y el campesinado: consumada la derrota de la División del Norte, en 1916 el movimiento obrero fue uno de los siguientes objetivos del constitucionalismo en el poder.

La derrota de la División del Norte abrió el camino para que, de forma tortuosa, se concretase la reorganización del estado y el encumbramiento de los triunfadores, que en las décadas siguientes se transformarían en parte fundamental de la clase dominante.

El Congreso Constituyente de 1916-1917 estuvo en esencia conformado por los representantes de la fracción militar victoriosa de la Revolución. A partir del triunfo sobre el villismo y el zapatismo, se consolidaron las distintas tendencias existentes en las etapas previas; junto al carrancismo, se mantuvo el obregonismo como un sector propenso a incorporar las demandas obreras y campesinas, así como el ala jacobina el cual realizó durante esos años distintas experiencias de gobierno en varios estados, que incluyeron algunas de las propuestas llevadas al Congreso Constituyente.

El proyecto presentado por Venustiano Carranza constituía una reedición de la Constitución liberal de 1857. El mismo fue modificado y los artículos 27, 123 y 130 incorporaron y enmarcaron dentro de la legalidad posrevolucionaria varias demandas sociales de las masas urbanas y rurales. Se establecía la propiedad de la nación sobre las tierras y aguas –las cuales podían ser cedidas a los particulares– así como del subsuelo y sus riquezas, que solo podrían ser concesionadas.

Se fijaba la constitucionalidad del ejido y de la pequeña propiedad, y se pautaba la devolución a sus propietarios originales, previa demostración de los títulos correspondientes, de aquellas tierras usurpadas en el pasado. Se establecieron la jornada de 8 horas, derechos de sindicalización, de huelga y las juntas de conciliación y arbitraje. Otro aspecto destacable fue la imposición de diversas restricciones a las iglesias. Como planteaba Adolfo Gilly “El texto definitivo fueimpuesto por una alianza del centro (Obregón) con la izquierda jacobina, y ese eje de centro-izquierda es el que tiene toda la constitución” (117).

La Carta Magna que surgió del Congreso Constituyente de Querétaro sentó los cimientos de un régimen político que se iría consolidando en los años siguientes y que descansó en la incorporación de sectores de las masas como su base social. Lo hizo al integrar de forma parcial y limitada las demandas obreras campesinas y populares, institucionalizándolas mediante la sujeción a la nueva legalidad burguesa y al poder político en manos de la facción triunfante. El Congreso Constituyente de Querétaro marcó el fin del proceso revolucionario por lavía de la contención y el desvío de la Revolución iniciada en 1910, combinando la derrota física de los ejércitos campesinos radicales con la sujeción y subordinación de las masas campesinas y proletarias a las instituciones del Estado posrevolucionario.

Los tres años siguientes mostraron tanto los esfuerzos del nuevo régimen por disciplinar a los sectores campesinos que seguían actuando, como la confrontación al interior de la facción triunfante; en este sentido, el triunfo de la rebelión de Agua Prieta en 1920 y el asesinato de Venustiano Carranza marcó el ascenso al poder de los sonorenses encabezados por Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, que edificaron el nuevo régimen bonapartista, apoyados en el sostén brindado por el movimiento campesino y el movimiento obrero, que en los años siguientes se consolidó como la principal fuerza social del país.

Querétaro marcó el comienzo de la institucionalización de la Revolución, en un proceso que fue jalonado por la emergencia del Partido Nacional Revolucionario en 1929 con el cual se disciplinaba políticamente a la familia revolucionaria, y que concluyó, durante el sexenio cardenista, con la incorporación de las organizaciones campesinas y obreras al Partido de la Revolución Mexicana. Esto marcó el punto más alto en la subordinación del ya poderoso movimiento obrero al régimen burgués surgido de la Revolución, que, parafraseando a José Revueltas, se convirtió así en un “proletariado sin cabeza”.

Conclusiones

La Revolución iniciada en 1910 y protagonizada por las masas agrarias no se detuvo en el fin del porfiriato y asumió un carácter permanentista. Hablamos de permanentismo, recuperando el método y el marco teórico desarrollado por León Trotsky, porque la Revolución, retomando las tareas que la burguesía mexicana no había sido capaz de realizar en el siglo previo, fue más allá de un mero cambio de régimen político. Asumiendo la forma de una aguda guerra civil, la lucha por la tierra implicó el cuestionamiento de las bases del capitalismo mexicano: la propiedad de los terratenientes y los latifundistas (118).Y planteó, en forma precursora, la dinámica que durante el siglo XX asumieron las revoluciones en los países de desarrollo capitalista retrasado, en las cuales resolver la cuestión de la tierra estuvo enlazada a lograr la liquidación del poder económico de las clases dominantes y la toma del poder político.

Visto desde otro ángulo, el carácter permanentista que mencionamos es una consecuencia de que las direcciones burguesas y pequeñoburguesas se encontraban imposibilitadas de resolver las reivindicaciones claves del proceso revolucionario, porque ello atentaba contra sus propios intereses y sus pretensiones de encumbramiento económico y político en el capitalismo mexicano. En su intento por contener los acontecimientos después del levantamiento contra Díaz, empujaron a la aceleración de la lucha de clases y a que adquiriese las características de una revolución social en el campo.

Este permanentismo se expresó en que, a partir de 1910 se dio una dinámica de confrontación entre revolución y contrarrevolución, la cual atravesó los distintos periodos ya presentados, y que terminó haciendo añicos el viejo régimen político y el Ejército Federal. Esta dinámica de corte anticapitalista se evidenció en la ruptura constante de la legalidad burguesa, mostrada tanto en el cuestionamiento cotidiano del latifundio, como en que las legislaciones zapatista y villista explícitamente sostenían que su garantía última estaba en el armamento de la población. Y se vislumbró en que las direcciones campesinas avanzaron, en determinados momentos, en concentrar el poder político estatal, intentando reorganizar la sociedad a nivel local, como en Chihuahua y en la experiencia de la Comuna de Morelos.

En este contexto, las acciones más propiamente urbanas como las huelgas, aunque asumieron un carácter secundario si lo comparamos con la guerra campesina, fueron parte del proceso y mostraron que la Revolución se expresaba también en las concentraciones obreras, acicateando la entrada de sectores de asalariados a la lucha reivindicativa e impulsando su organización como fue, por ejemplo, el caso de la Casa del Obrero Mundial; un proceso poco conocido, el cual es destacado por autores como John Mason Hart (119), y que nosotros hemos considerado en cuatro momentos que cruzan transversalmente la periodización general de la Revolución.

Para comprender las especificidades del proceso revolucionario y de su carácter permanentista, también hay que tomar en cuenta que el mismo se dio en un momento histórico de transición, signado por el agotamiento del ciclo de las revoluciones burguesas y por el inicio de la época de las revoluciones proletarias.

Esto marcó tanto sus puntos de contacto con las revoluciones contemporáneas, como las enormes contradicciones que se expresaron en el terreno de la acción de los explotados y oprimidos.

En ese sentido, el desempeño de las fracciones más radicales del campesinado y su tendencia crecientemente anticapitalista mostraban el carácter contemporáneo de la Revolución Mexicana, lo cual nunca pudo ser comprendido por el rígido esquematismo de raigambre estalinista, para el cual las masas campesinas y obreras estaban condenadas a acompañar y subordinarse a la burguesía nacional. Como hemos dicho, esta potencialidad no podía hacerse efectiva ni conquistar sus objetivos de lucha sin arrancarle el poder político a la burguesía y a cualquier sector que sostuviera sus intereses, como la pequeñoburguesía convencionista, lo cual requería forjar la alianza obrera y campesina, capaz de postular un proyecto nacional alternativo al constitucionalismo burgués.

La carencia de esto fue una de las mayores limitaciones del proceso revolucionario, en gran medida consecuencia de la particularidad histórica de la Revolución Mexicana y de su ubicación en el momento de transición que ya planteamos.

Como ya explicamos en el desarrollo del ensayo, esto se expresó, desde el punto de vista de la estructura social del temprano capitalismo mexicano, en el escaso peso urbano y el carácter minoritario de los asalariados respecto al campesinado, lo cual se combinaba con una dispersión geográfica del joven proletariado, concentrado de manera fundamental en la industria extractiva, textil y en los servicios, y con una heterogeneidad expresada en que todavía tenían peso importante las formas artesanales del trabajo. Pero las características sociológicas de la clase obrera no son factor suficiente para explicar los límites de su accionar en la Revolución. Las derrotas sufridas en los años previos, como en Cananea y Río Blanco, aunado a la primacía de corrientes ideológicas y políticas que no comprendían la necesidad de la alianza con las mayorías agrarias, son claves para entender por qué la joven clase obrera no asumió un rol revolucionario. El carácter temprano de su desarrollo se expresó también en la inexistencia de una tradición marxista en el movimiento obrero, lo cual podría haber significado –a través de la labor de una organización política revolucionaria– no sólo comprender el potencial que prevalecía en el torbellino rural y bregar por la alianza obrera y campesina, sino también sostener una estrategia para que la independencia política, respecto a la burguesía antiporfirista, fuese acompañada de una perspectiva de lucha por el poder político. Más allá de que esto hubiera o no cambiado el resultado final de la Revolución, posiblemente habría significado la emergencia de una tradición distinta en el seno del movimiento obrero para las décadas posteriores, anclada en una comprensión profunda de la dinámica de la Revolución Mexicana y su resultado (120).

Las contradicciones ya esbozadas privaron a los heroicos ejércitos campesinos, en el punto más alto de su historia de lucha, del aliado social y político indispensable para asaltar el cielo. La experiencia zapatista, basada en la hegemonía de los pueblos y en el ataque frontal a los terratenientes, se vislumbra en retrospectiva como un punto de apoyo ineludible para un proyecto revolucionario en la actualidad.

Cien años después, en los combates de los explotados y los oprimidos del campo y de la ciudad, en la irrupción de los indígenas y campesinos de Chiapas, en la lucha heroica del magisterio y del pueblo oaxaqueño, y en la resistencia de los trabajadores electricistas, mantienen su vigencia las demandas motoras que se concentraron en el grito de “La tierra es de quien la trabaja” y que hoy se han acrecentado con las aspiraciones de los millones de asalariados que mueven los engranajes del capitalismo en el México contemporáneo. Esperemos que la estirpe heroica de los desposeídos que protagonizaron la primera Revolución contemporánea de nuestro continente, resurja en las luchas que, más temprano que tarde, librarán los trabajadores, campesinos e indígenas pobres de México; y que alimente el orgullo por una historia que merece ser recuperada. Cien años después, lo nuevo es que las transformaciones propiciadas por la dominación imperialista han hecho surgir a lo largo y ancho del país, desde el infierno maquilador de Ciudad Juárez hasta los centros de explotación del centro y sur del territorio, una de las clases obreras más concentradas y extendidas de la región, con múltiples lazos con el proletariado del principal imperialismo del planeta. Los descendientes de quienes nutrieron los ejércitos plebeyos de 1910 cuentan con un gran aliado capaz de paralizar el centro mismo de la economía capitalista, sus fábricas, sus bancos y sus transportes, y poder encarar así las tareas de la segunda revolución mexicana, obrera y socialista, que culmine y lleve a su término la obra de Emiliano Zapata, para –ahora sí y de una vez por todas– tomar el cielo por asalto.

Notas:

1 Entendemos como revoluciones clásicas del siglo XX a aquellas que se dieron con un protagonismo de la clase obrera –acompañada por otros sectores oprimidos y explotados del campo y la ciudad–, y de los métodos de lucha y formas de organización surgidos del proletariado, tales como la huelga, la insurrección y los organismos de democracia directa. Ejemplo de estas revoluciones clásicas son la Revolución Rusa de 1905 y la de 1917, los procesos acontecidos en Europa durante las décadas de 1920 y 1930 (como la Revolución Española), los levantamientos insurreccionales en el Este europeo en la inmediata segunda posguerra, los procesos revolucionarios de Argentina y Chile en los años setenta, por citar algunos de los casos más álgidos.

2 En la transición al capitalismo, la revolución burguesa en Europa tuvo por delante la realización de ciertas tareas estructurales necesarias para eliminar el viejo régimen feudal, tales como la desaparición de las aduanas internas y la organización de un mercado único, la unidad política nacional, y la liquidación del latifundio, aunado a la creación de una clase de pequeños y medianos propietarios rurales. Tareas estructurales similares fueron las que tuvieron por delante, en el siglo XIX, los países latinoamericanos incorporados violentamente al mercado mundial y a la división internacional del trabajo, sin haber dejado atrás las formas precapitalistas creadas en los siglos previos.

3 León Trotsky: La teoría de la revolución permanente (compilación de escritos de León Trotsky), Buenos Aires, CEIP “León Trotsky”, 1999, 1a. ed., p. 77.

4 José Revueltas: Ensayo sobre un proletariado sin cabeza, México, Era, 1980, p. 139.

5 Como planteamos en el ensayo “El país de Don Porfirio: estructura social y desarrollo capitalista”, el campesinado mexicano de los tiempos de la Revolución englobaba a una masa heterogénea que incluía, entre otros, a los pequeños productores, a los pobladores rurales que realizaban de forma independiente distintas faenas en relación al trabajo agropecuario, así como a los peones acasillados.

6 Charles C. Cumberland: Madero y la Revolución Mexicana, México, Siglo XXI, 8va. ed., 1999, p. 21.

7 Ibidem, p. 22.

8 Pedro Salmerón: La División del Norte, México, Planeta, 1era. ed. 2da. reimp., 2008, p. 40.

9 Aclarando que, como explicamos más adelante, la composición social de las guerrillas y ejércitos nacidos en Coahuila, Sonora o Chihuahua-Durango fue distinta, de igual forma que la extracción social de sus mandos superiores e intermedios. Para la División del Norte ver Pedro Salmerón, op. cit. Para el Ejército del Noroeste ver Héctor Aguilar Camín: La frontera nómada / Sonora y la Revolución Mexicana, México, Siglo XXI, 1981.

10 Según Pedro Salmerón, pueden encontrarse a muchos de los participantes de las revueltas locales de 1909 en las fuerzas organizadas en torno a Francisco Villa a fines de 1910 y 1911.

11 Pedro Salmerón, op. cit., p. 131.

12 Las sociedades mutualistas, primeros intentos de organización gremial de la clase obrera, levantaron programas por reivindicaciones laborales como la disminución de las horas de trabajo, el aumento salarial o la mejora en las condiciones sanitarias.

13 Charles C. Cumberland, op. cit., p. 73.

14 Ibidem, p. 74.

15 500 años de México en documentos. “Plan de San Luis”, versión facsimilar, <http://www.bibliotecas.tv/zapata/1910/plan.html&gt;. Consultado el 5 de julio de 2010.

16 Idem.

17 Idem.

18 Idem.

19 Charles C. Cumberland, op. cit., p. 153.

20 Plan de San Luis, op. cit.

21 José Villaseñor: “Entre la política y la reivindicación”, p. 223, en Juan Felipe Leal y José Villaseñor, En la Revolución (1910-1917), “La clase obrera en la historia de México”, México, Siglo XXI, 1988.

22 Ramón Eduardo Ruiz: La Revolución Mexicana y el movimiento obrero 1911-1923, México, Era, 1976, p. 22.

23 Pedro Salmerón, op. cit., pp. 155 y 156.

24 La primera acción liderada por el coahuilense en territorio mexicano, en febrero de 1911, con el intento de tomar Casas Grandes, fue derrotada por el Ejército Federal.

25 Charles C. Cumberland, op. cit., p. 148.

26 Esta influencia golpeó la moral del ejército, así, hay que considerar el complot de Tacubaya, protagonizado por sectores jóvenes de la oficialidad.

27 Francisco Pineda Gómez: La Revolución del sur 1912-1914, México, Era, 2005, p. 29.

28 Charles C. Cumberland, op. cit., p. 167.

29 Pedro Salmerón, op. cit., p. 230.

30 Adolfo Gilly: La Revolución interrumpida / México 1910-1920: una guerra campesina por la tierra y el poder, México, Ediciones El Caballito, 7ma. ed., 1980, p. 47.

31 Citado en Charles C. Cumberland, op. cit., p. 176.

32 Charles C. Cumberland, op. cit., p. 179.

33 Ibidem, p. 184.

34 Pedro Salmerón, op. cit., pp. 269-270.

35 Charles C. Cumberland, op. cit., p. 211.

36 Francisco Pineda Gómez, op. cit., p. 159.

37 500 años de México en documentos. “Plan de la Empacadora”, 25 de marzo de 1912, <http://www.biblioteca.tv&gt;. Consultado el 5 de julio de 2010.

38 Francisco Pineda Gómez, op. cit., pp. 126-127.

39 Francisco Pineda Gómez, op. cit., p. 57.

40 Charles C. Cumberland, op. cit., p. 240.

41 Discurso de Madero en Veracruz, 23 de septiembre de 1911, citado en Charles C. Cumberland, op. cit., p. 242.

42 Ibidem, p. 250.

43 Ibidem, p. 248.

44 Ibidem, p. 252.

45 Se puede consultar el Plan de Ayala en este libro, parte III “Memorias de la Revolución”, pp. 299.

46 Adolfo Gilly, op. cit. y Francisco Pineda Gómez, op. cit.

47 Adolfo Gilly, op. cit., p. 64.

48 Ibidem, p. 68.

49 Ibidem, p. 43.

50 El País, 31 de agosto de 1912, citado por John Womack Jr.: Zapata y la Revolución Mexicana, México, Siglo XXI, 7ma. ed., 1976, p. 135.

51 Citado por John Womack Jr., op. cit., p. 136.

52 Francisco Pineda Gómez, op. cit., p. 49.

53 Según Francisco Pineda Gómez, “los hechos de armas muestran, además, la forma del despliegue de las fuerzas rebeldes. Concentran, atacan, se abastecen y se retiran, vuelven a concentrar y atacar”, ibidem, p. 50.

54 John Womack Jr., op. cit., p. 147.

55 Francisco Pineda Gómez, op. cit., p. 142.

56 Ibidem, p. 168.

57 Ibidem, p. 172.

58 Ibidem, p. 185.

59 Ibidem, p. 189.

60 Adolfo Gilly, op. cit., p. 57.

61 Francisco Pineda Gómez, op. cit., p. 30.

62 Friedrich Katz (comp.): Revuelta, rebelión y revolución, volumen 1, México, Era, 1era. ed. 2da reimp., 1999, pp. 16-17.

63 Ibidem, pp. 9-24.

64 V. I. Lenin: La enfermedad infantil del “izquierdismo” en el comunismo, Pekín, Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1975, 4ta. ed., en línea, <http://www.marx2mao.com/M2M%28SP%29/Lenin%28SP%29/LWC20s.html&gt;. Consultado el 10 de julio de 2010.

65 Citado por Pedro Salmerón: Los carrancistas, México, Planeta, 2010, p. 126.

66 Ibidem, p. 128.

67 Héctor Aguilar Camín, op. cit., pp. 373-374.

68 Pedro Salmerón, op. cit., p. 169.

69 Héctor Aguilar Camín, op. cit., pp. 316-317.

70 Ibidem, p. 329.

71 Pedro Salmerón, op. cit., p. 201.

72 Friedrich Katz: Pancho Villa, México, Era, 1era. ed. 1era. reimp., 1999, vol. I, p. 352.

73 Pedro Salmerón: La División del Norte, p. 310.

74 Según Pedro Salmerón, “la unión de los laguneros y cuencamenenses con los revolucionarios de Chihuahua y el norte de Durango fue lo que dio vida a la División del Norte” en Pedro Salmerón, op. cit., p. 154.

75 Friedrich Katz, op. cit., p. 352.

76 Paco Ignacio Taibo II: Pancho Villa / Una biografía narrativa, México, Planeta, 2007, p. 378.

77 Pedro Salmerón, op. cit., p. 409. Para ampliar lo referente a la relación entre los hombres que protagonizaron la rebelión en Chihuahua y Durango y la estructura económico-social, el proceso histórico y la misma geografía regional, véase la obra citada.

78 Francisco Pineda Gómez, op. cit., p. 278.

79 Francisco Pineda Gómez, op.cit., p. 444.

80 Paco Ignacio Taibo II, op. cit., p. 178.

81 Según las fuentes que cita Paco Ignacio Taibo II, la División del Norte contaba con entre 4 mil y 8 mil combatientes. Véase op. cit., p. 199.

82 Ibidem, p. 267.

83 Ibidem, p. 380.

84 Ibidem, p. 405.

85 Sobre esto, véase John Mason Hart: México revolucionario, y Paco Ignacio Taibo II, op. cit.

86 Paco Ignacio Taibo II documenta que esto no dio pie al surgimiento de alguna nueva “burguesía” villista ni al enriquecimiento individual de los caudillos y mandos de la División. Véase Paco Ignacio Taibo II, op. cit., pp. 499-502.

87 Para este punto, véase las obras citadas de Paco Ignacio Taibo II y Friedrich Katz.

88 En Durango, donde como planteamos existía una larga historia de conflictos agrarios, el gobierno de Pastor Rouaix promulgó una ley agraria que tenía la característica de legitimar las restituciones y expropiaciones realizadas por los pueblos con el incentivo de las partidas revolucionarias de Calixto Contreras y Orestes Pereyra.

89 Zapata a Magaña, en Francisco Pineda Gómez, op. cit., pp. 350-351.

90 Como dijimos antes, la acción de las tropas comandadas por Pablo González no constituían una seria amenaza para el Ejército Federal, y en las varias ocasiones que Villa le pidió que bloquease el avance de los refuerzos provenientes del noreste, no lo hizo.

91 Citado en Paco Ignacio Taibo II, op. cit., p. 343.

92 Citado por Paco Ignacio Taibo II, op. cit., p. 352.

93 Citado por Paco Ignacio Taibo II, op. cit., p. 360.

94 Pedro Salmerón, La División del Norte, p. 435.

95 Gildardo Magaña: Emiliano Zapata y el agrarismo en México, tomo IV, México, INEHRM, 1985, p. 119.

96 Paco Ignacio Taibo II, op. cit., p. 374.

97 En sus respectivas obras, Pedro Salmerón habla de 22 mil integrantes de la División del Norte, en tanto que Paco Ignacio Taibo II menciona 19 mil 500 combatientes sumando los efectivos de la División del Norte y del Centro.

98 Adolfo Gilly, op. cit., p. 180.

99 Francisco Pineda Gómez, op. cit., pp. 544 y 545.

100 Ibidem, p. 101.

101 Citado en Paco Ignacio Taibo II, op. cit., p. 397.

102 Ibidem, p. 414.

103 Aunque no es el tema del presente ensayo, remitimos al lector a la amplia bibliografía sobre el estado mexicano y el régimen que emerge en la década de 1920, destacando la obra de Manuel Aguilar Mora: El escándalo del Estado / Una teoría del poder político en México, México, 2000, Fontamara, 416 pp., que retoma la amplia elaboración sobre el tema de Marx, Engels, Lenin, Trotsky y otros autores, y presenta las tesis del autor. Allí cita a Marx, quien en relación con el gobierno de Luis Bonaparte planteaba: “El Imperio, con el golpe de Estado como partida de nacimiento, el sufragio universal como credencial y el sable como cetro, pretendía apoyarse en los campesinos […] So pretexto de salvar a la clase obrera, lo que hizo fue acabar con el parlamentarismo, convirtiendo descaradamente al gobierno en instrumento de las clases poseedoras. So pretexto de salvar a las clases poseedoras, lo que hizo fue mantener en pie su prepotencia económica sobre la clase obrera.” (p. 209). Y afirma Aguilar Mora: “El equilibrio bonapartista es el sello indeleble de momentos históricos críticos precisos de la trayectoria de la sociedad burguesa. Se da en situaciones en las que o sus clases se encuentran fatigadas, abrumadas o derrotadas después de gigantescas conmociones revolucionarias, o se encuentran en extrema tensión en el umbral mismo de cambios espectaculares de carácter revolucionario o contrarrevolucionario” (p. 210). Por su parte, Trotsky, analizando el gobierno de Lázaro Cárdenas, sostuvo: “En los países industrialmente atrasados el capital extranjero juega un rol decisivo. De ahí la relativa debilidad de la burguesía nacional en relación con el proletariado nacional. Esto crea condiciones especiales de poder estatal. El gobierno oscila entre el capital extranjero y el nacional, entre la relativamente débil burguesía nacional y el relativamente poderoso proletariado. Esto le da al gobierno un carácter bonapartista sui generis, de índole particular. Se eleva, por así decirlo, por encima de las clases. En realidad, puede gobernar o bien convirtiéndose en instrumento del capital extranjero y sometiendo al proletariado con las cadenas de una dictadura policial, o maniobrando con el proletariado, llegando incluso a hacerle concesiones, ganando de este modo la posibilidad de disponer de cierta libertad en relación a los capitalistas extranjeros. La actual política (del gobierno mexicano, N. del T.) se ubica en la segunda alternativa; sus mayores conquistas son la expropiación de los ferrocarriles y de las compañías petroleras”, en León Trotsky, “La industria nacionalizada y la administración obrera”, publicado sin firma en Fourth International, agosto de 1946. Tomado de León Trotsky: Escritos Latinoamericanos, Buenos Aires, CEIP, 2007, 3era ed., p. 170.

104 Citado en John Womack Jr, op. cit., p. 195 y en Adolfo Gilly, op. cit., p. 121.

105 Citado por Francisco Pineda Gómez, op. cit., pp. 548 y 549.

106 Citado por Francisco Pineda Gómez, op. cit., p. 470.

107 Adolfo Gilly, op. cit., p. 148.

108 “[…] es preciso no olvidar que en virtud y por efecto de la solidaridad del proletariado, la emancipación del obrero no puede lograrse si no se realiza a la vez la libertad del campesino. De no ser así, la burguesía podrá poner estas dos fuerzas la una frente a la otra aprovechándose, v.gr., de la ignorancia de los campesinos para combatir y refrenar los justos impulsos de los trabajadores del mismo modo que, si el caso se ofrece, podrá utilizar a los obreros poco conscientes y lanzarlos contra sus hermanos del campo” en Adolfo Gilly, op. cit., p. 286.

109 John Mason Hart, op. cit., p. 398.

110 A inicios de enero, mientras Villa se encontraba en Ciudad Juárez, el mismo Gutiérrez le escribió a Obregón que no avanzara hacia México mientras “se desarrolla el plan de campaña que pretendemos dirigir contra el general Francisco Villa”. Después de la batalla que Ángeles libró contra las fuerzas de Villarreal en las cercanías de Monterrey, aquél capturó correspondencia confidencial del presidente convencionista con el enemigo. Ver Paco Ignacio Taibo II, op. cit., pp. 472-480.

111 Véase en este libro, parte III “Memorias de la Revolución”, p. 305.

112 Mantenemos este nombre para facilitar la comprensión de la lectura, aunque desde enero de 1915 se hacía llamar Ejército Convencionista o Cuerpo de Ejército del Norte.

113 Paco Ignacio Taibo II, op. cit., p. 516.

114 Según Paco Ignacio Taibo II, op. cit., p. 529.

115 Paco Ignacio Taibo II, op. cit., p. 522.

116 Anna Ribera Carbó: “La Casa del Obrero Mundial y la efímera historia del anarcosindicalismo mexicano”, p. 147, en Miguel Orduña y Alejandro de la Torre: Cultura política de los trabajadores (siglo XIX y XX), México, UNAM, 2008.

117 Adolfo Gilly, op. cit., p. 231.

118 En esta definición retomamos y reivindicamos las elaboraciones de los autores que presentamos en la segunda parte de esta obra, tales como Manuel Aguilar Mora y Adolfo Gilly, y que fueron fundamentales en la construcción de una interpretación alternativa a la que el estalinismo difundió en torno a la Revolución Mexicana.

119 Más allá de que consideramos que su análisis no profundiza en la responsabilidad que le competían a los sectores dirigentes del movimiento obrero por la alianza forjada con el obregonismo.

120 Algo de lo que careció el joven Partido Comunista Mexicano surgido en los años posteriores a la Revolución, aun en sus primeros años, antes de su alineamiento incondicional con la burocracia estalinista.

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