El movimiento en las calles y la lucha contra Peña Nieto

20/11/2014

La masacre y las desapariciones de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, desnudaron la descomposición que corroe al estado mexicano, al calor de la dominación imperialista que se agravó las últimas dos décadas. En este contexto, el gobierno endurece su discurso contra los manifestantes.

La subordinación a los Estados Unidos, al calor del Tratado de Libre Comercio, a la par que transformó la economía mexicana en una plataforma de exportación de acuerdo con los intereses de las trasnacionales, apuntaló el crecimiento del negocio del narcotráfico, orientado fundamentalmente al mercado de estupefacientes al norte de la frontera, y la creciente asociación y colusión entre los cárteles y los distintos niveles del poder político y de las instituciones del estado.

Todo lo reaccionario del estado capitalista se concentra en el accionar mancomunado de las instituciones estatales y los narcotraficantes, que actúan como verdaderas bandas de choque contra los activistas sociales.

La podredumbre del capitalismo mexicano –acelerado por la colonización imperialista que succiona la savia de la nación y ata con dobles cadenas de explotación y opresión a millones de trabajadores, campesinos e indígenas–, se expresa en la barbarie que el movimiento en las calles confronta y denuncia día con día.

Un movimiento en ascenso, un profundo “cambio de aire”

Como planteamos diversos analistas aquí, el movimiento adquirió una dinámica ascendente en su carácter masivo y nacional, pero también en sus demandas y consignas con el trascurso de las semanas.

Este movimiento catalizó una profunda crisis política que afecta al proyecto clave con que el imperialismo estadounidense y la clase dominante contuvieron el descontento en los años previos: el “régimen de la Alternancia” entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), con el soporte por centroizquierda del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La hegemonía de los partidos tradicionales sobre los oprimidos y explotados es puesta en cuestión por sectores de la población; el repudio generalizado expresado en el “Fuera Peña Nieto” y el “Fue el Estado”, sintetiza la idea de que no fue un actor aislado, un alcalde o gobernador, sino el estado de conjunto.

En ese contexto, las movilizaciones masivas se combinan con acciones radicales desarrolladas por sectores de la juventud y del magisterio en distintos estados y ciudades, como Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Ciudad Juárez, entre otros.

México ya no será el mismo. Hay un antes y un después de la masacre y las desapariciones de Iguala. Ante esto, los empresarios exigen al gobierno frenar a “los violentos”, por lo que Peña Nieto al regresar de China exige “orden” y “civilidad”, amenazando –en medio de acciones de provocación– con lanzar la represión sobre sectores en lucha, montando provocaciones como la del fin de semana pasado en Ciudad Universitaria. Frente a ello se requiere una perspectiva política a la altura del enemigo a vencer.

Una Huelga General Política para echar a Peña Nieto

El movimiento actual, para hacer real la demanda de Fuera Peña Nieto y los partidos de esta democracia asesina, debe lograr mayor masividad y extensión nacional. Es necesario profundizar la movilización en las calles y que la misma asuma la perspectiva de luchar hasta el final para echar abajo sus instituciones.

En ese sentido, la postura de López Obrador y otros intelectuales afines al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que el 26/10 realizó un acto ante 100.000 personas donde exigió la renuncia de Peña Nieto, elecciones anticipadas y poner fin a las reformas estructurales –fiscal, laboral, educativa, y energética–, deja la suerte del movimiento en manos de las mismas instituciones responsables de la desaparición y la masacre de los normalistas.

A la vez, supone que las mismas pueden reformarse, democratizarse y convocar a elecciones limpias …. haciendo tabula rasa del desvió y derrota de los movimientos contra el fraude en las últimas dos cuestionadísimas elecciones presidenciales. Es –como planteamos previamente– una trampa que será utilizada por la clase dominante para contener el movimiento, limitándolo a un cambio del personal político en el estado: cambiar algo para que nada cambie.

Ante eso, es necesario preparar el camino para una gran Huelga General Política que ponga contra las cuerdas al gobierno de Peña Nieto y lo derrote en las calles. Es fundamental que los trabajadores y sus organizaciones entren a escena, al frente de una gran alianza obrera, campesina y popular, retomando la agenda puesta en juego por la movilización de cientos de miles en el último mes y medio.

La clase obrera mexicana sufrió importantes golpes –como la liquidación de Luz y Fuerza del Centro en el año 2009–, con direcciones traidoras y entreguistas como el charrismo oficialista de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) que dejaron pasar los planes esclavizadores y de precarización laboral.

Pero también dio duras peleas, como el magisterio en el 2013, que hoy se moviliza en Guerrero y otros estados. La crisis actual puede ser la grieta por donde se cuelen nuevos sectores de trabajadores, contagiados por el rol de la juventud en las movilizaciones actuales.

Acciones como el paro del 20/11, convocado también por el Sindicato de Telefonistas, puede ser un paso adelante, a condición de que la participación de las organizaciones obreras sea una verdadera demostración de fuerzas contra el gobierno. La participación destacada de los trabajadores le daría a la movilización la fuerza que requiere, y abriría las puertas a un verdadero proceso revolucionario en donde la Huelga General Política sería el golpe decisivo para la caída del gobierno de Peña Nieto.

Gobierno provisional y Asamblea Constituyente

Esa es la vía para resolver las reivindicaciones actuales: una Huelga General que imponga un gobierno provisional de las organizaciones obreras, campesinas y populares en lucha.

Recientemente, Guillermo Almeyra criticó la perspectiva de quienes sostienen una salida de “elecciones anticipadas”, como el Morena y López Obrador, planteando correctamente “¿organizadas por sus agentes de la llamada Justicia Electoral, que le dio el triunfo al fraudulento Calderón y al fraudulento Peña Nieto? ¿o por el Congreso PRIAN-PRD y adláteres al cual hay que barrer?”.

Almeyra plantea que la movilización “podrá imponer, como en Bolivia, la expulsión del presidente asesino y un gobierno provisorio que organice elecciones generales limpias para una Asamblea Constituyente con los medios de comunicación bajo control popular y distribución justa de los espacios y tiempos.”

Aunque coincidimos con Almeyra en su crítica a AMLO y la propuesta de luchar por una Asamblea Constituyente, la mención al ejemplo de Bolivia enseña que pensamos en claves distintas. Y es que en Bolivia, el proceso de la lucha de clases –que condujo a la renuncia de Sánchez de Losada primero y de Carlos Mesa después–, fue desviado al proceso electoral que llevó a Evo Morales a la presidencia.

El resultado: no se quebró la institucionalidad burguesa y no se realizaron las tareas estructurales profundas que motorizaron la irrupción de las masas obreras, campesinas e indígenas desde inicios de los 2000.

Por eso, una huelga general política que derribe al gobierno de Peña Nieto, para no dilapidar la energía social puesta en movimiento, debe imponer un gobierno de las organizaciones en lucha, encabezado por la clase obrera, que confronte radicalmente con el viejo régimen y el estado capitalista.

Como primera medida, en ese sentido, debería convocar a unaAsamblea Constituyente Libre y Soberana sin ninguna restricción y conacceso igualitario a los medios de comunicación para las organizaciones obreras, campesinas, populares y de izquierda, con representantes electos por sufragio universal cada 50.000 habitantes, que sean revocables y que cobren lo mismo que un maestro, donde voten todos los mayores de 16 años, en la cual la agenda de discusión sean las demandas y aspiraciones de las grandes mayorías.

Como el fin de la represión y la militarización, de la trata y los feminicidios, la legalización de las drogas para atacar el negocio del narcotráfico, la expropiación de los grandes capos de la droga y del lavado de dinero y las medidas necesarias para acabar con los cárteles que actúan coludidos con las fuerzas represivas y los políticos del régimen, lo cual incluye la autodefensa, encabezada por las organizaciones obreras y populares contra aquellos responsables de más de 200.000 muertos y decenas de miles de desaparecidos.

Junto a ello, una Asamblea Constituyente debería resolver sobre la demanda de tierra para los campesinos y la autodeterminación para los pueblos indígenas. Así como enfrentar el saqueo y la entrega al imperialismo que convirtieron a México en una estrella más de la bandera estadounidense, lo cual pasa en primer lugar por la ruptura de los pactos como el TLC, así como llevar adelante un programa obrero de emergencia ante el avasallamiento de los capitalistas. Para que esta Asamblea discuta libremente, debemos echar abajo las instituciones de la alternancia, y organizarla de forma independiente de los partidos de esta democracia asesina.

Por eso, será necesaria la movilización revolucionaria de los trabajadores y el pueblo y el desarrollo de sus organismos de democracia directa, que no solo deberán enfrentar la resistencia de las fuerzas del estado capitalista, sino también de los que actúan en los hechos como sus bandas de choque: los sicarios del narcotráfico.
En esta lucha, los socialistas del MTS plantearíamos que la única forma de dar una salida íntegra y efectiva al conjunto de las reivindicaciones de los explotados y oprimidos es expropiar a los capitalistas, los terratenientes y las trasnacionales imperialistas y acabar con las bases de este sistema de explotación, opresión y barbarie.

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