López Obrador y las elecciones anticipadas

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en un multitudinario mitin propuso la convocatoria a elecciones presidenciales anticipadas para el 2015. Esta propuesta genera simpatía en amplios sectores que corean Fuera Peña, y abre una discusión al interior del movimiento democrático.

Los límites de las “elecciones anticipadas”

Ante cientos de miles se desnuda el carácter anti democrático y autoritario de la “transición democrática”. Los hechos en Iguala evidencian la complicidad entre los distintos niveles del Estado mexicano y el narcotráfico.

Las instituciones comienzan a ser cuestionadas y el Congreso, la “justicia”, el ejército o la Procuraduría General de la República aparecen como los garantes de los planes imperialistas, la militarización y la persecución a los luchadores sociales.
Con enorme mérito, la movilización se mantiene en pie contra un gobierno que busca desactivarla. Ante esto, Peña Nieto anunció un nuevo pacto por Iguala con los tres partidos principales, una reaccionaria reedición del Pacto por México, para cerrar filas y contener la movilización nacional.

En este contexto de descomposición política y social, muchos pueden ver con simpatía la propuesta de AMLO. Sin embargo, una eventual convocatoria a elecciones anticipadas no cuestionaría radicalmente a las instituciones de la “alternancia democrática” –quienes organizarían dichas elecciones– bajo las cuales se consumó la desaparición de los normalistas y el ataque a las libertades democráticas.

Llevaría, a lo sumo, a un cambio del personal político al frente del ejecutivo federal, pero no desmantelarían los círculos económicos y políticos que deciden el rumbo del país, los mismos que impulsaron en el 2005 el desafuero de AMLO, siendo Jefe de Gobierno del DF. Y mucho menos permitiría una discusión real de las aspiraciones de las grandes mayorías, los grandes ausentes de todo proceso electoral.

En unas elecciones anticipadas, las organizaciones obreras, populares y de izquierda no podrían siquiera participar, porque las organizaría el mismo Instituto Nacional Electoral que las proscribe.

La propuesta de López Obrador es la expresión de una política que –aunque repudia la represión y las desapariciones–, se orienta a reformar y democratizar las instituciones, llamando a ejercer presión sobre las mismas.

Las elecciones anticipadas, en caso de llevarse a cabo, colaborarían a que las instituciones hoy cuestionadas en las calles, recuperasen –por la vía de una nueva “transición democrática”– parte de la legitimidad perdida.

Un régimen irreformable

Este régimen criminal del PRI-PAN-PRD es irreformable. Sus instituciones son profundamente reaccionarias, como lo mostraron desde que se consumó la “alternancia” en el 2000: criminalización de la juventud y feminicidios, una narcoguerra con alrededor de 200,000 muertos, pisoteo de los derechos indígenas y campesinos, ataque esclavista a los derechos de los trabajadores.

El Congreso y los distintos niveles de gobierno sólo sirven para defender los intereses de los poderosos. Allí están excluidas las demandas de los trabajadores, el pueblo y sus organizaciones. Sus fuerzas armadas están para reprimir las protestas y encarcelar a los luchadores.

Nada favorable a las grandes mayorías puede esperarse de este régimen asesino del PRI-PAN-PRD, de esta democracia bárbara basada en la militarización y la colusion con el narcotráfico, ni mucho menos de un nuevo pacto entre sus tres principales partidos. Tampoco de un recambio del personal político, lo cual llevaría a la ilusión de que pueden reformarse estas instituciones, como ya vimos en el 2000, cuando el discurso del “voto útil” para quitar al PRI estuvo al servicio de desviar el descontento.

Para derrotar a Peña Nieto y los partidos del Congreso se requiere de una perspectiva que, mediante la movilización independiente de las instituciones, garantice que las aspiraciones de los trabajadores, estudiantes y amplios sectores populares se discutan y resuelvan. Ésa es la única forma de que el reclamo de Fuera Peña no sea contenido por nuevas trampas y maniobras.

Pero eso no vendrá de la mano de la clase política. Ante el reclamo popular de Fuera Peña, está planteado levantar la propuesta de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, donde la agenda de discusión sean las demandas de las grandes mayorías: por ejemplo, cómo resolver y poner un alto a la militarización y el asesinato de los luchadores sociales; cómo poner un alto a la dominación de las transnacionales, cómo acabar con el feminicidio y la trata. Así también cómo frenar la miseria y opresión sobre los campesinos y los indígenas pobres, y como echar atrás las reformas antiobreras que atacan y esclavizan a la clase trabajadora.
Para hacerla realidad y garantizar que sus resoluciones se lleven a cabo, será necesario desplegar la más amplia movilización en las calles, y que los trabajadores con sus métodos de acción –como el paro nacional–, y organizados democráticamente desde las bases, encabecen esta lucha.

Como se ha hecho consigna en México: “Fue el estado”; por eso, de las instituciones de esta democracia asesina no se puede esperar nada favorable a los trabajadores, los campesinos, los estudiantes y el pueblo movilizado. Son ellos quienes tienen la palabra.

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