Una democracia bárbara forjada bajo el látigo imperialista

Una democracia bárbara forjada bajo el látigo imperialista

Recientemente, Izquierda Diario fue el principal canal de difusión de la denuncia del asesinato de la trabajadora y madre soltera Angélica Trinidad Romero Severiano, cuyo cuerpo fue encontrado en un baño en la tienda Liverpool. Las notas del periodista independiente Antonio Aranda y este medio, le dieron voz a la familia de la joven asesinada -contrastando con la actitud de los grandes medios de comunicación que invisibilizaron este terrible hecho- y generaron una amplia oleada de repudio que recorrió las redes sociales y llegó a las puertas del centro comercial.

La tienda departamental y las autoridades intentaron ocultar manifiestamente este nuevo feminicidio. Lo cual es un símbolo de lo que sucede en México: las instituciones actúan al servicio de las grandes empresas -en este caso una cadena cuyos escaparates alimentan el consumo de los sectores altos de la sociedad- mientras que los trabajadores y sus familias, y en particular sus sectores más oprimidos como los jóvenes y mujeres, sufren las peores de las tragedias.

Pero esto es la punta de un iceberg, como lo es también la masacre y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. El accionar impune de las fuerzas represivas, el crecimiento inaudito de los feminicidios y la trata, el avasallamiento por parte del Estado y las patronales de los mas elementales derechos de los trabajadores, son la moneda corriente que circula a lo largo y ancho del país.

Feminicidios y desapariciones: marca de fábrica de un régimen criminal

Si en el pasado se acuñó la idea de que el antiguo régimen encarnado en el priato era la “dictadura perfecta”, hoy México es la mayor expresión de una “democracia para ricos”, esto es, al servicio de los poderosos y de los intereses imperialistas, y por eso mismo, una democracia bárbara.

Las miles de mujeres -en su mayoría hijas de la clase trabajadora- victimas de feminicidio donde pueden rastrearse las complicidades entre patronales, fuerzas de seguridad y Estado son muestra de ello. Así como lo son los cientos de miles de personas -fundamentalmente campesinos, trabajadores y jóvenes- asesinados en la “guerra contra el narco” implementada por los últimos gobiernos federales.

Pero si se quiere entender las causas profundas de esto, hay que partir de la integración y la subordinación cada vez mayor de México a los EE.UU. y sus políticas.

La conversión de nuestro país en un proveedor de la economía estadounidense -desde productos industriales hasta turismo sexual y estupefacientes- no solo modificó su estructura económica y social, sino que fue acompañado del alineamiento más absoluto a los dictados de Washington.

El Tratado de Libre Comercio y la Iniciativa Mérida fueron los dos basamentos primarios de ello: el primero convirtió al país en una plataforma de exportación y abrió el terreno a la lisa y llana ocupación del país -por ejemplo el campo- por parte de las trasnacionales norteamericanas, liquidando areas enteras de la economía nacional.

Bajo el segundo, que establece desde el 2008 los lineamientos para la “lucha contra las drogas”, México recibió más de 1,200 millones de dolares para equipar a las fuerzas de seguridad. La administración de Los Pinos se convirtió en los hechos en una extensión de la Casa Blanca en el llamado “combate al narcotráfico” y es, por añadidura, uno de sus alfiles en la región, junto a Colombia.

La expansión del poder de los cárteles -cuya “razón de ser” es proveer drogas al mercado estadounidense y la clave de su fortalecimiento desde los ´80 del siglo XX es el control de las rutas hacia el norte- es la consecuencia mas funesta de la llamada integración económica.

La colusión entre el crimen organizado y los distintos niveles del poder y partidos políticos de la clase dominante (que va mucho más allá de los municipios e incluye a connotados miembros de los principales partidos, altos mandos de las fuerzas armadas y niveles altos del gobierno federal y estatales) aceleró el proceso de descomposición de las instituciones y del mismo aparato estatal. Y provocó, por demás, una inestabilidad estructural en muchos estados de la república, como es el caso de Michoacán, donde el plan del gobierno de los meses previos hizo crisis la semana pasada con los enfrentamientos entre las autodefensas de Hipólito Mora y el grupo del Americano.

Al calor de la dominación imperialista y de la imbricación económica -que como hemos dicho incluye circuitos productivos y comerciales “legales” e “ilegales”-, al ritmo de la llamada guerra contra el narco y la confrontación entre facciones opuestas y yuxtapuestas de los carteles y el estado, se aceleraron el crecimiento de los carteles del narcotráfico y de fenómenos monstruosos como el feminicidio, la trata, el secuestro y la masacre de migrantes, esto es, de la barbarie capitalista en su sentido más extremo.

Esta creciente subordinación empujó entonces y profundizó el carácter reaccionario del régimen político y el estado capitalista; actuando cada vez más al servicio de los intereses de la clase dominante y las trasnacionales, avasalló cotidianamente los derechos de las grandes mayorías. Y se convirtió cada vez más en una democracia barbara y asesina, echando por tierra las trasnochadas ilusiones en que la alternancia en el gobierno inaugurada en el 2000 era sinonimo de ampliación de la democracia: lejos de ello, se recrudecieron las tendencias más regresivas puestas ya en juego bajo el viejo priato.

Hay en ese sentido una relación directa entre la cercanía geográfico-política y la alineación de los sucesivos gobiernos a Washington respecto a la catástrofe que se ha cernido sobre las grandes mayorías. El recorte creciente de las libertades democráticas va de la mano de la profundización de la dominación imperialista: los miles de millones de dólares que invierten las trasnacionales vienen de la mano de mayor represion, militarización y padecimientos brutales para el pueblo trabajador, las mujeres y la juventud.

Tras el tenue velo “democrático”: más represión y militarización

El velo “democrático” del régimen político del PRI-PAN-PRD es cada vez más delgado y es más evidente para millones su verdadero carácter. Las multitudinarias manifestaciones por Ayotzinapa reflejaron eso: los miles que clamaban Fuera Peña Nieto repudiaban también al conjunto de las instituciones y partidos del Congreso, identificando la asociación creciente entre el estado y todos los partidos. Aquello también se expresa en el repudio que concita la acción del ejército, señalado por los padres de familia en las últimas semanas como implicado en la desaparición de los normalistas, lo cual sería una muestra más de su participación en la represión de los movimientos sociales.

Aunque las últimas dos semanas la movilización multitudinaria amainó -cuestión que posiblemente se revierta en enero pasando la “temporada navideña”- la respuesta gubernamental al movimiento que surgió en octubre seguirá apelando al amedrentamiento y la militarización. Como mostró recientemente el caso de Manuel Esquer, estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana (Xochimilco) secuestrado y torturado en un nuevo episodio de desaparición forzosa que se suma a lo que ya vimos en los meses previos.

Hacia adelante, la protesta social y el surgimiento de una nueva generación combativa tienen planteado fortalecer la movilización, organizarse para enfrentar la represión y los ataques del estado y su aparato de seguridad y espionaje, y levantar una perspectiva política que confronte con el estado y el régimen político.

En ese sentido enarbolar un programa que enfrente la dominación imperialista sobre el país y denuncie los pactos y acuerdos que nos atan a EE.UU. y buscan convertirnos en una nueva estrella de su bandera es crucial. Sólo logrando la emancipación integra y efectiva de la nación, derrotando al gobierno y a las instituciones de esta democracia asesina y conquistando un gobierno provisional de las organizaciones obreras y populares en lucha, es que podrá revertirse la catástrofe y la barbarie capitalista.

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